La Subsecretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires calificó el hecho como “un claro caso de violencia institucional” y pidió celeridad en la investigación
El Gobierno bonaerense se presentará como querellante institucional en la causa que investiga la muerte de Luciano Olivera, el joven de 16 años que recibió un disparo en el tórax por parte de un efectivo de la Policía provincial tras una persecución en Miramar ocurrida en la madrugada de este viernes.
A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, las autoridades consideraron que, ante las pruebas recolectadas, lo sucedido constituye “un claro caso de violencia institucional que implicó la utilización letal de la fuerza”. Por eso pidieron los órganos judiciales competentes que desplieguen una investigación “pronta, exhaustiva y consistente” para determinar las circunstancias en las que el adolescente murió y si los policiales involucrados tienen “responsabilidades funcionales y penales” en el desenlace de los hechos.
Para ello, informaron que dispusieron todos los mecanismos jurídicos y socio comunitarios de intervención. El Director de Políticas contra la Violencia Institucional y la Directora de Grupos en Situación de Vulnerabilidad se dirigió, acompañado de equipos técnicos, hacia la localidad costera para reunirse con la fiscalía, integrantes del Poder Ejecutivo local y con la familia de la víctima, para iniciar el proceso de acompañamiento jurídico legal y sociocomunitario.
Por el caso está detenido el efectivo de la Bonaerense Maximiliano González. De acuerdo al relato de la tía de Luciano, el chico “salía de jugar a la pelota y se iba para la casa”, tal como ocurrió con Lucas González, baleado por la Policía de la Ciudad semanas atrás en Barracas. La mujer contó que cuando su sobrino vio al patrullero “salió corriendo para que no le sacaran la moto porque no tiene registro, lo tiraron de la moto y lo mataron”.
El sumario policial del hecho al que accedió Infobae asegura que cerca de las 4 de la madrugada el Comando de Patrulla de Miramar intentó identificar a un joven a bordo de una moto Yamaha YBR de 125 cc color roja que supuestamente se dio a la fuga al ser alertada en la zona de la plaza principal de la ciudad balnearia.
Cuando la moto fue interceptada por otro móvil del comando, luego de una alerta radial, Luciano detuvo su marcha. Pero luego, según se informa en el sumario, el joven volvió a encender el motor y se dirigió contra uno de los cuatros policías que intervenía en el procedimiento.
Ahí fue cuando González disparó su pistola reglamentaria. De acuerdo a su propio relato, el disparo se le escapó. A pesar de las tareas de reanimación que le practicaron, cuando llegó la ambulancia Luciano ya estaba muerto.
El hecho despertó la ira de familiares y amigos de Luciano, que esta mañana se acercaron a la escena del homicidio para comenzar una protesta enardecida que terminó con incidentes con la Policía.
González ahora espera su indagatoria. La causa está a cargo de la fiscal Ana Caro, con tareas designadas a la Policía Federal.
“Es oportuno tener presente que de acuerdo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que la Argentina ha adherido, en los casos donde la responsabilidad penal de una fuerza de seguridad está bajo sospecha, existen estándares agravados de debida diligencia en la investigación, que obligan a los órganos judiciales competentes a llevar adelante una investigación con celeridad, sin dilaciones, seria, imparcial y eficaz para determinar si se han vulnerado derechos humanos y proteger a las víctimas y asegurar su efectivo acceso a la justicia. Y más aún, cuando se trata de personas que gozan de una protección especial por su condición de niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño de jerarquía constitucional”, recordaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense por medio de un comunicado.
Infobae
