La intervención de la cerealera motivó una solicitud en la Cámara baja debido a los créditos otorgados por el Banco Provincia durante el mandato de Cambiemos.

La decisión del presidente Alberto Fernández de expropiar la cerealera Vicentin, actualmente en convocatoria de acreedores, abrió un capítulo en el territorio bonaerense debido a los créditos otorgados por el Banco Provincia durante la gestión María Eugenia Vidal.

Sucede que, a la par de la investigación que iniciará el Ejecutivo, principal acreedor del Grupo Vicentin, por un préstamo del Banco Nación de $18.182 millones, desde el bloque del Frente de Todos en Diputados piden conocer la situación actual con la banca pública provincial.

Por esto, por medio de un pedido informes ingresado por el legislador Alexis Guerrera reclamaron que el gobernador Axel Kicillof le requiera al Banco Provincia la deuda total, estimada en $1.814 millones, pagos realizados, cuotas pendientes y las garantias que requirió la entidad para otorgar el beneficio.

En concreto, el monto total que debe Vicentin supera los $99.000 millones, sumando banco Hipotecario y Macro, entre otros. Pese a que la empresa reestructuró sus pasivos en tres oportunidades durante 2019, se le hizo imposible entrar en cesación de pagos. De hecho, en diciembre se declaró en default por supuesto “estrés financiero”.

“Procuramos esclarecer una situación que a la luz de los hechos resulta de dudosa transparencia, y que conlleva la necesidad de averiguar si los aportes crediticios del Banco de la Provincia fueron otorgados para su buen uso o simplemente se trató de una devolución de favores entre amigos del poder de turno”, apunta Guerrera en la iniciativa.

Las averiguaciones, se tornan aún más oscuras partiendo de la información aportada por la Cámara Nacional Electoral (CNE), donde se puede constatar que el grupo cerealero aportó a través de sus empresas algodoneras de Avellaneda y San Lorenzo la millonaria suma de $13.500.000 para financiar la campaña de Cambiemos, partido al cual pertenece la exgobernadora.

“Como representantes de todos y todas las Bonaerenses, resulta imperioso conocer la situación que atraviesa la banca provincial en el contexto de dicho concurso, como así también visualizar que acciones judiciales iniciadas con el objeto de garantizar el cobro y de constatar si se cumplieron los debidos requisitos legales”, agregó el diputado.

En este sentido, el legislador amplió que “resulta necesario conocer en forma directa y precisa las condiciones del préstamo y tipo de financiamiento, las fechas de otorgamiento y la situación actual de la deuda”. “Con la misma finalidad, es preciso determinar qué tipo de garantías solicitó el Banco Provincia para otorgar el financiamiento”, concluyó.

Vale recordar, que dicha intervención del Grupo Vicentin volvió abrir la famosa grieta que parecía camuflarse en el marco de la pandemia de coronavirus. Desde la oposición catalogaron la medida como “una maniobra ilegal por avanzar sobre las funciones y atribuciones específicas de los Poderes Legislativo y Judicial”. “No vemos la necesidad y urgencia del pueblo argentino de contar con una empresa estatal de este tipo”, expresaron por medio de un comunicado.  

En tanto, por medio de un proyecto, ingresado por la senadora Felicitas Beccar Varela y su par de Flavia Delmonte, sostuvieron que “no se verifican bajo ningún punto de vista las causales de interés público bajo el objetivo de que la República Argentina logre el autoabastecimiento alimentario”.

Del otro lado de la vereda, los legisladores oficialistas rápidamente salieron a respaldar la decisión de Alberto Fernández. “Resulta imperioso que se asuma un protagonismo en la producción y exportación de alimentos, a fin de garantizar soberanía y salubridad alimentaria, precios justos de acceso a los alimentos, logística y comercialización”, remarcaron.

Para los diputados y senadores del Frente de Todos la expropiación de la cerealera también representa una oportunidad para “promocionar el arraigo en cada territorio del país y de la Provincia sin importar su tamaño ni su ubicación geográfica”.

Diputados Bonaerenses