El diputado provincial es uno de los impulsores de la causa contra el actual intendente de Capitán Sarmiento y otros ex funcionarios macristas. Avanza el expediente y se complica la situación de la primera plana de los integrantes del Gobierno de Cambiemos.

Luego de que el juez Rodolfo Canicoba Corral procesara al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el exdirector de Vialidad Nacional y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel en la causa que investiga concesiones irregulares en los peajes, el alcalde señaló que se trata de “un acto de venganza”.

La causa es grande, tiene varios actores implicados y todos ellos fueron funcionarios en el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Hay tres líneas de investigación abiertas que responden a distintas denuncias, una de ellas impulsada por el diputados provincial del Frente de Todos, Adrián Grana, en conjunto con otros tres diputados nacionales.

Grana, referente de Nuevo Encuentro y representante de Morón, ocupó una banca en el Congreso Nacional en los años de macrismo y en conjunto con sus pares Rodolfo Tahilade, Leopoldo Moreau y Carlos Castagneto, impulsaron una de las causas por estafas a favor de las empresas concesionarias en perjuicio del Estado.

“No es venganza, es un acto de justicia, Iguacel igual que Saravia Frías, más los imputados Nicolás Dujovne, Guillemro Dietrich y Mauricio Macri, favorecieron a los concesionarios de las autopistas en varias oportunidades. Denunciamos dos hechos y se suman a una causa anterior que ya marcaba el aumento sideral en los montos”, dijo Grana en diálogo con Diputados Bonaerenses.

A la vez, el intendente Iguacel ensayó una explicación en sus redes sociales en la que señaló que este procesamiento tiene que ver con su carácter de testigo en la causa por la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, por lo que esto anularía sus declaraciones.

“Soy un ciudadano común, tengo los mismos bienes que hace 4 años. No me van a ver con autos de lujo, yates, aviones ni cientos de estancias. No las tengo ni me interesa tenerlas. Vivo en mi pueblo, en una calle común, en la casa que me construí. Las irregularidades que vi las denuncié”, marcó el ahora alcalde macrista.

Esa primera denuncia fue presentada por la exdiputada nacional Margarita Stolbiezer donde señala el aumento en el valor de las acciones en un 400% y que destinó en una venta de las mismas en favor de Macri y el juez cree que pudo haber acción de los exfuncionarios para beneficio del exmandatario.

“La segunda cuestión, que es la que denunciamos nosotros, tiene que ver con una falsa denuncia a una falsa demanda por parte de las concesionarios, denunciaban falta de pago de mejoras y obras que habían hecho en el marco de la concesión, tienen muchísimos más incumplimientos que cumplimientos no resarcidos, no valían esas demandas pero especulando con que cambiaba el Gobierno, hicieron la denuncia y ahí Macri le pide a Dietrich que arregle con las empresas y les dieron 500 millones de dólares”, detalló Grana.

La “falsa denuncia” que menciona el legislador peronista, fue presentada por Saravia Frías ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), pero este organismo no tenía jurisdicción ni competencia sobre el tema, el reclamo por algún incumplimiento debía presentarse ante el Estado Nacional, pero no había ocurrido.

En tanto, la tercera de las causas corresponde a la prórroga automática de la concesión a las empresas por otros diez años sin pasar primero por una licitación pública, como establece la normativa vigente y que, además, acumulan incumplimientos con el Estado durante el tiempo de vigencia de esos contratos.

“En el caso de Macri, no solo le hacía la concesión a un grupo empresario que no respondía, sino que las licitaciones que daba y los reclamos que pagaba era a empresas que eran de él; es compleja la situación en esto de estar de los dos lados del mostrador, uno de los grupos es Socma, y él es el dueño. Debería terminar preso, él era claramente beneficiado, no pude decir que no sabía que en su declaración jurada iba a estar la cuarta parte de esos 500 millones de dólares, no puede no saber que su empresa va a estar prorrogada en el tiempo porque eso le trae ingresos, es el mayor de los implicados y claro que a los exministros les cabe la pena de incumplimiento de funcionario público porque le permitieron hacer estos negocios”, marcó Grana.

Diputados Bonaerenses