El dirigente del PO, Gabriel Solano, asegura que el empresario viola el artículo 175 bis del código penal que, con los agravantes del caso, contempla una pena de hasta seis años de prisión.

El dirigente del Partido Obrero y exlegislador porteño por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U), Gabriel Solano, presentó una denuncia penal en la justicia contra el CEO de Mercado Libre y su billetera virtual Mercado Pago, Marcos Galperin, por prácticas usureras.

La denuncia, que recayó en el juzgado Criminal y Correccional N° 53 a cargo del juez Francisco Carlos Aponte, cuestiona las altas tasas de interés que la compañía ofrece a sus clientes que recluta en los márgenes del sistema financiero. Es que, según puntualiza el denunciante, el empresario vinculado al gobierno nacional “está haciendo un negocio extraordinario” a partir de orientar su actividad a “la necesidad de millones de trabajadores que no pueden acceder al crédito bancario”.

La presentación penal indica que la medición del riesgo crediticio que realiza la empresa se traduce en tasas que llegan a más de 1.300% de costo financiero total anual (CFT). Solano explicó que “mientras el Banco Nación presta a tasas varias veces inferiores e incluso refinancia a deudores en mora a tasas del 12 y 14%”.

Para el dirigente del Partido Obrero “no estamos ante una diferencia normal entre tasas de mercado: estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes y no tienen otra alternativa”. De hecho, dijo, “el costo financiero total efectivo llega al 1.375%. En cambio paga por los depósitos que recibe el 17.5%. No presta ‘la suya’. Tiene la diferencia entre tasa pasiva y activa más grande de la historia. Constituye un claro delito de usura”.

La denuncia penal contra Galperin

Por eso la presentación judicial encuadra la práctica de Galperin dentro de lo que establece el artículo 175 bis del código penal que tipifica el delito de usura y lo incluye en el apartado que establece los delitos “contra la propiedad”.

La letra de la norma indica que incurre en ese delito que conlleva penas de prisión de uno a tres años “el que, aprovechándose de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, o dejas de dar garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años y multa.» Las penas podrían llegar hasta los 6 años en caso de que “el culpable fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual”.

Para Solano, precisamente, “la particularidad de Mercado Pago es que convirtió el endeudamiento en un negocio masivo, automatizado y permanente. La propia información del Banco Central muestra que la morosidad en las billeteras virtuales es muy superior a la de los bancos, mientras millones de personas migran hacia estas plataformas porque quedaron afuera del sistema financiero tradicional”.

El dirigente destacó la responsabilidad del gobierno y el Estado en tanto remarcó “la ausencia de regulación específica” aunque, aclaró, ese vacío legal “no habilita a una empresa a cobrar cualquier tasa ni la coloca por encima del Código Penal. Reclamamos que la Justicia investigue porque detrás de estas tasas existe un aprovechamiento sistemático de la necesidad, ligereza o inexperiencia de los usuarios”.

Finalmente, el dirigente denunciante resaltó que “Mercado Libre opera en otros países de la región bajo un esquema regulado y sujeto a la supervisión del Banco Central, con costos financieros muy inferiores a los que cobra en Argentina. Esto demuestra que no estamos frente a un costo inevitable del crédito, sino ante una política de tasas que debe ser investigada”.

Por último Solano aclaró que “presentamos esta denuncia para que se determine quiénes decidieron esta política, cuántos usuarios fueron afectados y si se configura el delito de usura. La complicidad del Estado es clara. No puede mirar para otro lado mientras billeteras digitales hacen negocios millonarios sobre el endeudamiento de los trabajadores”.

Como referencia cercana surge que, la misma empresa que en la Argentina ofrece tasas que, según el perfil crediticio del cliente, llegan hasta el 1.300%, en Brasil tiene un tope de 63,13% que representa 21 veces menos que en nuestro país.

Junto con el juzgado de Carlos Aponte se definió la fiscalía interviniente. Se trata de la N° 60 a cargo de la fiscal Claudia Katoc que deberá investigar y aportar pruebas existentes a la causa para evaluar la existencia o no de delito.

El argumento esgrimido por el gobierno a la hora de eludir cualquier definición frente al creciente endeudamiento de los trabajadores es que se trata de un acuerdo entre privados. Ocurre que el código penal tipifica la usura, precisamente, como una estafa sostenida en una relación asimétrica en términos de poder económico pero especialmente desde el punto de vista de la educación financiera.

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