Si no ocupara el lugar especialísimo que tiene en el entorno presidencial, Karina Milei estaría aguardando por la difusión de los audios –producto de grabaciones obtenidas de forma presuntamente ilegal– del lado de afuera de la función pública, por lo menos, a la espera de que lleguen aclaraciones o resoluciones judiciales pertinentes. Una certeza que sólo acentúa una coyuntura electoral en la que su figura es un factor que atenta contra las posibilidades de un triunfo electoral oficialista que podría probarse decisivo, también, para variables económicas como el riesgo país, el valor de los bonos, del dólar y las tasas de interés. Variables que tenían sus propios problemas, pero que se acentuaron en los últimos días.
En este marco, la inamovilidad de Karina y la relevancia de la crisis que protagoniza se convirtieron en factores que se alimentan mutuamente para involucrar al Gobierno cada vez más integral y profundamente en la crisis, con maniobras de cada vez mayor consecuencia, audacia e implicancias sobre el Estado de derecho. Un esfuerzo cuyas consecuencias podrían ser sumamente dañinas en el mediano plazo para el propio presidente, sólo asumibles porque se trata de la persona a la que él mismo señaló en repetidas ocasiones como la más importante en su vida.
Si bien los audios de El Jefe –a partir de la denuncia del gobierno– monopolizan la agenda de la semana que comienza, no haría falta ningún diálogo en Casa Rosada para que la Secretaría General de la Presidencia ocupe el centro de las noticias vinculadas a las sospechas de corrupción del Gobierno. Las causas por los manejos vinculados a los pagos a prestadoras de salud, particularmente la droguería Suizo Argentina, siguieron avanzando. El viernes hubo un allanamiento que se extendió por varias horas. El cumplimiento de la medida fue obstaculizado activamente por la defensa de la Suizo Argentina, que se opuso a cooperar con los pedidos del fiscal e impidió que la compañía entregue los correos internos de la empresa. El letrado hizo un escándalo. Ante la falta de cooperación, la Policía de la Ciudad, que actúa como auxiliar de justicia en esta causa, se llevó los CPU de las computadoras de la empresa. Podría ser insuficiente, ya que los correos suelen estar alojados en una red interna a la que las fuerzas no tuvieron acceso.
El mismo viernes en que sucedían los allanamientos, Martín Magram, como defensor de la familia Kovalivker –dueña de la Suizo Argentina– se presentó en el juzgado pidiendo la nulidad de la causa ya que, dice, estaría basada en los audios de Diego Spagnuolo, que serían ilegales. Hay versiones sobre esto. Algunas apuntan a la Cámara Federal. Con la impugnación presentada, el tribunal de alzada podría haber anticipado una maniobra. Sin embargo, la sala aún no está sorteada. Una timba. El pedido de nulidad es extraño. La defensa de los Kovalivker pidió anular actuaciones que desconoce, ya que la causa está en una etapa de secreto, de recolección de evidencias y los empresarios no fueron imputados formalmente. Estas circunstancias no son caprichosas. El fiscal Franco Picardi conoce los posibles problemas de los audios y no los utilizó como prueba: la investigación se inició por una denuncia penal.
No es el único expediente que avanza sobre posibles irregularidades atribuidas a la secretaria general de la Presidencia y a su operador en jefe, Eduardo “Lule” Menem, que fueron mencionados también en la causa vinculada a la intervención de OSPRERA, la obra social de los trabajadores rurales. La Obra Social había sido intervenida por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.
La competencia de Villena en el expediente fue rechazada por la Cámara Federal de La Plata, que ordenó remitir el expediente a Comodoro Py. El secretario general de la UATRE, José Voytenco, denunció allí un intento –que tendría la complicidad de Villena– de intervenir no sólo la Obra Social sino también el Sindicato. Es en ese contexto que el fiscal federal de Comodoro Py, Guillermo Marijuan, entró en contacto con los chats en los que el interventor de la Obra Social, Marcelo Petroni, nombra a Lule Menem y la hermanísima. Los pagos a la Suizo Argentina aparecieron luego en los medios, pero aún no están en la investigación, que busca determinar las circunstancias vinculadas a la posible intervención del gremio. En el marco de los escándalos vigentes, es posible que eventualmente sea incorporado.
Los tiempos aplomados de la Justicia no tienen el efecto de los electorales. Mientras el fiscal Picardi y el juez Sebastián Casanello evitan escrupulosamente utilizar los audios de Spagnuolo, fue su difusión masiva la que motivó la crisis política que hoy aqueja al Gobierno. Los anuncios sobre la difusión de nuevos audios, esta vez de la propia Karina, pusieron al oficialismo en un modo de alarma, que apareció patente en la orden del juez federal civil Alejandro Maraniello, que tras escribir una larga defensa de la relevancia de la libertad de prensa y de expresión, ordenó la censura previa de las grabaciones atribuidas a la secretaria general de la Presidencia.
Muchos de los capítulos más luminosos de la historia de la prensa libre serían imposibles si, ante la interpretación amplia de los derechos de expresión e información, hubiera prevalecido “la sensibilidad de los intereses estatales comprometidos” invocada por Maraniello. Algunos casos recientes, de los más notables, son las revelaciones sobre la red de espionaje masivo contra gobiernos extranjeros de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense; los archivos clasificados del mismo país revelados por Wikileaks y publicados por un consorcio internacional de prensa de los medios más prestigiosos del mundo; los chats privados obtenidos por The Intercept, que revelaron la colusión entre Sergio Moro y los fiscales de la causa Lava Jato para dirigir ilegalmente la investigación e imputar y encarcelar a Lula da Silva; o las revelaciones fotográficas que dieron cuenta de las torturas contra detenidos en las celdas de Abu Ghraib, en Irak. En todos los casos, hubieran correspondido a las fuentes de estas informaciones, de indudable interés público, penas por delitos en la obtención de la evidencia. En algunos de ellos, de hecho, las investigaciones arrojaron resultados, imputaciones y condenas, pero en ninguno de los casos se impidió la publicación ni se logró obligar a la prensa a revelar la identidad de sus fuentes.
El derecho a publicar información sin censura previa, garantizado en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y en la normativa continental de Derechos Humanos reconoce muy pocas limitaciones y es prácticamente absoluto en causas de interés público, lo mismo puede decirse de la protección de las fuentes. Ambos tienen una rica historia de precedentes en la Corte Suprema que confirman, una y otra vez, la validez del principio, basados a su vez, en una robusta tradición occidental cuyo mayor exponente es el liberalismo estadounidense. Que ningún experto haya salido a respaldar la disposición de Maraniello dice mucho sobre lo inédito de su medida cautelar que fue diseñada de modo tal que no hay un demandado que pueda apelar. Sólo podría ser desafiada por quien decida incumplirla y luego defender un incumplimiento de una orden judicial en el marco de un proceso, una tarea muchísimo más compleja.
En este marco, surgen las preguntas por las razones de Maraniello para dictar una medida que, de acuerdo a todos los precedentes y la opinión unánime de los especialistas, es inconstitucional. Se destaca allí la compleja situación del magistrado, sobre el que pesan nueve expedientes, cinco de ellos por acoso sexual, aunque varios estén relacionados entre sí. Si bien es difícil merituar las actuaciones, ya que están reservadas y no puede verse el contenido, se trata de imputaciones serias, que por ahora tramitan, en su totalidad, en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, sin que ninguna haya llegado a una acusación formal. La gravedad de los hechos relatados, sin embargo, hace preguntarse sobre los grados de independencia que conserva el juez sometido a esas acusaciones. No es el único aspecto que podría tener inquieto al magistrado: Maraniello es un hombre muy vinculado al mundo de la salud y algunas versiones lo señalan inquieto por la causa de los Kovalivker.
La centralidad judicial de Karina y Menem Menem eclipsó lo que probablemente hubiera sido el dato político más relevante a una semana de la elección bonaerense, un nuevo fracaso de la estrategia electoral que trazaron desde ese sector y que privilegia presentar candidatos de La Libertad Avanza en todos los territorios. Contra la opinión del sector del oficialismo que representa Santiago Caputo, LLA postuló un nombre propio que enfrentó la del oficialismo provincial, cuyo referente es el gobernador Gustavo Valdés. El candidato fue Lisandro Almirón que, de no haber sido electo diputado por el oficialismo nacional, estaría cumpliendo el mandato de concejal que obtuvo en 2021. Por el kirchnerismo.
Antes se había intentado una negociación en la que los libertarios intentaron vetar la candidatura de su hermano Juan Pablo, una imposición de esas inasumibles para cualquiera que no sea el PRO del Área Metropolitana de Buenos Aires. La victoria de Juan Pablo Valdés fue contundente: más del 50% de los votos, para imponerse, otra vez, en primera vuelta. La caída de 20 puntos respecto de la elección de 2021, cuando habían superado el 70%, no parece preocupante para el valdesismo. La oposición fue dividida. Colombi, antiguo aliado, se llevó más de quince puntos y el peronismo, representado por Martín Ascúa, empeoró la performance de Fabián Rios en 2021 y apenas superó el 20%. Los libertarios, representados por Almirón, no llegaron al 10% de los votos. El resultado consolida a otro oficialismo provincial con enorme autonomía, legitimidad en su territorio y escasa o nula proyección nacional. El centrão argentino, como confluencia de partidos provinciales más o menos vinculados por intereses comunes, posiblemente mantenga y acentúe la llave sobre la gobernabilidad, pase lo que pase después de octubre.
Mientras tanto, el peronismo se encamina a un triunfo contundente en las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires.
Iván Schargrodsky | Cenital
