Lo ordenó el juez federal Alejo Ramos Padilla. Es por haber retenido los documentos nacionales de identidad (DNI) en las elecciones del 2019 en municipio y que pudo tercer la elección en favor del radical Matías Rappallini.

Las siete personas procesadas está directamente vinculadas con la gestión de la Municipalidad de Maipú. El escrito indica que los imputaron por «por retener indebidamente documentos de ciudadanos e inducir a los electores, con engaños o amenazas, a abstenerse de sufragar» en las elecciones de octubre de 2019.

Los casos denunciados son al menos 27 personas. Se podría pensar que es un número chico, pero se debe considerar que el intendente de Cambiemos, Matías Rappallini, se impuso por apenas 50 votos (4.204) sobre el candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes (4.154), con lo que logró su reelección.

En ese marco, Coudannes denunció ante el Juzgado Federal de Dolores y la Junta Nacional Electoral. que unas 30 personas sufrieron la retención del DNI para impedirles que votaran.

«Han hecho un trabajo de inteligencia buscando a través de la redes sociales a personas que han puesto comentarios a favor nuestro. Maipú tiene 10 mil habitantes, nos conocemos todos y como en las PASO perdimos por 30 votos apelaron a esta triste y vieja costumbre», indicó entonces.

Entre los procesados por el juez se encuentra Carlos Enrique Villalba, actual Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Maipú, quien fue imputado, entre otras cuestiones, de haber amenazado a los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa municipal diciéndoles, en días previos a las elecciones, que, si no entregaban sus documentos de identidad, perderían su empleo, informaron fuentes judiciales.

Ramos Padilla también procesó a María Alejandra Fernández, Raúl Esteban Ibarra, Diego Leonardo Miluzzi, Franco Eduardo Miluzzi, César Javier Nievas y Miguel Ángel Silva.

Fuentes de la investigación detallaron que en la causa se reunieron los testimonios de 27 denunciantes que, en los días posteriores a la elección o incluso el mismo domingo electoral, declararon ante diferentes sedes policiales y judiciales de Maipú «no haber podido votar porque gente vinculada a la municipalidad les había ‘comprado’ el DNI, o los habían amenazado para que lo entregaran».

Añadieron los voceros, además, que los imputados «realizaron acciones coordinadas y masivas de ‘compra-venta’ de documentos de ciudadanos de Maipú, a cambio de dinero, acceso a programas estatales, materiales para la construcción o incluso comida».

Además de los 27 testimonios de los distintos denunciantes, se incorporaron en la resolución audios y mensajes de WhatsApp donde se advierte que tras las elecciones, los imputados se negaban a devolver los documentos de los ciudadanos, y se comprobó que las víctimas no habían podido emitir su voto.

También surge de la resolución que uno de los imputados, Franco Miluzzi, expolicía de Maipú, confesó haber participado en los hechos y afirmó haber reunido 350 documentos de distintos ciudadanos del distrito. El expolicía también declaró haber entregado en mano esos documentos a personal de la policía provincial de Maipú y hasta al propio intendente Rapallini.

Además del procesamiento de los imputados, Ramos Padilla planteó que «la posible afectación de la voluntad del electorado, más aún cuando ésta pudo haber incidido en los resultados finales de la elección, se convierte en un hecho que no sólo afecta a la persona cuyo derecho particular ha sido menoscabado, sino al sistema electoral y democrático».

En ese sentido, el magistrado convocó a prestar declaración testimonial a más de 30 personas para la semana próxima.

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