La ley contempla el cobro de una alícuota base de 2% a patrimonios mayores a $200 millones
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) recaudó, hasta el 30 de noviembre, $237.300 millones en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario, los que representaron unos $10.000 millones más que al momento del vencimiento del tributo, a mediados de abril. Las estimaciones iniciales apuntaban a $300.000 millones.
«La diferencia es el resultado de la política de fiscalización y control», indicaron fuentes del organismo recaudador. Durante noviembre ingresaron $1.500 millones en impuestos, como resultado de las ejecuciones fiscales que impulsó la Afip a través de la Dirección General Impositiva (DGI). «Hasta la fecha unas 10.600 personas cumplieron con sus obligaciones frente al Aporte Solidario y Extraordinario», precisaron desde el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont.
Otro dato relevante que surge de los números que maneja el organismo es «la masculinización de la riqueza en Argentina». De acuerdo a las cifras oficiales, «el 74% de las personas que pagaron (el impuesto) son varones mientras que el 26% restante corresponde a mujeres».
«La relación se mantiene cuando se evalúa la distribución de los ingresos generados por género», subrayaron.
La Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas se aprobó a principios de diciembre del año pasado con el objetivo de moderar los efectos de la pandemia de coronavirus y alcanza a patrimonios superiores a los $200 millones. La ley contempla el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de $200 millones.
Esa tasa se elevó al 2,25% en casos de bienes por entre $300 y $400 millones, al 2,50% entre $400 y $600 millones y al 2,75% cuando sea de $600 a $800 millones. El gravamen subía a 3% cuando los patrimonios oscilan entre $800 y $1.500 millones; al 3,25% para el rango de $1.500 a $3.000 millones, y a partir de esa cifra es del 3,5%.
A mediados de abril venció el plazo para presentar la declaración jurada y realizar el pago del impuesto. A comienzos de mayo, la Afip informó que el Aporte Solidario había generado en un primer momento ingresos fiscales por más de $223.000 millones, luego de que alrededor de 10.000 contribuyentes encuadrados en esa categoría efectivizaran el pago del tributo. En esa oportunidad también advirtió sobre los procesos de fiscalización sobre quienes no hubieran presentado sus declaraciones juradas.
A fines de mayo, la AFIP habilitó la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares sobre las personas alcanzadas por el aporte solidario que no cumplieron con sus obligaciones. El organismo dispuso asimismo que aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones que adeuden el pago podrían regularizar su situación a través de planes de pagos.
Luego de eso, el organismo recaudador inició a fines de octubre último ejecuciones fiscales a unos 100 contribuyentes con elevados patrimonios que no pagaron el aporte solidario. Las medidas se impulsaron sobre personas con patrimonios superiores a los $200 millones que presentaron la declaración jurada, pero no hicieron el pago.
Las ejecuciones fiscales iniciadas se sumaron a las tareas de fiscalización y control realizadas en todo el país que dieron lugar a que distintos contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones presenten sus declaraciones juradas y realicen los pagos correspondientes.
Cuando venció el plazo para el pago, más de 100 contribuyentes interpusieron un recurso de amparo para evitar el pago de ese tributo. A fines de junio, el juez federal Walter Lara Correa rechazó una acción de amparo de un contribuyente, que se negaba a pagar el aporte, y sostuvo que la norma «respeta el principio de legalidad». Tres meses más tarde, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó dictar una medida cautelar contra el cobro del aporte.
Más allá de la recaudación, aunque terminó debajo de lo esperado, especialistas como el abogado Diego Fraga señalaron sobre los costos ocultos, o no tanto, del aporte. “En conjunto con muchas otras políticas que se llevaron adelante desde el Gobierno, contribuyó claramente al éxodo de empresas y residentes fiscales, justo en un momento en el que el país necesita de inversiones”, dijo Fraga.
“Nadie -por lo menos, hasta ahora- ha realizado un estudio de la cuantiosa recaudación que se ha perdido y que se perderá por las numerosas relocalizaciones de contribuyentes y empresas que, agobiadas por la insaciable presión fiscal en el país han decidido adoptar drásticas decisiones para su vida personal y comercial”, ecribió Fraga en la Tax Latam.
El Economista
