Tras desacreditar la medida de protesta durante la semana, el Ejecutivo amenaza con medidas de castigo a quienes marchen. Cruje la relación con Wolff y Kravetz por la seguridad.
El gobierno nacional está dispuesto a enfrentar sin rodeos a la CGT. A días del paro general que encabezará la central obrera el próximo miércoles al Congreso, el oficialismo se unifica para desactivar la masiva convocatoria que se espera para este 24. «Argentina necesita orden económico y social en las calles para ser un país ordenado. Se van a encontrar con un gobierno que no va a ceder tan fácil», sostuvo Patricia Bullrich en una entrevista que fue casi un grito de guerra.
Durante toda la semana el gobierno y sus colaboradores se abocaron a bajarle el precio a la movilización. En sus ya habituales conferencias de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni sostuvo que desde el oficialismo no encuentran “una razón para el paro” y que desde el campo popular apenas ofrecen “porqués casi infantiles”. Bajo el discurso separatista de “argentinos de bien”, el vocero de Javier Milei se refirió a los 17 amparos en la Justicia desde el anuncio del DNU y advirtió que “llamativamente todos fueron presentados por gremios”. “No hay ningún amparo de quienes crean empleo en el país”, lanzó para profundizar la distancia con los miembros de la CGT.
Para el gobierno la marcha no sólo no tiene fundamento sino que la considera ilegal. Evalúan la presentación de acciones judiciales contra quienes asistan el próximo miércoles al Congreso. Hasta el momento, no se especificó qué tipo de medida ejecutarán, pero desde Casa Rosada adelantaron a Tiempo que no descartan el envío de cartas documento para intimar al pago de costos del operativo de seguridad que se montará, misma decisión que se tomó tras la jornada que encabezó la CGT el pasado 27 de diciembre.
Asimismo, el portavoz confirmó que el gobierno descontará la jornada laboral de todos aquellos trabajadores estatales nacionales que decidan unirse a la movilización, una acción que viola el artículo 14 bis de la Constitución, que habilita el derecho a huelga en su segundo párrafo. “El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará”, confirmó.
En este sentido, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, criticó la decisión del oficialismo y sostuvo que el gobierno nacional intenta generar miedo y “desmovilización”, pero a cambio sólo lograrán que la jornada sea “más contundente”.
Al igual que en movilizaciones anteriores, la ministra de Seguridad habilitó la línea 134 en la que se reciben llamados de quienes se sientan “apretados” por los dirigentes a participar de esta movilización. Desde la cartera advirtieron que los operadores de la línea “fueron instruidos para recabar la mayor información posible y para darle seguridad a cada empresario, comerciante, trabajador independiente, transportista, empleado en relación de dependencia o beneficiario de un plan que se vea obligado a parar».
Tal como ocurrió en la última marcha que encabezó la CGT a Tribunales, el protocolo estará comandado en conjunto por los Ministerios de Seguridad nacional y del gobierno de la Ciudad. Tras aquella jornada, que culminó con un masivo despliegue de policías, existen rispideces por la intromisión de Bullrich en el territorio controlado por Waldo Wolff y Diego Kravetz, quienes puertas adentro chocan con la vehemencia de la ministra ante las movilizaciones.
En tanto, desde el ministerio nacional advierten cierta laxitud por parte de las fuerzas de la ciudad para permitir el corte de calles, principal impedimento del protocolo antipiquetes. Esta postura “moderada” que imparte el ministro de Justicia y Seguridad porteño ante el avance de los manifestantes perjudica la decisión del oficialismo de utilizar este despliegue como demostración de fuerza en medio de las extenuantes negociaciones que lleva adelante para la aprobación de la ley ómnibus.
Además, desde el círculo de la presidenta del PRO entienden que habilitar el corte del tránsito el próximo miércoles sentará un precedente para las posibles movilizaciones venideras, en las que el gobierno ya no tendrá fuerza para desarticularlas.
A pesar de todo el protocolo dispuesto, ni los oficialistas más entusiastas se atreven a decir que la movilización tendrá escasa convocatoria. Si bien insisten en calificar a los miembros del triunvirato como líderes de “la burocracia sindical” para abonar en la construcción de su demonización, puertas adentro reconocen que el poder de la CGT continúa siendo contundente. En tanto, y aunque insisten en que el oficialismo está dispuesto a dialogar con todos los sectores, el vínculo con “Los Gordos” y el resto de los representantes sindicales que componen la Confederación es inexistente.
De la movilización participarán la seccional nacional de ATE, las dos CTA, La Bancaria, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, SIPREBA, trabajadores de laboratorios, obreros rurales, empleados de estaciones de servicio y personal médico nucleado en FESPROSA, entre otros. «
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