Mientras el oficialismo pulsea para tratar este jueves la Ley de Financiamiento girada por Axel Kicillof a la Legislatura, desde los gremios salen a meter presión.

Mientras en la Legislatura bonaerense el Frente de Todos busca sellar un acuerdo con Juntos por el Cambio para tratar este jueves la Ley de Financiamiento que giró Axel Kicillof al parlamento, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) salieron a meter presión.

La organización gremial comandada por Oscar De Isasi le presentará un informe del Instituto de Estado y Participación (IDEP) de ATE bonaerense al Gobernador en donde pedirán «revisar el endeudamiento vergonzoso que durante el gobierno de (María Eugenia) Vidal realizó la provincia”.

Este 2020 la Provincia tiene vencimientos por 3.500 millones de dólares (unos 240.000 millones de pesos). «Esta revisión implica la suspensión del pago de la misma hasta tanto se realice un estudio pormenorizado del origen, las condiciones y la utilización de la misma«, señala el informe.

En los compromisos de Kicillof durante 2020, es significativa el paso de Vidal, dado que cerca del 50% que tiene que pagar el Gobierno corresponden a intereses y amortizaciones de títulos de deuda en moneda extranjera (dólares y euros) que emitió el vidalismo entre marzo de 2016 y diciembre de 2018, cuatro de ellos bajo ley extranjera (Nueva York) y tres bajo legislación local.

Quien puso el tema en agenda esta semana fue el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien en sus críticas a Juntos por el Cambio por rechazar la Ley de Financiamiento marcó que dejaron «una deuda millonaria de 11.000 millones de dólares de corto plazo y que nadie sabe para qué se usó, más allá de la evidente timba financiera de la que fueron socios Macri y Vidal». En varias oportunidades Biancó marcó que «no se sabe para que se usaron los fondos». 

En esa línea, el texto considera asimismo que, «mientras se avanza en conseguir el consenso para realizar las reformas estructurales, se pueden ir aplicando medidas en lo urgente que van a ayudar a mejorar la capacidad recaudatoria del Estado».

Además, tal como publicó Diputados Bonaerenses, otro punto por el cual está dispuesto a batallar la organización gremial es el impuesto a la riqueza en la provincia. “Cualquier medida que apunte a redistribuir la riqueza será apoyada y acompañada», sostuvo De Isasi.

En esa línea, el sindicato prevé presentar un texto en la Legislatura para aplicar una reforma en la Ley de Ingresos Brutos, «que grabe tanto al sector financiero como a los servicios de internet, hoy beneficiados por la pandemia en cuanto no han sido alteradas sus actividades en esta anormalidad».

«Según nuestras estimaciones, se podría recaudar unos 5.700 millones de pesos más. Estas dos medias, sumadas al reclamo histórico de la provincia a la nación por los ex Fondo del Conurbano Bonaerense para que ajuste lo destinado a la inflación, significan un número que permitiría tener capacidad de maniobra en lo inmediato«, indicaron.

Finalmente, manifestó que estas propuestas «son un aporte mientras en el país se discuten medias que apunten a una reforma estructural como el caso de la coparticipación federal, que son los recursos que la nación gira a las provincias por los impuestos nacionales».

En esta dirección, también como informó Diputados Bonaerenses, ya existen dos proyectos de oficialistas que plantean gravar un impuesto a la riqueza en la provincia de Buenos Aires.

Uno de ellos pertenece a la legisladora y referente gremial, en este caso de la CTA de los Trabajadores, María Reigada.

“Nos parece interesante que se pueda empezar a discutir el impuesto a las grandes fortunas y contar en la Provincia con un proyecto para que se grave a los sectores que comercializaron con mayor aceleración, como es el mercado del alimento. Se han presentado proyectos en la Legislatura, tenemos que discutir cómo acompañamos todo lo que hace el Ejecutivo y también estas propuestas para modificar los esquemas impositivos que alivien a los que fueron afectados mientras aporten aquellos que tienen una acumulación suficiente para afrontar esta situación”, marcó la senadora a Diputados Bonaerenses hace algunas semanas.

Asimismo, Reigada señaló que “tenemos que dar respuesta a muchas cuestiones como garantizar que cada familia tenga comida en la mesa porque es el primer derecho; evaluar el ingreso mínimo hasta que puedan acceder al empleo, también hay que reducir las alícuotas en algunos sectores, generar planes de pago, bonificaciones de Ingresos Brutos a los más afectados, para eso hay que pensar un plan de emergencia tributaria”.

Su proyecto, propone una cuota adicional equivalente al 20% del impuesto anual 2020 para los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano para inmuebles que superen los $10 millones y de igual manera para las embarcaciones deportivas cuyos valores superen los $2 millones.

En esa misma línea, también existe un proyecto del senador Francisco “Paco” Durañona. El paquete de cambios incluye llevar los aumentos en el caso de los Impuestos Inmobiliarios Urbano Edificado, Baldío y Rural para los segmentos más altos del impuesto al 100% -actualmente el tope es 75%- y subas de hasta el 30% en las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos para aquellos contribuyentes que están en la cima de la pirámide.

“En este complejo escenario epidemiológico se ha vuelto aún más evidente que la distribución de los costos es desigual entre los distintos actores económicos, siendo más angustiante para los trabajadores informales, los cuentapropistas y quienes tienen menores ingresos”, detalló Durañona.

Diputados Bonaerenses