Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA señala que financió más de 1200 proyectos en barrios populares.

A principios de mayo el presidente Javier Milei firmó el decreto 312/2025 para eliminar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado como parte de la implementación de la Ley 27.453, sancionada por el Congreso en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue con amplio respaldo y significó una experiencia inédita, porque fue promovido por distintas organizaciones sociales que buscaban la creación de herramientas eficientes para afrontar la crisis habitacional en los sectores populares. Otro punto clave fue la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Re.Na.Ba.P), que contabilizó los núcleos habitacionales precarios con déficit de agua potable, cloacas, refacciones, ampliaciones y finalizaciones de viviendas que, en su gran mayoría, fueron construidas por sus propios habitantes hasta donde pudieron.

A partir de 2020 el FISU se financió con el 9% de la recaudación del impuesto PAIS, pero apenas asumió Milei la redujo al 0,3% y provocó, de inmediato, la paralización de «más de 700 obras en todo el país», según denunció la Mesa Nacional de Barrios Populares. Al freno de los trabajos se sumó el deterioro de las obras que estaban en desarrollo y la interrupción de 25.000 puestos laborales en su mayoría de cooperativas

El Centro de Cooperativas y Economía Social (CENCOES) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires realizó un «Informe de revisión del marco normativo y evaluaciones de programas de integración socio-urbana en Argentina (2019-2024)». Se enfocó en las auditorías realizadas durante esos años por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (ODSA-UCA) y también por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El trabajo se realizó sobre los programas Lote.Ar y Mi Pieza, dos iniciativas del FISU, y también sobre el rol que tuvo la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) para aplicar la ley 27.453.

En el documento al que accedió Tiempo en exclusiva, el CENCOES-UBA destacó que «entre 2019 y 2023, la SISU financió más de 1.200 proyectos de integración socio urbana en más de 1000 barrios populares de Argentina, abarcando las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Las «intervenciones se llevaron a cabo en más de 300 municipios del país, con proyectos adaptados a las necesidades específicas de cada comunidad», sostiene el informe. Las iniciativas «incluyeron obras de infraestructura, mejoramiento del hábitat y generación de nuevo suelo urbano, beneficiando a alrededor de 772.000 personas».

Respecto a la ejecución presupuestaria el estudio se enfocó en las conclusiones de un análisis realizados por el CIPPEC. «Se puede apreciar que las organizaciones sociales fueron las que lograron ejecutar la mayor parte del presupuesto dentro de las acciones financiadas por el FISU». El CIPPEC concluyó que «las organizaciones sociales gestionaron, en el período analizado por CIPPEC, el 60% de los proyectos, con un avance financiero del 62% y un avance físico del 65%, siendo el 53% de estos proyectos los que se encontraban en ejecución al momento del informe». En el ranking de mejores condiciones de ejecución financiera las unidades ejecutoras de las organizaciones sociales están por encima de las municipales y de las provinciales, que ocupan el último lugar.

Respecto al programa Mi Pieza, el estudio consideró que permitió «mejorar de forma ágil y masiva las condiciones habitacionales de mujeres en barrios populares registrados en el Re.Na.Ba.P». «Su diseño combinó transferencia directa de recursos, herramientas digitales para la gestión transparente, y un enfoque de género que promovió la autonomía de las beneficiarias», indicó el trabajo del CENCOES. Según el ODSA-UCA, «el estado de las viviendas mejoró considerablemente: el 60% calificaba sus viviendas como regulares antes de las obras, cifra que bajó al 5%, y el porcentaje de viviendas en mal estado se redujo del 20% a menos del 1%». Otro informe del BID «confirmó mejoras en la calidad de materiales de pisos, paredes y techos».

«La experiencia de Mi Pieza -dice el informe- muestra que el déficit habitacional cualitativo no se limita a los barrios incluidos en el Re.Na.Ba.P», por eso recomendó «extender el programa a zonas precarizadas fuera de este registro, que enfrentan problemas de hacinamiento y construcción deficitaria», para «alcanzar a una población desatendida».

El programa Lote.Ar fue otra parte del análisis. «Contribuyó a contener el crecimiento de los barrios populares y promoviendo la planificación urbana sostenible. Este programa cumplió con su objetivo de generar suelo urbano de calidad y accesible para sectores populares, una iniciativa sin precedentes en el ámbito estatal nacional», destaca el paper, que será presentado este lunes en la Facultad de Ciencias Económicas. «Su despliegue en 18 de las 24 provincias demuestra un considerable alcance territorial pero además Lote.Ar incorporó tierras fiscales y amplió criterios de adjudicación, integrando también familias fuera del Re.Na.Ba.P».

El documento concluyó que «las políticas de integración socio-urbana implementadas entre 2019 y 2023 representan un cambio de paradigma hacia una visión integral que busca superar las fragmentaciones históricas de la intervención estatal». Según sostuvo el informe, «este período sentó las bases para transformar los barrios populares en territorios más inclusivos y resilientes, aunque los desafíos pendientes subrayan la necesidad de consolidar y profundizar este modelo a través de una planificación más estratégica y sostenible». Milei lo anuló hace casi dos meses, después de una táctica de demonización en los medios con presuntas denuncias que no pudieron sostener ninguna prueba en la Justicia.  «

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