El gobierno avanzó sobre los fondos específicos de mayor envergadura: el de los docentes y uno para la provincia de Buenos Aires. A ello se suma la caída de la coparticipación.

Con una motosierra en la mano y la copia del Excel en la otra, Javier Milei sigue tensando la soga y asfixiando a las provincias, a las que apunta con firmeza para continuar en su cruzada por el ajuste fiscal y el superávit primario. La conducta de la Casa Rosada no parece estar a la altura del Pacto de Mayo que el presidente propuso a los gobernadores.

El recorte de fondos tiene consecuencias tanto políticas como sociales y judiciales.

Además del conflicto con los mandatarios patagónicos, que estudian la creación de una empresa regional de energía para negociar con más fuerza ante el gobierno central, la eliminación del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) puso en pie de huelga a maestros y profesores, irritados porque dejarán de percibir la parte de su sueldo cubierta con esa partida.

De la misma manera, la provincia de Buenos Aires decidió acudir a la Corte Suprema para reclamar la restitución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (Fofofi), derogado por el decreto 192/24.

El tema fue expuesto por gobernadores de los más diversos sectores políticos el último viernes, en los mensajes de apertura de sesiones ordinarias de las respectivas legislaturas. El chubutense Ignacio Torres (PRO), que llevó el descontento a la primera plana de los diarios cuando amenazó con cortar el suministro de gas y petróleo a todo el país, invirtió la carga de la prueba: «Vamos a demostrar de dónde salen los recursos que la Nación viene dilapidando».

El radical Gustavo Valdés, de Corrientes, dijo que «es razonable que el gobierno exija que las provincias paguen sus deudas, como es justo que se le abone a Corrientes lo que le corresponde por ley», mientras que su correligionario Carlos Sadir, de Jujuy, exigió «los recursos que nos corresponden y que nos pertenecen a los jujeños» Más mesurado, el renovador salteño Gustavo Sáenz opinó que «los problemas fiscales de la Nación se deben resolver con medidas cuyos costos se soporten equitativamente».

Dos casos emblemáticos

No fue casualidad que Milei, a través de su ministro de Economía, Luis Caputo, avanzara sobre esos dos fondos, el destinado a los docentes y el que fortalece a la provincia de Buenos Aires, ya que constituyen los más cuantiosos de los que conforman las transferencias no automáticas a las provincias. Entre ambos suman el 0,3% del PBI.

El Fonid, que arrancó en 1998 como un impuesto a los automotores con asignación específica a los salarios docentes y que luego fue solventado desde las rentas generales del gobierno, representó un total de $ 331.247 millones en 2023, según el cálculo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

En tanto, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, creado en 2020 a partir del recálculo de las partidas de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, devengó el año pasado un total de $ 242.526 millones. Para el corriente año, la proyección superaba los $ 840.000 millones.

Así y todo, el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, detalló en su denuncia ante la Corte que los giros cesaron ya en noviembre, con lo que en la práctica el nuevo gobierno nunca giró un peso por ese concepto. La deuda acumulada es de $ 89.000 millones. «En la provincia de Buenos Aires pararon más de 1000 obras que estaban en ejecución. Nosotros intentamos sostener lo que llevamos adelante aun con este intento de asfixiar, pero no vamos a poder sustituir obras», dijo el gobernador Axel Kicillof.

Nada de discrecionales

Las transferencias no automáticas son sólo una parte del dinero que recibe cada jurisdicción. Según la clasificación de la OPC, están lejos de ser giros discrecionales o a voluntad de la Nación: engloban convenios tanto de asistencia financiera como de obra pública, contratos y ejecución de leyes ya sancionadas.

En cambio, en los giros automáticos que se realizan en concepto de coparticipación de impuestos también se verificó una fuerte pérdida como consecuencia de la decisión del gobierno de Javier Milei de reemplazar con el impuesto PAIS (que no se reparte entre las provincias) la recaudación perdida por la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias. Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la coparticipación federal cayó en febrero un 16,2% interanual en términos reales (descontada la inflación).

Si se suman todos los recursos enviados por el gobierno federal a las provincias, la disminución trepa a 20,2%. La diferencia de cuatro puntos se debe, justamente, al cese de las transferencias no automáticas. «Neuquén (-21,5%) y Buenos Aires (-21,4%) fueron las más afectadas», detalló el CEPA, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, con mayores recursos propios, fue la que menos sintió el hachazo: -15,4%. «

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