Apuntan a «liberar» a los municipales. Desde el oficialismo y la oposición, las iniciativas legislativas adelantan un eje de la campaña electoral bonaerense.
La polémica impulsada por el macrismo en torno a Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y a la “libertad de opción” de los trabajadores municipales a la hora de definir su cobertura se desinfla lentamente, pero no se pincha.
Iniciada por el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y continuada por su par de San Nicolás, Manuel Passaglia, la jugada enmarcada en una clara estrategia provincial ya sumó a varios intendentes, entre ellos Javier Martínez de Pergamino, Hernán Bertellys de Azul y Pablo Petrecca de Junín. Alentados por el propio Mauricio Macri, los tres jefes comunales ya avisaron que en algún momento que enviarían a sus respectivos concejos deliberantes proyectos de ordenanza similares a los de Iguacel y Passaglia, que fueron detallados por Buenos Aires/12 semanas atrás. ”Se tienen que caer todas las vacas sagradas”, había escrito el ex presidente cuando Passaglia anunció la decisión quitar la cobertura de IOMA para los trabajadores municipales de San Nicolás. «Hora de terminar con todos los sistemas ineficientes, corporativos y mafiosos que se apoderaron de la Argentina», lanzó Macri, que felicitó al intendente vía Twitter.
Desde entonces, pasan los días y lo que persiste son las declaraciones cruzadas. Desde las chicanas contra el gobernador Kicillof; pasando por el anuncio del radical sanisidrense Gustavo Posse, que dijo que constituiría una comisión para evaluar el desempeño de la obra social en su ciudad; hasta los negocios de la familia Passaglia con el Grupo Oroño de Rosario. La única novedad efectiva había sido el llamado a licitación en San Nicolás, pero en la última semana se produjeron algunos movimientos a nivel de los legislativos locales.
En Azul, representantes gremiales de docentes y empleados municipales manifestaron su enérgico repudio al proyecto que impulsan los ediles oficialistas Ramiro Ortiz y Lucio Mansilla, para que “todo personal municipal pueda optar libremente por la obra social de su preferencia» y enumera una serie de argumentos que fueron rechazados por los sindicatos. “La obra social de las y los estatales implementa un sistema solidario donde cada afiliada y afiliado recibe la misma prestación, más allá de su salario”, en oposición a “la canasta de prestaciones ofrecida por las prepagas está sujeta a las leyes del mercado y de acuerdo a políticas de aseguramiento, donde la cobertura depende de la cuota”, advirtieron en un documento.
El dato no es menor, ya que los ingresos de los municipales, de donde se descuentan los aportes y contribuciones, para IOMA o para cualquier otra cobertura de la seguridad social o privada, en caso de efectuarse la desregulación, se cuentan entre los más bajos de todos los trabajadores formales.
El otro impedimento radica en la cobertura de los pacientes crónicos y con preexistencias -cardíacos, diabéticos, oncológicos o con algún grado de discapacidad- que, de ser aceptados por otra empresa, deberían, siempre de acuerdo a la ley, pagar valores adicionales, que podrían hasta cuadruplicar el monto de la cuota.
Ninguno de estos argumentos, incluida la voluntad de muchos afiliados de conservar IOMA, parece detener la maniobra política.
En Luján, la concejal opositora Rita Sallaberry presentó un proyecto similar. Es probable que, más allá de la inviabilidad de la norma por una cuestión de números, el objetivo sea cuestionar la salud provincial en tiempos de campaña y por eso se empiecen a presentar proyectos similares, para instalar la discusión, con el clivaje “libertad contra cautiverio”, también en los distritos en los que el PRO es oposición.
Qué hay detrás del ataque PRO a IOMA
La actual gestión, en cabeza de Homero Giles, sostuvo a través de un comunicado que “estas acciones tomadas de manera unilateral exponen el desconocimiento por parte del Intendente de San Nicolás sobre los perjuicios que esto provocará en el acceso y derecho a la salud para las y los 1.392 afiliados de la familia municipal”. Al tiempo que advirtieron que esta decisión “expone a estas personas a una situación realmente dramática ya que hoy muchas de ellas se encuentran con tratamientos de alto costo y otras con enfermedades crónicas”.
Por último, IOMA hizo hincapié en que el conjunto de aliados municipales no se puede financiar con sus propios recursos ya que cada persona aporta $5.177 y su consumo prestacional mensual es de casi $9.000. “Resta saber cuál será la respuesta para las personas que cursan un tratamiento médico cubierto por la obra social, personas que ya tienen una atención específica por enfermedades crónicas o personas que cursan un proceso médico con profesionales de esta obra social”, concluyó el comunicado.
Ocurre que el sistema de salud argentino se basa en el principio de solidaridad. Una mayoría joven y sana, aporta para cubrir las necesidades del sector más envejecido de la población, cuyo gasto médico es mucho mayor, con la expectativa de que en un futuro recibirán idéntico tratamiento. Por eso, hablar de libertad de ocpión es, en este caso, al menos discutible. Ninguno de estos argumentos parece hacer mella en la posición de los concejales e intendentes del PRO.
La campaña llegó a la salud
La lujanense Salaberry, fundamenta: “No estamos hablando de una norma inaplicable. Varios municipios están ya impulsando este camino, o con la plena aplicación de la libre elección de obra social. El municipio de Capitán Sarmiento es un ejemplo de ello, al cual se sumó San Nicolás, entre otros. Vamos a dar el debate siempre con el norte en dar poder de decisión a nuestros empleados sobre qué cobertura médica prefieren tener, y vamos a impulsar la sanción de una buena ordenanza en este sentido”.
Este medio describió recientemente el estado de la situación en Capitán Sarmiento, donde la norma lleva más tiempo de aplicación: falta de atención, obligación de trasladarse a Pergamino, prestadores que niegan la existencia del convenio y crónicos que permanecen bajo la cobertura de IOMA con un reintegro del municipio. Es decir, implicó un negocio rentable para una empresa privada, que se quedó con los socios de bajo consumo y alta rentabiilidad, y un nuevo costo para las arcas municipales.
Página/12
