La versión circula entre el núcleo más estrecho de la Superintendencia de Servicios de Salud quienes al inicio del conflicto junto con la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS crearon una mesa de trabajo junto a prestadores del sector para resolver aquellas situaciones específicas de pagos.
“El atraso en el pago a los prestadores hace que peligren las prestaciones básicas para las personas con discapacidad” declararon desde la Asociación Civil Prestadores Discapacidad Unidos durante una reunión de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, donde diferentes instituciones expusieron las dificultades que atraviesa el sector y pidieron el urgente tratamiento de una nueva Ley de Discapacidad.
“En realidad, siempre el sistema funcionó con un poco de retraso, siempre se lograba cobrar las prestaciones a través de las obras sociales a 60 o 90 días pero con este nivel de inflación es cada vez más difícil”, recalcó Martín Passini, de la Asociación Apadim de la provincia de Córdoba.
Otro de los puntos álgidos es la necesidad de actualización de los valores de los aranceles de las prestaciones contempladas en el Nomenclador. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció el 1°de agosto un aumento de un 25%, con cláusula gatillo en el mes de octubre. Según la Resolución Conjunta 8/2022, publicada en el Boletín Oficial, el aumento es no acumulativo y se aplica en 3 cuotas (10% a partir del 1° de julio, 10% a partir del 1° de agosto y 5% a partir del 1° de septiembre).