Como sabrás, el equilibrio fiscal es la bandera central de esta gestión. Pero para llegar a ese resultado hubo que recortar en muchos lados. En pocos sectores hubo tanta saña como con los discapacitados, científicos y trabajadores. También la hubo en un rubro que es central para las perspectivas de nuestro país: la obra pública. La inversión en infraestructura prácticamente desapareció, cayendo más del 80% en términos reales respecto de 2023.

El argumento oficial es que la obra pública era un nido de corrupción, el Estado es un mal administrador y, total, si algo es rentable, lo va a hacer el sector privado. Investigar si hay sobreprecios y gastar eficientemente está bárbaro. Pero parar toda la inversión durante casi tres años es un grosero error.

Lo peor es que parte de esa plata ya estaba preasignada. No hacer esas obras no solamente es más caro a la larga y nos perjudica a todos. Para muchos especialistas viola la afectación específica que fija la ley. Seguime que te cuento más y hacia el final te dejo una pista.

Las obras no sobran

A la hora de construir el equilibrio fiscal, la obra pública fue una de las primeras variables de ajuste. En alguna medida esto es entendible. Cuando llegó en diciembre del 2023 la situación era compleja. Como bajar el gasto de capital es relativamente más sencillo, porque los efectos no se sienten tan rápida y directamente –como por ejemplo cuando se hace un recorte de salarios–, muchos de los ajustes arrancan por acá. El tema es que no es algo que se pueda sostener por mucho tiempo.

Los organismos que estudian el tema –como el BID o la CAF– coinciden en que América Latina necesita invertir cada año entre un 3% y un 5% de su PBI en infraestructura para no quedarse atrás, y de hecho la región en promedio ronda el 3%. En nuestro país la inversión pública en infraestructura se derrumbó hasta ubicarse en torno al 0,4% del PBI en el presupuesto 2026, cuando en las últimas décadas estaba en torno al 1 o el 2%, un número ya bajo por cierto. En el primer semestre de este año la obra pública cayó otro 32% en términos reales y quedó entre los mayores recortes de todo el gasto.

En donde más pegó fue en las grandes obras interjurisdiccionales –rutas, puentes, hidráulicas–, que se desplomaron un 80% en términos reales. Varios programas viales, de pavimentación y de puentes ejecutan hoy montos cercanos a cero.

El contraste con nuestros números es elocuente. Tanto que hasta el número dos del Ministerio de Economía, José Luis Daza, lo reconoció públicamente: “Tenemos un capital humano de país desarrollado, de élite, y tenemos una infraestructura física y un stock de capital y tecnología comparable –no se ofendan– a países africanos”.

La subejecución avanza

¿Entonces el gobierno reconoce que hay que gastar más? No precisamente, hace poco más de un año, y ante los empresarios de la construcción en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, reconoció que el Estado Nacional se está haciendo cargo de 183 obras, dentro de un universo de 2.337. ¿Qué hicieron con el resto? Se dieron de baja 1.668, mientras que casi 500 fueron transferidas a provincias y municipios.

Según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, entre 2024 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado (o SisVial, un fideicomiso creado en el 2001) recaudó $1.503.252 millones (por ejemplo, mediante el Impuesto a los Combustibles) y ejecutó apenas $394.406 millones en obras. Una subejecución acumulada del 73,8%. Es decir, por cada $100 que ingresaron con destino vial, unos $26 se usaron para eso y $74 quedaron sin ejecutar.

En Vialidad Nacional, por caso, a mitad de 2026 sólo se había devengado un tercio del presupuesto y pagado apenas una cuarta parte. La Dirección en cuestión atraviesa el desfinanciamiento más profundo de las últimas décadas. Perdió alrededor de un cuarto de su plantel, tiene salarios congelados y áreas de mantenimiento prácticamente vaciadas.

No es sólo que el Gobierno decidió gastar menos. Es que además ni siquiera gasta lo poco que el propio presupuesto le autoriza. La plata está asignada, pero no se ejecuta y duerme plácidamente en colocaciones financieras (del propio Gobierno). De hecho el SisVial se creó por exigencia del Banco Mundial para aprobar un préstamo a la Argentina, precisamente para evitar que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara financiando gastos corrientes.

Bueno, la plata no está financiando gastos corrientes: está financiando el ahorro del sector público. Este patrón se ve por todos lados. Por ejemplo, en junio de 2026 el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica mantenía casi 300.000 millones de pesos invertidos en Letras del Tesoro y casi 50.000 millones de pesos en depósitos.

Highway to hell

El ajuste sobre la obra pública, mirado con frialdad, ni siquiera es un buen negocio. Es un ahorro que se paga, con intereses. Primero, porque no invertir cuesta vidas. Eso no tiene precio ni compensación fiscal posible. Un Estado que se supone responsable de cuidar a sus ciudadanos no puede tratar la seguridad vial como una línea más para tachar de una planilla.

Segundo, porque no invertir hoy sale más caro mañana. Esto no es una opinión, es ingeniería básica. Es como no cambiar el aceite del auto para ahorrarte unos pesos y después tener que comprar un motor nuevo.

Tercero, porque sin infraestructura la economía no arranca. Hay un consenso viejo en nuestra disciplina de que la inversión pública no necesariamente compite con la inversión privada, sino que la impulsa. Las rutas, los puertos, las redes de energía y agua son lo que permite que lo privado sea rentable. Una ruta en mal estado no es una molestia estética. Te sube los costos. Te doy un ejemplo: hace unas semanas viajé a Tandil por la ruta 3 y había volcado un camión Scania, significó cuatro horas de demora.

Ninguna economía desarrollada llegó a serlo sin una etapa larga de inversión pública en infraestructura. Sin caminos por donde sacar la producción, ni el RIGI ni ningún otro incentivo nos va a alcanzar. Porque una minera puede construir el acceso a su mina, pero no va a asfaltar todo el país. El propio gobierno dice buscar inversiones y, al mismo tiempo, desmantela lo que esas inversiones necesitan para existir.

De la motosierra a la pavimentadora

Que quede claro: la obra pública es fundamental. Algo hay que hacer urgente. El problema, además, no es únicamente de plata, es también de diseño. El gobierno recorta a ciegas, sin priorizar, dejando caer lo esencial (el mantenimiento que salva vidas) mientras se protege lo vistoso (las autopistas concesionables).

El equilibrio fiscal es una meta razonable como parte de un plan, pero convertido en un fin en sí mismo, al que se le sacrifica todo lo demás, se vuelve una guillotina que corta justo las cosas que sostienen el crecimiento futuro. Ahorrás en estos años, pero te empobrecés para las próximas décadas.

De yapa, la economía no arranca, las encuestas dan cada vez peor y los mercados, que te invitaban a salir todas las noches, ya ni te llaman. En relación con esto, te tiro una impresión personal. Gastar un poco más en obra pública es posible y deseable. El gobierno podría buscar financiamiento de organismos multilaterales (como el BID o el Banco Mundial), que prestan en condiciones de plazos y tasas muy favorables para este tipo de proyectos, sin pedirte un examen de ADN como el FMI. Además tener un poco más de gasto (y quizás menos superávit o algo más de déficit, aunque también se podrían subir algunos impuestos que el gobierno bajó, como el de bienes personales) con un oficialismo al que los mercados bancan, como al de Javier Milei, no sería un gran problema. No tener superávit fiscal, sobre todo cuando el rojo se explica por hacer rutas, está bien.

La motosierra criolla salió más cara que las excavadoras. Mata gente, deja las rutas rotas y nos va a costar una fortuna en arreglos. Encima, frena la expansión de la actividad que el propio Gobierno busca o debería estar buscando. Incluso mejoraría sus chances electorales si aflojara un poco en este ítem. No es un ajuste: es un mal negocio que cuesta votos, tiempo, inversiones privadas y vidas humanas. Mal negocio para todos.

Emiliano Libman | Cenital