El Gobierno consiguió media sanción para profundizar un régimen que ya había encendido las alarmas. La oposición denuncia que se trata de un nuevo blanqueo encubierto. El debate de fondo es hasta dónde puede llegar el Estado para controlar el origen de los fondos sin convertirse, al mismo tiempo, en una máquina de perseguir al contribuyente.

La llamaron “Inocencia Fiscal”. El nombre ya parece una declaración de principios: todos somos inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario.

El problema aparece cuando esa presunción de inocencia empieza a transformarse en una presunción de que nadie tiene que explicar demasiado de dónde salió la plata.

Y ahora el Gobierno de Javier Milei va por más.

Diputados aprobó este miércoles la denominada Inocencia Fiscal II, con 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Senado y busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden formalizar ahorros mantenidos fuera del sistema sin penalidades.

El oficialismo lo presenta como una manera de sacar los dólares “del colchón” y devolverle libertad al ciudadano.

Pero hay una pregunta que incomoda:

¿Dónde termina la libertad de usar los propios ahorros y dónde comienza la obligación del Estado de saber de dónde salió el dinero?

EL ESTADO CON LOS OJOS VENDADOS

La primera versión de la ley ya había cambiado sustancialmente la relación entre el contribuyente y el fisco. La normativa vigente elevó fuertemente los umbrales para la evasión penal y creó un régimen simplificado de Ganancias que limita determinados mecanismos de fiscalización patrimonial.

Ahora, con la segunda versión, el Gobierno pretende ampliar todavía más los beneficios.

El argumento oficial es sencillo: si hay miles de millones de dólares fuera del sistema financiero, hay que generar incentivos para que vuelvan.

Hasta ahí, la discusión puede ser razonable.

El problema comienza cuando la lucha contra la informalidad se confunde con la eliminación de controles.

Porque una cosa es incentivar a un pequeño ahorrista a depositar los dólares que guardó durante años.

Otra muy distinta es diseñar un sistema en el que grandes patrimonios puedan encontrar una vía cada vez más cómoda para ingresar fondos sin que el Estado pueda reconstruir adecuadamente su historia.

¿Y EL LAVADO DE DINERO?

Acá aparece la parte más delicada.

El Gobierno sostiene que la Inocencia Fiscal no elimina los controles antilavado. De hecho, la propia UIF señaló que continúan vigentes las obligaciones de prevención de lavado de activos y que los sujetos obligados deben seguir aplicando un enfoque basado en riesgo.

Incluso el CIPCE remarcó recientemente que la Ley 27.799 no suspende las facultades de la UIF ni las obligaciones previstas por el sistema argentino de prevención del lavado de activos.

Entonces, cuidado con una simplificación demasiado fácil:

no es correcto decir que la ley convierte automáticamente en legales los fondos ilícitos.

Pero tampoco sería serio ignorar el problema que genera debilitar los controles fiscales y patrimoniales mientras se intenta atraer dinero cuyo origen no siempre está claro.

Ahí está la discusión que merece tener la Argentina.

Porque el dinero ilegal no viene con un cartel que diga “soy narcotráfico”.

El lavado existe precisamente porque intenta parecer dinero legítimo.

EL GOBIERNO DICE “LIBERTAD”; LOS CRÍTICOS DICEN “BLANQUEO”

La oposición bautizó el proyecto como un nuevo blanqueo. Y algunos especialistas directamente cuestionaron la constitucionalidad de las restricciones a las facultades estatales de fiscalización y control del lavado.

El oficialismo, por supuesto, rechaza esa interpretación.

Luis Caputo explicó que el objetivo es que los ahorros puedan formalizarse dentro del sistema bancario sin penalidades y que la nueva iniciativa busca otorgar mayor seguridad jurídica a quienes decidan utilizar esos fondos.

La pregunta, entonces, no debería ser solamente “¿cuántos dólares entran?”

También debería ser:

¿qué dólares entran, de quién son y quién controla su origen?

Porque si para conseguir que una parte de la economía informal vuelva al sistema financiero tenemos que bajar cada vez más la persiana de los controles, podemos terminar celebrando como un éxito lo que mañana puede convertirse en un problema internacional.

EL FANTASMA DEL GAFI

Argentina tampoco vive aislada del mundo.

Las normas de prevención del lavado de activos no son un capricho de un funcionario de ARCA. Forman parte de compromisos internacionales y de la arquitectura financiera global.

La propia normativa oficial mantiene expresamente las obligaciones vinculadas con prevención de lavado y financiamiento del terrorismo.

Por eso el debate con el GAFI no puede ser utilizado como una consigna partidaria.

Es una cuestión concreta: Argentina necesita demostrar que puede atraer capitales sin convertirse en una autopista para capitales de origen dudoso.

Y eso requiere controles eficaces.

No controles para perseguir al ciudadano común.

Controles para saber quién mueve fortunas, de dónde vienen y hacia dónde van.

LA HIPOCRESÍA DE LA “INOCENCIA”

Y acá aparece la opinión de Hora Reimon.

Durante años nos dijeron que había que combatir la evasión.

Que había que bancarizar la economía.

Que todos debíamos cumplir.

Que el trabajador tenía que justificar cada peso.

Que el pequeño comerciante no podía equivocarse en una declaración.

Que al jubilado había que controlar hasta el último ingreso.

Pero cuando aparecen grandes cantidades de dólares guardados fuera del sistema, la respuesta del poder cambia:

“No preguntes demasiado. Traelos.”

¿En serio?

La Argentina necesita recuperar los dólares que están fuera del sistema. Sí.

Necesita reducir la informalidad. También.

Necesita un sistema tributario más simple y razonable. Absolutamente.

Pero simplificar no puede significar desarmar controles.

Porque si la famosa “inocencia fiscal” termina significando que el Estado tiene cada vez menos herramientas para saber quién acumuló una fortuna y cómo la consiguió, entonces no estamos solamente hablando de libertad.

Estamos hablando de impunidad potencial.

Y hay una diferencia enorme.

EL PELIGRO DE UNA LEY CON DOS VARAS

La verdadera justicia fiscal debería funcionar igual para todos.

Para el trabajador.

Para el monotributista.

Para el comerciante.

Para la pyme.

Para el empresario.

Y también para el millonario.

Porque si al ciudadano común se le exige demostrar cada movimiento mientras al gran capital se le ofrece una alfombra roja para ingresar fondos sin demasiadas preguntas, entonces la palabra “inocencia” empieza a sonar bastante selectiva.

Y la inocencia selectiva se parece demasiado a un privilegio.

El Gobierno dice que quiere liberar a los argentinos de un Estado persecutorio.

Perfecto.

Pero que nadie confunda un Estado que no persigue con un Estado que no controla.

Porque un Estado que persigue al ciudadano honesto es injusto.

Pero un Estado que deja de mirar mientras circula dinero de origen desconocido puede ser directamente irresponsable.

La Inocencia Fiscal II todavía debe pasar por el Senado.

Y quizás sea el momento de hacer una pregunta mucho más sencilla que todos los tecnicismos tributarios:

¿Quién se beneficia realmente cuando el Estado deja de preguntar de dónde salió la plata?

Porque cuando la inocencia fiscal se convierte en blindaje, el problema ya no es cuánto recauda el Estado.

El problema es quién queda afuera de la lupa.

Hora Reimon