Afirman que el programa Volver al Trabajo es inconstitucional ya que castiga a los beneficiarios que protesten. «Los extorsionadores son ellos, buscan liberar el territorio a los narcos».

Los 27 allanamientos realizados el lunes a domicilios particulares de dirigentes sociales, locales y comedores populares forman parte de la causa por «extorsión» que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita en el juzgado liderado por Sebastián Casanello. Comenzó el 20 de diciembre a instancias de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La carátula de la causa, sobre la que rige secreto de sumario y a la cual no pudieron acceder los abogados de la defensa, se fundamenta en las denuncias de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que habrían aportado pruebas sobre supuestas amenazas, como la de dar de baja los beneficios en caso de no participar de marchas o actividades de las organizaciones. La causa también investiga supuestos desvíos de dinero por alimentos para los comedores cuyos suministros se interrumpieron desde que en diciembre asumiera la nueva gestión al frente de la cartera de Capital Humano.

Por su parte, en forma colectiva las organizaciones sociales presentaron un recurso de amparo en la Justicia, que recayó en el mismo juzgado de Casanello. Es un amparo en el que exigen la restitución de los alimentos a los comedores y, además, denuncian penalmente a Sandra Pettovello por «abandono de persona». La ministra podría ser convocada a declarar en los próximos días.

Campaña sucia

«Los que obligan a la gente a ir a las marchas son los funcionarios del gobierno que no dan respuesta a las necesidades», respondió, rápida de reflejos, María Isolda «Tango» Dotti, dirigente del Polo Obrero que sufrió un allanamiento en su hogar donde encontraron U$S 54 mil que le valieron una campaña persecutoria de parte de los medios adictos al gobierno. El dinero corresponde a la herencia de su padre, el profesor de filosofía de la UBA Jorge Dotti, velado con honores en la Biblioteca Nacional en 2018.

Pero los medios afines al poder tampoco se tomaron el trabajo de analizar si las acusaciones tienen algún asidero.

Jeremías Cantero, otro de los dirigentes que sufrió los allanamientos ilegales, dijo: «El 20 de diciembre por los altavoces de los trenes decían ‘el que marcha no cobra’. La persona que tiene un beneficio social no es sujeto de derecho. Ellos son los extorsionadores que deciden quién puede marchar y quién no».

El decreto 198/24, de febrero de este año, creó el programa Volver al Trabajo en reemplazo de los Potenciar Trabajo. Capital Humano reglamentó el nuevo plan el 9 de abril con la resolución 83/24. Allí se establece que «el que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública, será egresado del programa en forma inmediata procediéndose a suspender el pago del beneficio».

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, señaló que «la reglamentación es un escándalo. Debería ser materia de intervención de un fiscal porque es violatoria de todos los derechos constitucionales».

Listas de espera

Las acusaciones también apuntan a la existencia de supuestas listas de espera. Canteros explicó que «hoy en día la mayoría de los comedores no reciben asistencia. Hay muchísimas familias que se quedaron sin comida y obligan a la elaboración de listas de espera que son resultado del ajuste del gobierno».

Explicó que efectivamente «se conforman listas y se los convoca a movilizarse para reclamar esa asistencia que se consiguió movilizando. Porque los programas y la entrega de alimentos no son universales como reclamamos nosotros desde el primer día. Los cupos los impone el Estado».

Además, el dirigente afirmó que las acusaciones sobre amenazas de bajas, al igual que las supuestas confiscaciones de parte de sus ingresos, no tienen sustento. Las organizaciones no tienen potestad de dar altas o bajas en los programas, que es una atribución exclusiva del Estado. Las organizaciones son el vehículo para canalizar el reclamo y, a lo sumo, el instrumento para poner en pie las cooperativas mediante las cuales se desarrolla la contraprestación laboral que exige la normativa. Por otro lado, el cobro del beneficio es individual mediante una caja de ahorro a nombre del titular del programa. De allí que los aportes son voluntarios y buscan financiar los costos logísticos de la distribución de alimentos, alquileres y equipamiento de los comedores.

Charly Fernández, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), también fue allanado. Denunció que «hay un intento de desarticular la organización popular y liberar el territorio a los narcos. Les blanquean los fondos y a la vez desarticulan las organizaciones que son las únicas que les ponen un límite en los barrios alejando a los chicos de la delincuencia, llevándolos a la escuela y a actividades deportivas y culturales. Es una política funcional al narcotráfico que ya se empieza a notar en el conurbano. En San Martín ya hubo un caso donde los juguetes que repartíamos las organizaciones ahora, como el Estado cortó la asistencia, los reparten los narcos».

Cantero coincide: «Están haciendo con las organizaciones lo que no hacen con los narcos. Este gobierno sumó 4 millones de pobres y quiere destruir el único programa social que existe. Dicen que los comedores no existen, ¿de qué manera va a haber un comedor abierto si no mandan la comida? Los sostenemos a pulmón y con colectas solidarias. Los extorsionadores están del otro lado», disparó.  «

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