Los legisladores acordaron una serie de cambios en el proyecto que busca ampliar derechos para las víctimas de delito por lo que regresaría al Senado para su revisión. El Presupuesto y la Ley Impositiva todavía en discusión.

Los diputados provinciales del oficialismo y oposición avanzaron en las últimas horas en una serie de cambios a la Ley de Víctimas que llegó con media sanción de la Cámara de Senadores bonaerense. En ambos sectores confían fuera de micrófono que podría llegar a tratarse este jueves pero hay reserva.

Mientras tanto, los legisladores también avanzan en las puntadas finales del acuerdo sobre el Presupuesto y la Ley Impositiva 2021, que figuran como los primeros dos puntos del orden del día. Si bien hubo avances en las conversaciones, en ambos campamentos hay una mezcla de optimismo y cautela.

Uno de los últimos puntos centrales en debate es el pedido de los intendentes oficialistas y opositores de la creación de un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Según confirmaron fuentes legislativas, hubo una contrapropuesta del oficialismo que espera obtener una respuesta.

En un comienzo los opositores pidieron unos $17 mil millones contra unos $7 mil millones que ofreció el Gobierno bonaerense; luego Juntos por el Cambio “se plantó” en $12 mil millones y la última contrapropuesta oficialista fue de $9 mil millones. Se aguardan definiciones.

“Sólo falta resolver ese tema (por el FIM). Si se destraba eso, se trata en Diputados y también se sesiona en el Senado”, confió uno de los legisladores que sigue de cerca la rosca. La intención del Frente de Todos es que se pueda aprobar en ambas Cámaras el jueves.

En el caso de que fracase el acuerdo por los fondos para los municipios, ambos proyectos que ya tienen dictamen de comisión podrían tratarse el 23 o 30 de diciembre. El escenario más desfavorable sería que se extienda más allá de esas fechas emulando los conflictos de la Ley Impositiva 2020.

Ley de Víctimas

En paralelo a las discusiones por el Presupuesto y la Ley Impositiva 2021, los diputados provinciales también avanzaron de manera silenciosa en una serie de cambios al proyecto que busca ampliar derechos para las víctimas de delito, por lo que si se trata volvería a Senadores para su aprobación.

Se trata de una demanda histórica de los familiares y víctimas de delito de la provincia de Buenos Aires, que desde 2017, cuando se aprobó la ley nacional 27.372, vienen reclamando la actualización de los Códigos Procesal Penal y de Ejecución bonaerenses.

En este escenario, la norma también podría funcionar como un “Plan B” del oficialismo para minimizar la postergación del debate del Presupuesto y la Ley Impositiva. Fuera como fuera, se trata un acto de justicia para el colectivo de víctimas que espera hace años la decisión política del Estado bonaerense.

Según pudo reconstruir Diputados Bonaerenses, los cambios aplicados al proyecto que llegó de senadores tienen que ver con crear por ley el Consejo de Personas Víctimas de Delito dentro del ámbito del Ministerio de Justicia de Justicia y Derechos Humanos, que comanda Julio Alak.

Se trata de un pedido del oficialismo que no fue aceptado en la Cámara alta y ahora podría materializarse. Justamente, el Consejo de Víctimas jugó un rol preponderante en la discusión parlamentaria dando voz a los familiares y fijando posición sobre los cambios a introducir.

Según el borrador que circula en Diputados, en el artículo 45 se consigna la creación del Consejo y se determinan sus funciones, relacionadas con colaborar con las áreas específicas del Ministerio en la atención, acompañamiento, y contención de las personas víctimas de delitos; además fijar que sus integrantes serán designados por la cartera que conduce Julio Alak.

En otro orden, de acuerdo a lo que pudo saber este portal también se retocó el capítulo IV que versa sobre la creación de la figura y el registro del abogado de la víctima en donde el Colegio de Abogados bonaerense tendrá un rol central.

El proyecto en rasgos generales busca garantizar todos los derechos de las víctimas en materia jurídica, económica y de acompañamiento, además de crear un Observatorio de Víctimas Del Delito, tal como se hizo en la ley nacional aprobada hace tres años.

La iniciativa también establece que, durante la ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada sobre las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional y la prisión domiciliaria, entre otras medidas de seguridad.

Sin embargo, para aquellas víctimas que deseen no ser informadas ni notificadas a tales efectos, podrán manifestarlo y este derecho deberá ser respetado.

Del mismo modo, el texto prevé establecer y promover políticas públicas tendientes a empoderar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso, y posterior al mismo.

Debate en el Senado

Si bien costó llegar a un consenso en la Cámara alta a la hora de aprobar la Ley de Víctimas, el trámite parlamentario incluyó una amplia ronda de expositores que volcaron sus opiniones sobre cómo debería confeccionarse la norma.

Entre otras asociaciones y organizaciones que nuclean a familiares de víctimas del delito participaron académicos, entre los que estuvieron el juez y profesor universitario, Ignacio Gallo, y la jueza Mariana Maldonado, ambos integrantes de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires durante los años 2016 y 2017.

También fueron de la partida los reconocidos profesores de Derecho Penal, Fernando Díaz Cantón y Martín Arias Duval; el secretario de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal bonaerense, Francisco Pont Vergés; el presidente del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Almeida; y la directora provincial de Casos Críticos y de Alto Riesgo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Silvina Perugino.

Del mismo modo, emitieron opinión el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Lisandro Pellegrini; y el presidente de la organización Grooming Argentina, Hernán Navarro, entre otros.

Diputados Bonaerenses