Que no se abra otra grieta más
A raíz de la decisión de la Legislatura de Tierra del Fuego de prohibir la cría de salmones, (re)surgió el debate entre la disciplina económica y el ambientalismo, acerca del desarrollo productivo y su impacto en el medio ambiente, poniendo de manifiesto la falta de acuerdo en un tema tan sensible como relevante para el futuro del país.
¿Qué pasó?
Primero que nada, un poco de contexto. De la mano del calentamiento global y del impacto que esto trae aparejado (cambio en los niveles del mar, aumento de los desastres naturales, extinción de diferentes especies animales, entre otras), las cuestiones vinculadas con la protección del medio ambiente ganaron mucha participación en los últimos años, siendo en la actualidad uno de los principales tópicos de la agenda global.
¿Por qué aumentó la temperatura? Esto se explica por el incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera (dióxido de carbono y metano, entre otros), provocado casi exclusivamente por el accionar humano, tanto por el aumento de la producción como de la población mundial. En particular, la producción de alimentos y la agricultura son de las actividades de mayor impacto ambiental y se encuentran en el ojo de la tormenta: generan aproximadamente el 25% de los gases de efecto invernadero, representan el 70% del uso del agua y ocupan el 50% del suelo habitable a nivel mundial.
Con ese trasfondo, en los últimos días se conoció que la Legislatura de Tierra del Fuego, por unanimidad, sancionó una norma que prohíbe la instalación de salmoneras (el método más utilizado para la cría de salmones), a raíz de un acuerdo firmado en 2018 con el gobierno de Noruega –principal país productor- para el estudio de las aguas del Canal de Beagle, a fin de poder evaluar la factibilidad del desarrollo de la acuicultura en esa zona.
La polémica
Los argumentos por los cuales se sancionó esta norma fueron netamente ambientales, tomando como referencia lo sucedido en Chile (segundo productor mundial de cría de salmones). En primer lugar, puede alterar significativamente el ecosistema, tanto por el escape de los salmones (que actuarían como depredadores de otras especies), como por el desarrollo de la marea roja. Además, como cualquier actividad que se realiza en cautiverio, puede generar enfermedades, motivo por el cual se le administran una cantidad importante de antibióticos.
Ahora bien, las objeciones surgen justamente a partir de la comparación con la experiencia chilena, dado que en la actualidad dicha actividad genera unos USD 5.000 millones en materia de exportaciones. Como referencia, en Argentina se ubicaría en el tercer lugar de los productos más exportados, por detrás de los pellets de soja (USD 8.800 millones) y el maíz (USD 6.000 millones). Y, como ya vimos en repetidas ocasiones, uno de los pocos consensos absolutos dentro de la disciplina económica es que resulta necesario impulsar las exportaciones para impulsar el crecimiento, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población.
Lo que despertó más polémica fue el extremismo de la medida, no solo por el hecho de que la actividad ni siquiera se había puesto en práctica (es más, los estudios de factibilidad ni siquiera se habían realizado), sino fundamentalmente por prohibirla sin antes explorar opciones intermedias (realizar estudios de impacto ambiental, desarrollar un marco regulatorio, establecer cupos de producción y monitoreo de la actividad, entre otras).
Frente a esto, el argumento esgrimido fue que se aplicó el “principio precautorio”, un eje esencial de la política ambiental moderna, que permite que la decisión se base en indicios de que la actividad es dañina, sin requerir la certeza científica absoluta. Si bien resulta adecuada la prudencia, frente al potencial exportador que tiene esta actividad (que como vimos resulta algo esencial para la economía argentina), sería deseable saber si hubo algún estudio que cuantificara los impactos ambientales, como para ver el tamaño de los mismos y compararlos. Por lo menos en cuanto a generación de gases de efecto invernadero, la cría de peces se encuentra lejos de ser una de las actividades que más contamina.
Cantidad de gases de efecto invernadero (kg de CO2 equivalente por kilo de alimento producido)
Fuente: Our world in data.
Sumado al argumento anterior, existe un fuerte escepticismo respecto de la habilidad del Estado para regular y controlar la actividad, tanto por la falta de capacidades estatales (es decir, la estructura y las personas idóneas para llevarlo a cabo) como por la debilidad frente al poder de negociación de las grandes empresas multinacionales. Abundan ejemplos de este estilo, los derrames de cianuro por parte de Barrick Gold en San Juan, los de petróleo en Vaca Muerta o los de la minera La Alumbrera en Catamarca.
De cualquier manera, la prohibición no debería ser la solución. Argentina, con más del 40% de su población por debajo de la pobreza, no se puede dar ese lujo. Más todavía cuando la actividad en cuestión tiene semejante potencial exportador. En este sentido, el desarrollo de las capacidades estatales es una tarea pendiente que es necesario retomar y poner más arriba en la agenda pública. Sumado a lo anterior, el gobierno debería articular una estrategia clara que defina la línea a seguir en cuestiones como ésta, donde entran en conflicto las actividades productivas y el medio ambiente. No se puede tener al ministro de Ambiente celebrando la medida y al de Desarrollo Productivo criticándola. Además, esto debería llevarse a cabo en común acuerdo con las provincias, dado que son éstas las que tienen soberanía sobre los recursos naturales que se encuentran en sus territorios (y por ende son también las encargadas de regular y controlar las distintas actividades sobre los mismos). En definitiva, necesitamos una estrategia verde de desarrollo, que trace los lineamientos para definir qué actividades impulsar, incorporando el impacto ambiental y mejorando las capacidades estatales para generar una regulación más eficaz que permita minimizar los daños al medio ambiente.
¿Más economía?
Va el resumen del panorama económico, a partir de los datos que salieron durante la última semana: la actividad económica se contrajo por tercer mes consecutivo, explicado por las restricciones a la circulación y el incremento de los contagios. Los salarios siguen por debajo de la inflación. La recaudación mantiene una senda alcista, impulsada por el comercio exterior. El Banco Central sigue acumulando reservas, gracias a las exportaciones récord del sector agropecuario. La nota completa la podés leer acá.
Mañana a las 5 de la tarde el Instituto de Economía Política de la UBA organiza un seminario sobre un tema muy relevante en este momento: “Tensiones en la cadena de ganado: ¿Muchas exportaciones, empleos, precios… y pocas vacas?”, a cargo de R. Negri (Ex Presidente del Senasa y Ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) y R. Bisang (Investigador especialista en el tema). Más información acá.
Juan Manuel Telechea – cenital.com
