Jaqueado por la motosierra y el ajuste, Raúl Bertola dejó su puesto. Daño operativo por el recorte de fondos. El apellido Menem, detrás de la elección del sucesor.

Raúl Bertola renunció este jueves a su cargo al frente de Vialidad Nacional después de que la motosierra del presidente Javier Milei y el ajuste del ministro de Economía, Toto Caputo la convirtieran en un organismo fantasma y casi sin capacidad operativa.

Si bien en su nota de renuncia Bertola, extitular del ente vial de la provincia de Córdoba durante la gestión de Juan Schiaretti, fundamenta su salida en «motivos personales», otras fuentes la atribuyen al recorte de fondos que registra el organismo vial y a la imposibilidad de llevar adelante un plan mínimo de obras para atender los problemas que presenta la red vial nacional.

De acuerdo con las primeras versiones que circulan en el ámbito de Vialidad, el remplazante de Bertola sería Marcelo Campoy, proveniente del entorno de Lule Menem, el subsecretario de Gestión Institucional y hombre de confianza de Karina Milei que ejecuta las decisiones principales que se toman en la Secretaría General de la Presidencia.

Campoy fue administrador de Vialidad en los últimos meses de la gestión de Carlos Menem.

Vialidad Nacional, organismo fantasma

La cancelación de las obras de infraestructura y el recorte en las partidas presupuestarias que viene aplicando Caputo dejaron a Vialidad Nacional sin margen de acción ni capacidad económica para poder desempeñar sus tareas operativas básicas.

A comienzos de año, las autoridades de Vialidad solicitaron una partida presupuestaria de $730.000 millones para realizar las obras más urgentes de arreglo y mantenimiento de las rutas que están bajo su órbita. La administración mileísta resolvió, sin embargo, mantener vigente el mismo presupuesto de 2023 que establece una partida de $475.000 millones, la cual ni siquiera fue girada de manera regular.

A ese recorte se sumó la decisión de Caputo de bajar al mínimo las transferencias automáticas que Vialidad venía recibiendo de la recaudación del gravamen a los combustibles y del impuesto PAIS.

Con la asistencia económica que recibe mensualmente, Vialidad sólo puede afrontar el pago de sueldos, viáticos y trabajos menores de mantenimiento en las rutas más deterioradas.

Problemas con YPF y máquinas paradas

En febrero, la petrolera YPF le cortó a Vialidad el suministro de combustibles por falta de pago y durante dos semanas la mayor parte del parque móvil y de maquinarías de la repartición quedó fuera de servicio.

El organismo cuenta con un plantel de 5.600 agentes, entre personal jerárquico, técnico y operativo. Inicialmente el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse le ordenó a Bertola aplicar un primer ajuste laboral para desvincular a 355 empleados junto con la implementación de un plan de retiros voluntarios.

A raíz de la carencia de fondos y las demoras administrativas, la reducción de personal no superó los 200 despidos con “causa justificada” de personas que estaban procesadas, que iban a trabajar una vez por semana o que cobraban planes sociales en forma simultánea con sus funciones en la repartición.

Además de la falta de recursos económicos, otro motivo de la salida de Bertola sería la decisión de la Casa Rosada de transferir varios tramos de rutas nacionales a las provincias para que se hagan cargo del mantenimiento y las obras de mejoras.

Por esa movida ajena al organismo, Bertola fue cuestionado por la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (Agppsvn) que le advirtió que «avanzar con la provincialización de las rutas vulnera la esencia de la normativa vigente que dio origen a Vialidad y trae como consecuencia la desintegración de la red vial federal».

Sin recursos para tareas básicas

Vialidad también planteó que la escasez de fondos dejó al organismo sin los recursos mínimos para afrontar dos tareas claves vinculadas con la seguridad vial y el cuidado de las rutas.

El personal técnico del organismo interrumpió la inspección y relevamiento de los todos los puentes de la red vial nacional.

Agppsvn denunció que «por la falta de partidas se ha visto paralizado el programa de gestión del mantenimiento de más de 4.000 puentes y obras de artes mayores, que totalizan unos 240 kilómetros de estructuras distribuidas en todo el país equivalente a un patrimonio de u$s5.500 millones».

Asimismo, se afirmó que dejaron de funcionar alrededor del 70% de las estaciones de pesos y medidas que controlan los excesos de cargas de camiones y que deberían estar activas en forma permanente con la presencia de personal policial o de Gendarmería.

Letra P