Lo que sigue son audiencias técnicas que tendrán dos momentos salientes: la declaración de los peritos psicólogos sobre el estado mental de los imputados y la de los testigos que propondrá la defensa de Gabriel Carrizo.

Lo más importante que debía ocurrir en el juicio oral por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner ya pasó. Con la audiencia del miércoles último, en la que declararon los responsables de la custodia de la ex presidenta, se cerró un círculo que confluye casi exclusivamente en Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, una suerte de remake bizarra y sensiblemente devaluada de Mickey y Mallory, los protagonistas de la película “Asesinos por naturaleza”.

La declaración de la víctima, la semana pasada, no le aportó demasiado a lo que ya se sabe y está probado. Tuvo, no obstante, el peso de su presencia y el escalofrío de saber que esa persona que respondía preguntas podría estar muerta.

Cómo sigue el juicio

Lo que se avecina en el juicio es una sucesión de audiencias técnicas que tendrán dos momentos salientes: la declaración de los peritos psicólogos sobre el estado mental de los dos principales imputados y la de los testigos que propondrá la defensa del tercero, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “los copitos”, Gabriel Carrizo.

¿Qué quedó claro hasta ahora? Sabag Montiel asumió la responsabilidad completa del atentado. Él y sólo él pensó, diseñó y ejecutó –mal, por cierto- el ataque. Según su versión, nada de lo periférico, ni siquiera su pareja, influyeron o tuvieron participación en el hecho. Más aún, ni siquiera sabían lo que iba a hacer.

La hipótesis es tan creíble como la promesa de campaña de Javier Milei sobre que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta. Es una cuestión de interpretación: de la misma manera que el actual presidente no definió claramente quiénes eran “la casta”, Sabag Montiel fue la única persona que empuñó un arma y gatilló a la cabeza de Cristina Kirchner. Y de la misma manera que a Milei nadie le pidió precisiones sobre “la casta”, el Poder Judicial no se ocupó de averiguar qué más había detrás de Sabag Montiel. En uno y otro caso, el desinterés y la desaprensión generaron (y generan) consecuencias graves.

La atribución de responsabilidad a la custodia de la ex presidenta por ineficiencia en su labor quedó flotando en el aire, pese a los esfuerzos de los principales responsables de cuidar a Cristina Kirchner en asegurar que actuaron adecuadamente y respetando todos los protocolos. Lo que queda claro es que algo estuvo mal: o el desempeño de los guardaespaldas, o los protocolos. Porque no caben dudas de que la entonces vicepresidenta estuvo a décimas de segundo de la muerte.

Los custodios, ejemplificando con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y el más reciente atentado contra Donald Trump, explicaron que es imposible una prevención ciento por ciento exitosa en circunstancias como las que atravesó Cristina. Como sea, no es eso lo que se debate en este juicio.

Parece claro que la estrategia de la defensa de Brenda Uliarte, a cargo del abogado Alejandro Cipolla, apunta a demostrar que no está en condiciones psicológicas y psiquiátricas de afrontar un juicio. La teoría de la inimputabilidad quedó de manifiesto en cada audiencia por su actitud esquiva, por momentos insolente, como si estuviera en una de las fiestas locas que organizaba el grupo de amigos al que pertenecía durante su vida en libertad. Cipolla pidió un peritaje psiquiátrico; todavía no le hicieron lugar al pedido.

En esa misma línea, y acaso de manera sorpresiva, empieza a aparecer una intención de transitar el mismo camino por parte de Sabag Montiel. Su defensora oficial, María Fernanda López Puleio (de altísimo nivel) tendrá la oportunidad de jugar esa carta cuando declaren los peritos psiquiatras, algunos de los cuales durante la etapa de instrucción de la causa ya deslizaron que el frustrado asesino podría –también él- estar comprendido en las causales de inimputabilidad.

Gabriel Carrizo hizo una buena declaración indagatoria. Negó cualquier participación en los preparativos del atentado, dio argumentos y transmitió con su cuerpo y sus expresiones un halo de sinceridad y credibilidad muy alto. Es habitual que un acusado llore ante un tribunal y jure que no tiene nada que ver con el delito que se le achaca, a sabiendas de que está mintiendo. No pareció éste el caso.

Su defensor, Gastón Marano, espera el turno de la declaración de los testigos que él propuso para el debate. Especialmente uno que, confía, podrá explicar los mensajes hallados por la jueza federal de instrucción María Eugenia Capuchetti en su teléfono, que consideró incriminantes y la llevaron a ordenar su detención.

De lo que se lleva corrido del juicio no ha surgido nada que vincule seriamente a Carrizo con Sabag Montiel y Uliarte, más allá de la provisión de algodón de azúcar para vender en las plazas y los paseos públicos.

En el juicio surge todo el tiempo la necesidad de completar la investigación profundizando las líneas políticas y financieras. Desde la creación del clima que posibilitó el atentado hasta el financiamiento. Es decir desde el diputado Gerardo Milman y la organización mileísta de ultraderecha Revolución Federal hasta Caputo Hermanos, la empresa de la familia del actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Nada de eso pasará en este juicio. Sólo se juzga a Sabag, Uliarte y Carrizo. Nada más. A lo sumo, en la sentencia los jueces podrían advertir sobre líneas de investigación inexploradas y sugerir algún cauce de investigación. Pero para eso falta mucho todavía.

Tampoco asoman posibilidades de avanzar en esa investigación faltante en la parte del expediente que aún permanece abierta en Comodoro Py. Todo se encamina a un final como el de esos partidos de fútbol que se definen con un gol mal cobrado. Cuando el árbitro pita el final, lo que queda es la polémica –generalmente periodística y social- pero el resultado es inmodificable.

En el Poder Judicial pasa todo el tiempo.

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