La Justicia platense le dio curso a la presentación y pidió una serie de informes al Municipio sobre el polémico traspaso de cooperativistas que anunció el intendente.
El intendente de La Plata, Julio Garro, hace cuatro años que está bajo la lupa de la Justicia por presunto desvío de fondos de las cooperativas municipales y en las últimas semanas sumó una nueva presentación vinculada al polémico anuncio sobre el pase a planta temporaria de los trabajadores.
La nueva denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos fue presentada por integrantes la organización La Dignidad Confluencia La Plata, Berisso y Ensenada la semana pasada, a raíz del conflicto por la supuesta “municipalización” de los cooperativistas.
La presentación judicial a la que tuvo acceso Diputados Bonaerenses, obtuvo el visto bueno de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) Nº7 del Departamento Judicial de La Plata, Virginia Bravo, quien le dio curso y solicitó una serie de pedidos de informes.
La magistrada solicitó a la Secretaría Legal y Técnica del Municipio que informe las “medidas adoptadas en relación al pase a planta temporal de los integrantes de las cooperativas”, “las disposiciones y ordenanzas” sobre las que se basa la medida, y los “expedientes iniciados”.
En rigor, el anuncio del pase a planta temporaria que formuló Garro en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante reavivó las sospechas sobre el manejo irregular de las cooperativas, puso el foco en la denuncia penal que tramita desde 2016 y generó un fuerte conflicto con los trabajadores.
Después de fuertes cruces con el intendente, quien los llegó a llamar “especuladores”, los integrantes de La Dignidad Confluencia resolvieron un acampe frente al Municipio que duró siete días, cortes itinerantes en diferentes puntos de la ciudad y una masiva movilización.
Durante una semana Garro perdió el control de la calle y se embarcó en un importante conflicto.Pese a los reclamos de los trabajadores, el Gobierno municipal se negó a abrir un canal de diálogo y hasta respondió con una denuncia por los cortes de calle, que fue rechazada.
Mientras tanto, los cooperativistas denuncian que el pase a planta temporaria esconde una serie de perjuicios para los trabajadores que redundan en “despidos encubiertos” y, fundamentalmente, un plan que busca garantizar impunidad en la causa judicial que más preocupa en calle 12.
Entre los argumentos para rechazar el anuncio del alcalde, los trabajadores afirman que el pase a planta temporaria forzoso se traduce en contratos basura por tres meses de $12.500, en la exclusión de los mayores de 55 años que por ley no pueden ingresar a la administración pública municipal.
Otro punto que perjudica fuerte a los cooperativistas es la pérdida de los beneficios de la seguridad social, que en la mayoría de los casos vienen complementando los magros $8.500 que venían cobrando los trabajadores. La mayoría necesita de ambos ingresos para intentar llegar a fin de mes.
“Denunciamos un mecanismo del sistema corrupto de las cooperativas. Hay muchos trabajadores que no saben ni siquiera a qué cooperativa responden, no se sabe cuántas son, ni quienes son sus integrantes”, dijo Gustavo Rodríguez, letrado patrocinante de La Dignidad Confluencia a Diputados Bonaerenses.
Además, el abogado remarcó que “el Municipio instaló que no quieren estar en blanco y eso es mentira, porque si ‘ese blanco’ genera incertidumbre, perdida de derechos y de plata, es falso”. “Ahora el intendente que no les responde a los trabajadores deberá responder a la fiscal”, agregó.
Esta semana fue el propio jefe de Gabinete municipal, Oscar Negrelli, quien reconoció la pérdida de los beneficios de la seguridad social. “Es cierto que estos trabajadores perderán los beneficios sociales de la informalidad”, respondió en una entrevista con un medio local.
“Si no me podes demostrar para que cooperativa trabajo, cómo está conformada y para donde van los excedentes, es un fraude. Sostenemos como denunciantes buscan desarmar estas cooperativas en una acción vinculada a la anterior causa penal”, añadió Rodríguez.
Se trata de la misma sospecha que hizo pública del Frente de Todos en la primera sesión del Consejo Deliberante, donde denunciaron la total falta de acceso a la información pública sobre las cooperativas y los ediles oficialistas rechazaron conformar una comisión investigadora para aportar claridad al tema.
“El anuncio de Garro atenta completamente contra el sentido común: en primer lugar el Municipio de repente prescinde de los fondos girados por Nación y en segundo, lo hace en marzo cuando no tiene los gastos contemplado en el Presupuesto”, razonó el letrado.
Como contó este medio, el frente judicial que pueda avecinarse en caso de perder la intendencia en 2023 es un tema que preocupa desde hace tiempo a Garro y su círculo más cercano, no sólo por la denuncia vinculada al supuesto desmanejo de las cooperativas.
“Como van a desarticular las cooperativas que están siendo investigadas, en estos momentos si revisan las delegaciones van a ver contratos de gente que no va a trabajar y otros para acallar a gente por el traspaso forzoso que quieren imponer”, dijo a este medio el titular de La Dignidad Confluencia, Javier Burelli.
El integrante de la unidad 17 de Los Hornos también indicó que no hay precisión sobre “las normativas que se usaron para poner en pie estos contratos basura, supuestamente figuran bajo la figura de ‘destajistas’, que esta prohíba por la ley” y consideró que “la fiscal le da curso a la denuncia porque está bien fundamentada”.
Diputados Bonaerenses
