El Juzgado Federal de Quilmes dictó una cautelar que ordena a la distribuidora abstenerse de interrumpir el suministro eléctrico a la firma Protefilm. La empresa recibió una factura con «subas irracionales» que ponían en riesgo la continuidad de 70 puestos de trabajo.
La crisis que atraviesa el sector pyme industrial por el fuerte ajuste tarifario sumó un capítulo judicial determinante en el sur del Conurbano bonaerense. El Juzgado Federal de Quilmes dictó una medida cautelar que le prohíbe formalmente a la empresa Edesur cortar el suministro eléctrico a la planta de la firma Protefilm, una fábrica dedicada a la producción de plásticos.
La resolución busca frenar el impacto de un pasivo acumulado en boletas de luz por más de 174 millones de pesos, un monto que la conducción de la pyme calificó de «irracional» y que amenazaba de forma directa con paralizar las líneas de producción y arrastrar la continuidad de 70 puestos de trabajo genuinos.
La firma fabril debió acudir a la vía del amparo tras verse forzada a tomar un crédito de emergencia para intentar cubrir los vencimientos asfixiantes impuestos tras la desregulación del mercado energético. La presentación judicial detalló que la empresa sufrió incrementos de hasta el 300% en cargos fijos regulados como el ACPOT y el CESTAB, ítems asociados a la potencia contratada que no guardan relación con los niveles reales de consumo de la planta en un contexto de recesión.
El abogado patrocinante de la fábrica, Marcelo Szelagowski, fustigó que las distribuidoras pretendan descargar el costo total de los desequilibrios energéticos y la quita de subsidios nacionales sobre las espaldas del entramado productivo de las pymes.
Al convalidar el planteo de la empresa, el juez federal Luis Antonio Armella advirtió sobre el «peligro inminente de quiebra» si se permitía a Edesur proceder al corte del servicio de media tensión, lo que hubiera significado el cese irreversible de la actividad de Protefilm.
La decisión judicial sienta un fuerte precedente para decenas de pequeños talleres y fábricas de la provincia de Buenos Aires que enfrentan la misma encrucijada financiera entre pagar los salarios de su personal o transferir la totalidad de sus ingresos operativos a las empresas de servicios públicos. Mientras rige el blindaje judicial, la Justicia federal continuará analizando el reclamo de fondo sobre la inconstitucionalidad de los nuevos cuadros tarifarios.
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