Mientras Horacio Rodríguez Larreta inicia su campaña para su precandidatura por la presidencia de la Nación, ya recibió una denuncia penal en su contra. Se lo acusa de una serie de delitos que abarca desde el abuso de autoridad hasta el incumplimiento de deberes de funcionario público.

Se trata de una serie de hechos que fueron denunciados por Natalia Gulino, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con el asesoramiento del abogado Luis Tagliapietra, reconocido por ser familiar de una de las víctimas del submarino ARA San Juan, quien además es señalado como uno de los espiados por los servicios de inteligencia contra las familias de los tripulantes.

En un marco en el cual el gobierno de Mauricio Macri habría aprovechado esa tragedia, para permitir que se concretaran exploraciones petroleras submarinas clandestinas, con vistas a licitaciones de explotaciones petrolíferas off shore que se concretaron poco después.

Natalia es discapacitada visual y visceral (tiene una anomalía en el par de cromosomas número 9). Empezó a trabajar como empleada estatal realizando tareas de atención al público bajo la órbita del COPIDIS, que es la “Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso ocurrió hace casi una década y media atrás, cuando Mauricio Macri daba sus primeros pasos como jefe de gobierno porteño, teniendo como escudero a Rodríguez Larreta en la Jefatura de Gabinete.

Parecía una labor simple. Pero tras un notable gasto en marketing con protección mediática, se esconde un crudo régimen de explotación laboral. Durante años, Natalia tuvo contratos basura, precarización, aprietes, sometimiento a actos proselitistas, criminalización gremial, e indicaciones para utilizar recursos públicos para negocios privados. Todos expuestos en la denuncia penal que presentó junto a Tagliapietra, además de un amparo en el fuero contencioso administrativo para lograr regular su situación laboral.

Todo lo que ella denuncia remite, a la vez, a otros hechos denunciados contra las últimas administraciones porteñas de Macri y Larreta, lo que brinda la sospecha que no se trata de un caso aislado, sino más bien sintomático y sistemático. Pero lo de Natalia tiene el agravante que aquí las víctimas son parte de uno de los sectores sociales que no la tienen fácil para conseguir muchas oportunidades.

En entrevista exclusiva y por vía Zoom con Stripteasedelpoder.com, Natalia y su letrado Luis dieron precisiones sobre lo que ocurre en el interior de las oficinas públicas de la Capital Federal, para dimensionar lo que se esconde en las cuatro paredes del poder porteño.

-Striptease del Poder: ¿Cómo arrancó todo esto?

–Natalia Gulino: Arrancó en el año 2008, cuando yo entré a COPIDIS. Entré a trabajar de manera precaria, “trucha”, e ilegal, ya que ingresé como monotributista. Además, siendo yo una persona con discapacidad funcional en lo visual, y siendo un organismo que debería ser modelo, fui yo quien me tuve que adaptar al puesto de trabajo. Es decir: me tuve que traer el lector de pantallas para una computadora que, además, era obsoleta. Hasta tuve que traer mis propios auriculares, porque a los señores les molestaba la voz robotizada.

-STDP: ¿El COPIDIS está sometida a alguna normativa o regulación al respecto para evitar todo eso?

–NG: En sí es absurdo que a una persona con discapacidad la obliguen a adaptarse a sus condiciones laborales. Lo primero que violan es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aquí es la Ley 26.378 y que en el año 2014 obtuvo rango constitucional. La ley [de la ciudad de Buenos Aires] que dio origen a COPIDIS es la N° 447.

–Luis Tagliapietra: En realidad, más allá de la jerarquía constitucional que menciona Natalia, no se necesita de una reglamentación específica, porque aquí se rige bajo la Ley del Contrato del Trabajo. Está absolutamente claro que cualquier empleador, sea público o privado, tiene que otorgarle las herramientas de trabajo necesarias para realizar la tarea. La situación particular de Natalia en el COPIDIS eleva esta máxima a la décima potencia, porque si es una entidad creada para ayudar a personas con discapacidad, pero contratándolas bajo reglamento, es una verdad de Perogrullo que les provean esas herramientas.

-STDP: ¿Se podría decir entonces que en COPIDIS se empezó mal, al tener que hacerte cargo de tus propias herramientas?

-NG: Sí, y continuó mal. La primera tarea me la dio mi jefe directo, que es psicólogo.

-STDP: ¿Se puede saber su nombre?

-NG: Sí: Horacio Del Mármol. Él me ordenó que llamara a gente sorda por teléfono para recabar información para un privado.

-STDP: ¿Cómo para un privado?

-NG: Sí, usaban la base de datos del registro laboral de COPIDIS para pasarlo, con previa autorización de las personas inscritas, a la Fundación Par para un trabajo educativo, o algo así. Entonces, yo tenía que llamarlas por teléfono y preguntarles si yo les podía poner sus nombres en una planilla. O sea, me estaban haciendo llamar a gente sorda. Era incomprensible y ridículo, no sé qué otra calificación dar. Pero además, estaban usando recursos del Estado para un privado.

-STDP: Es decir: ¿se estaban utilizando recursos del Estado para facilitar los intereses de una ONG?

-NG: Exactamente. Y que en ese entonces tenía vinculación con Marina Klemensiewicz, que era la presidenta del COPIDIS, y en aquellos años era la esposa de Ivan Pavlovsky, el vocero de toda la vida de Mauricio Macri. Estaba todo en familia.

-STDP: ¿O sea que estas personas no solo se ahorraban en no conseguir tus herramientas, sino que te ordenaban a hacer tareas para beneficiar sus propios intereses privados?

-NG: Sí, ¡pero aparte realizando llamados a personas sordas! Cuando yo lo planteé, mi jefe directo me decía que “bueno, pero la gente sorda tiene a gente que les atiende el teléfono”.

-LT: Acá hay varias patas. Por un lado, como lo decís, la falta de recursos. Por otro lado: la falta de lineamientos laborales específicos a los fines que fue creada COPIDIS. Y por otro lado, tan grave como los anteriores: la utilización privada de recursos estatales. Y finalmente otra pata, que es la utilización política, donde a Natalia la querían obligar a que participe en los puestos de campaña, donde ponían las sombrillas y repartían volantes proselitistas. Todo en el marco de sus tareas laborales.

-STDP: ¿Estamos hablando de las famosas sombrillas, de color amarillo, que tenían la insignia del partido político PRO?

-NG: ¡Sí, totalmente! En la campaña del 2011, Marcelo Cano, jefe de recursos humanos, me puso en el respaldo de la silla de mi lugar de trabajo una remera amarilla. Y me dijo que me vaya a hacer trabajos partidarios.

-STDP: ¿A repartir volantes?
-NG: Sí, a repartir volantes y globos.
-LT: Pero además, utilizando la imagen de Natalia.
-STDP: ¿O sea que utilizaron la imagen de Natalia para la difusión partidaria?
-LT: Claro.

-STDP: ¿Y eso fue sin tu consentimiento, Natalia?

-NG: Sí sí, desde ya. Y la otra cosa, que ya no sorprendería después de todo lo anterior, es que para la puesta en valor del Hospital I.R.E.P., que es la residencia para la rehabilitación psicofísica en la ciudad de Buenos Aires, este personaje [Marcelo Cano] me obligó a pintar paredes. Pedirle a una persona que casi no ve que vaya a pintar es una tomada de pelo. Suponiendo que yo lo haga de onda… ¡Yo no veo! Pero además, mi discapacidad es irreversible. Ahora lo tengo cocinado, ya sé lo que tengo, pero que se lo hagas a una persona que recién está adquiriendo su discapacidad, o que lo tiene desde siempre y le cuesta asumirla… ¡lo hacés pelota! Lo terminás de denigrar innecesariamente e inhumanamente.

-STDP: Con todo esto, ya llevamos tres años desde que ingresaste como trabajadora estatal. ¿Qué ocurrió después?

-NG: Un tiempo antes del tema de las pintadas, me afilié a ATE. Imaginate: persona con discapacidad y contratada, y ahora agremiada. Ya era una “bomba” para ellos, ya que les gusta tanto hablar de bombas. Por eso las represalias no se detuvieron.

-STDP: ¿Qué represalias hubo ahora?

-NG: Al ser contratada, los períodos entre contrato y contrato eran cada vez mayores, siempre con las diferencias salariales y cobrando con más tardanza. Son todas formas de disciplinamiento.

-STDP: ¿Cómo fue entonces esta nueva etapa tuya como gremialista?

-NG: Tuve un período de licencia médica. Siempre hice terapia. Pero entré en una depresión muy grande, así que tuve un período breve para “parar la pelota”. También pedí cambio de tareas, porque realizaba todo el tiempo atención al público. Y es una tarea muy desgastante, porque además es una población altamente vulnerable. Entonces eso me afectaba mucho.

Yo no podía responder… a ver, es como no poder vender un producto del cual no estás segura o conforme, porque estarías estafando a los demás. ¿Cómo voy a hablarle a los demás para que se sienta bien con el organismo, si yo siendo parte del organismo estaba padeciendo situaciones complejas? Y siempre con cosas turbias. Yo te decía que tenía retrasos salariales: me acuerdo que en el año 2014, terminé cobrando enero, febrero, marzo y abril a casi a fin de mayo. Fue el período más largo de tiempo que estuve sin cobrar.

¿Pero por qué pasó eso? Porque ahí hubo una apretada de Marcelo Cano, con la excusa de que iba a cobrar más rápido, me propuso pasar a otro contrato de asistencia técnica. Ya no sería con el gobierno de la Ciudad, sino con un organismo que, según me comentaron, estaría ligado a la UBA. Obviamente, yo le dije que no, porque yo trabajo para el gobierno de la Ciudad. Iba a ser un retroceso más a todas las complicaciones que yo tenía. Mis compañeros me dijeron que Cano se enojó mucho, porque ya me habían avisado que no me pasara a asistencia técnica, a pesar que eso yo ya lo sabía que no me convenía, porque era “pisar el palito”.

-STDP: Todo esto que pasó en COPIDIS, ¿le ocurre también a otros de tus compañeros y compañeras, como así también en otros estamentos del gobierno de la Ciudad?

-NG: Son muy frecuentes este tipo de contratos y este tipo de cosas. Y de compañeros, no puedo puntualizar a nadie. Nadie reclama no por una cuestión de egoísmo, sino de cuidado a los demás. Pero hay muchos que lo están pasando mal.

-LT: La metodología es sistemática. Pasa en todos los ámbitos. El más escandaloso, porque ha tenido repercusión pública por una trágica muerte, fue lo ocurrido en la calle Figueroa Alcorta, donde un muchacho atropelló yendo a una gran velocidad a una inspectora de tránsito [NDR: en referencia a Cinthia Choque, muerta por un siniestro vial ocurrido en 2019].

Eso desnudó el hecho de que todos los agentes de tránsito, todos muy jóvenes, están en la misma situación que acaba de describir Natalia, con contratos claramente ilegales, donde deben facturar como monotributistas al gobierno, cuando claramente hay una relación de trabajo con el Estado. En el caso de COPIDIS, depende del Ministerio de Hábitat, que a su vez depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso tenemos, por un lado, la relación laboral, y por el otro lado, la denuncia penal.

-STDP: En la denuncia penal, señalan como responsable al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuáles serían esos delitos penales que ejerció el principal funcionario porteño?

-LT: En el ámbito de las tareas que desarrollaba Natalia, a los efectos de cumplir estas otras tareas paralelas que no tenían nada que ver con su contrato laboral (más allá de la legalidad del mismo), ella era coaccionada y amenazada, sea de manera directa o más sutiles. Todo esto en un contexto de violencia económica, cobrando menos que cualquier otro de igual jerarquía. Y esas amenazas y coacciones no solo fueron permanentes, sino que fueron in crescendo. Ahí empieza la responsabilidad del Ministerio de Hábitat, de quien depende el COPIDIS, y luego el jefe de gobierno porteño, porque como es sistemático, no puede resultarle ajeno.

Como caso específico de Natalia, pedimos al fuero contencioso administrativo que se revea la igualdad en cuanto al goce de sueldo, y cuestiones específicamente contractuales. Pero todas estas maniobras son coactivas, donde usaron su imagen luego de someterla a usar una remera amarilla y bajo la sombrilla, aún sin que repartieran volantes. Además de que hubo actuaciones que son incompatibles a su función pública. Esto es: utilizar un organismo público para beneficiar entidades privadas. Esto es motivo para que la fiscalía y el juzgado interviniente profundicen una investigación. Entendemos a priori que todo esto no se podía realizar sin la supervisión del jefe de gobierno porteño y sin su orden.

El aliento

Tanto Natalia como Luis coinciden que este caso, a pesar de ser paradigmático y a la vez tan particular, no ha alcanzado el interés por parte del sector de los letrados para profundizar el caso. “Creo que este es el momento de visibilizarlo fuerte. Porque más allá de la cuestión particular de Natalia, también la situación que mencioné de los inspectores de tránsito, de la limpieza, y la recolección de basura, incluyen subcontrataciones totalmente espurias, donde ya es difícil seguir la ruta del dinero de los contratos. Ni hablar del escándalo que se desató con las grúas y el estacionamiento: un sistema totalmente inescrupuloso, donde no se sabe quién es empleado de quién”, dice Tagliapietra.

Se refiere eso último a lo expuesto en la filtración de chats del ministro de seguridad en licencia Marcelo D’Alessandro, donde intercambiaba mensajes con Marcelo Violante, dueño de Dakota SA, encargada de los remolques en las calles porteñas, en los que pidió al funcionario macrista que intervenga en algunas licitaciones para beneficiarlo. Además de mencionar la entrega de “60 verdes” y otras sumas dentro de sobres. “Es en ese contexto donde creemos que la responsabilidad de la Jefatura es clara”, sostiene el letrado.

“Aparte estamos hablando de Rodríguez Larreta, que ahora es candidato a presidente, y que me está robando parte de mi salario, me está sacando el pan de la mesa”, sostiene la denunciante.

Ver Muerte en la CABA: ¿Qué pasa en los pagos de Rodríguez Larreta?

-STDP: ¿Cómo estás ahora, Natalia?

-NG: En lo personal, estoy muy triste. Mis perspectivas no son muy alentadoras. Estoy muy desesperanzada, porque no tengo futuro, ya tengo 40 años. El año pasado salí electa delegada de ATE, así que ahora estoy cumpliendo funciones gremiales. Pero por otro lado estoy feliz de haber conseguido a Luis, que me emociona mucho que él sea mi faro en todos estos vericuetos judiciales. Y también apelo a que se conozca mi situación. Los tiempos de la justicia ya los conocemos. Como eso yo no lo puedo cambiar, en el mientras tanto, mientras corra lo judicial, yo necesito progresar y salir adelante.-

stripteasedelpoder.com