Permanecen en los penales de Marcos Paz y Ezeiza, donde esperan el resultado de las gestiones judiciales. Se trata de personas agarradas al boleo por la policía y las fuerzas de seguridad.

Sasha Jazmín Lyardet, 24 años, estudiante de la Universidad Nacional de San Martín,  ya está de camino a su casa. Es 12 de junio a la tarde y en el Senado se debate la ley Bases, que esa noche será aprobada en general, por mayoría. Pero afuera, todavía, las balas de goma, la nube blanca de gas lacrimógeno, el ahogo, las corridas y una compañera que cae al piso. Sasha se detiene, trata de levantarla y entonces cuatro agentes en moto de la Policía de la Ciudad las encierran. Les gritan que se tiren al piso. Les dicen que les van a arrancar los pelos con las ruedas de las motos. Están sobre la vereda y allí permanecen, detenidas, durante horas. Después, las suben a un camión celular de la Policía de la Ciudad, en total son seis detenidas y las pasean por toda Capital Federal hasta la madrugada. A la 5 AM, el camión se estaciona en la Alcaldía 15 pero recién a las 9 las hacen bajar. No hay lugar para alojarlas: las esposan, hacinadas, en un pasillo. Recién a las 3 de la tarde del jueves pueden ver a sus abogados y a la 1 AM del viernes les dan permiso a sus familiares para llevarles comida. Esa noche duermen en el piso de la alcaldía. A las 7 AM del viernes –casi 48 horas después- son trasladadas a la Justicia federal, en Comodoro Py 2002, para prestar declaración indagatoria.

Durante la masiva marcha contra la aprobación de la Ley Bases fueron detenidas al boleo y continúan procesadas 33 personas. Los delitos que se les imputan son intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, atentado y resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos. Dos días después, durante la madrugada del sábado, liberaron solo a 17. Las 16 que continúan privadas de su libertad –entre ellas, Sasha Lyardet-, según la jueza María Romilda Servini, “intentarán sustraerse del proceso y entorpecer su desarrollo”, por lo cual su excarcelación fue denegada. Durante el sábado 15 de junio, se presentarán sendas apelaciones y será la Cámara la que defina sobre su libertad.

Una vigilia en Comodoro Py

Es el mediodía del viernes 14 de junio y en Comodoro Py 2002 se escucha “libertad, libertad a los presos por luchar”. Un tumulto de familiares, amigos y activistas de detenidos y detenidas se congregan en la puerta del Juzgado federal, bajo la atenta mirada de la policía. Las noticias se conocen a cuenta gotas con el pasar de las horas.

“Estamos esperando que liberen a Sasha, mi compañera, es inconstitucional y arbitrario todo lo que esta sucediendo, la ofensiva del gobierno de Milei y Bullrich es terrible”, cuenta Nicolás Schiavoni, antes de saber que ella seguirá detenida. Mientras se arma una ronda de artistas que entonan canciones de los años setenta, Emilia Manazza dice a Tiempo que junto a su compañera Patricia Daniela Carlarco Arredondo, ambas del MTR, estaban también desconcentrando de la marcha, por la vereda, en avenida 9 de Julio. “Ya las columnas estaban todas dispersas y había gente de varias organizaciones mezcladas, íbamos hacia Constitución para llegar seguras a nuestros hogares y un policía de civil avanzó sobre ella sin anunciarse, ella logró zafarse pero había más policía cerca que la detiene”. Carlarco Arredondo tampoco será liberada por la justicia, cuando las sentencias se emitan durante la noche del viernes. Desde la oscuridad de Comodoro Py, Manazza dirá a Tiempo que no hay un criterio más allá de criminalizar la protesta “y seguir metiendo miedo” y también dirá que la cuestión de fondo es discutir qué es la violencia: “Si violencia es prender fuego a un tacho, romper una baldosa o prender fuego a una bicicleta o que casi 50 personas se hayan muerto por no poder acceder a medicamentos oncológicos”.

Pero todavía es la tarde del viernes y una nube de lluvia espesa cae sobre la manifestación en el Juzgado federal aunque los cantos de apoyo no cesan. Silvia Oliva, madre de Camila Juárez Oliva, repite hasta el cansancio que su hija y sus compañeros detenidos no son terroristas. “Me dejaron verla 5 minutos y está entera, está fuerte”, cuenta. Pide disculpas porque se le quiebra la voz  y dice que su hija estudia en UNSaM y forma parte de la Asamblea de San Martín, donde colabora con las ollas populares. A la 1 AM del sábado, tomará el micrófono en las puertas de aquel edificio y contará, ante la pequeña multitud remanente, que Camila no fue excarcelada. Dirá: “Les pido por favor que nos sigan acompañando, se los pido por mis nietos”.

Jorge Meina, de la empresa recuperada Madygraf, dice a Tiempo que a su compañero Martín Dirrocco se lo llevaron a 10 cuadras del Congreso, cuando ya se habían retirado de la marcha. Cuenta que son varios sus compañeros heridos por balas de goma, gases y palos. “Nos siguieron, incluso algunos policías bajaron a la boca del subte, en la estación Belgrano y tiraron gases en la escalera del subte. Había gente esperando en los andenes que se vio afectada”, expresa. Dirroco, que también fue cercado por la policía motorizada en la vereda, será uno de los liberados y recibido en un abrazo colectivo durante la madrugada del sábado 15 de junio, en una jornada que se extendió hasta las 2 AM.

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