El gobierno nacional deberá presentarse el próximo 11 de julio a una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí deberá brindar explicaciones por la represión desatada frente al Congreso y las 33 detenciones arbitrarias contra manifestantes que se dieron el 12 de junio pasado.

El pedido ante la CIDH fue realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras agrupaciones. En el documento describen en detalle la violencia contra manifestantes, diputados y periodistas por parte de las fuerzas de seguridad. Ese día Rosario Bao (Infonews) y Mario Sadras (Radio Gráfica) recibieron gas pimienta directo a sus ojos. También está el caso del fotoreportero, Mariano Dalaison, que recibió un balazo de goma en la frente. Esto vuelve a poner en escena la intencionalidad de parte de la policía para disparar directo a los ojos como un método importado desde Israel para reprimir manifestaciones, algo que ya fue denunciado por este propio medio en febrero de este año. El CELS también rescata el dato que circuló por redes de que los gases lacrimógenos usados habían vencido en 2022, lo que provoca un daño mucho mayor hacia la salud.

Las acusaciones por “terrorismo” que Javier Milei y Patricia Bullrich volcaron en los medios no se condice con lo que expresa la resolución de la jueza María Servini que dejó en libertad a 11 de las 16 personas detenidas. Algunos fragmentos:

• Gonzalo Duro, uno de los detenidos, relató ante la justicia que un policía lo empujó contra el cordón de seguridad y ahí fue cuando lo detuvieron: “lo que recuerdo es una situación como si me estuviera ahogando en una pileta, yo estaba en el piso, veía manos y caras y golpes y patadas, me doblaron un dedo, me dijeron ‘quedate quieto porque te lo rompo’”. Gonzalo dice que estuvo alrededor de una hora dentro del camión en el que lo tenían detenido, que la puerta se abrió y que la policía llegó con piedras y banderas para meter adentro, “piedras que ellos – el personal policial – ya tenían ahí”, dice y añade: “Yo vi como las actas de secuestro eran firmadas por el propio personal policial, como si fueran los testigos de procedimiento”.
• Rubén Martín Dirroco denuncia que la policía lo frenó en una esquina junto a un grupo de gente y que después de eso “nos tiran no sé cuantos tiros”. Rubén se queda quieto, haciendo caso a lo dicho por las fuerzas de seguridad, “y me agarran y me tiran al piso, se me tiran arriba, abracé mi mochila en el pecho para que no me presione contra el piso porque me estaban poniendo la rodilla en la espalda”, explica. Después los llevaron a la Alcaldía de Zabaleta y los hicieron dormir esposados en el patio hasta las 9 de la mañana.
• Mateo Emilio D’ettore relata algo similar, que lo detuvieron, que lo tiraron al piso, que le pusieron la rodilla sobre el pecho y que lo esposaron. El testimonio dice que después de eso un policía llamó a otro y le indicó que pusiera una piedra dentro de la mochila de Mateo.
• El subcomisario Sergio Ariel Ferrer dijo en su testimonio que dos detenidos habían “tirado piedras” pero que no podía “confirmarlo personalmente” porque no estuvo en el lugar para verlo y dijo que tampoco podía determinar quién sí podía confirmarlo.
• La jueza Servini se encarga de señalar las escasas pruebas aportadas para intentar acusar a las y los detenidos. Escribe que si bien hubo un inspector de apellido Boni que señaló a un grupo de detenidos como parte de los encapuchados que hicieron destrozos, “no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa – máscaras, ondas, piedras, palos, etc -. A consecuencia de ello, de momento no se poseen registros fílmicos de los hechos, ni se produjo secuestro de objeto alguno que acredite los hechos”.
• El inspector Diego Lombardero detuvo a tres personas pero Servini dice que “nunca declaró y no posee al momento ninguna filmación”. La jueza incluso va más allá y habla de “orfandad probatoria” para referirse a las nulas pruebas de la policía para detener a los imputados.
• En las más de 100 horas de video que recibió el juzgado a cargo de Servini no está el momento en el que se vuelca y prende fuego un móvil del medio Cadena 3, algo que la propia jueza destaca como una ausencia. En otros tramos de la resolución Servini también pone el foco en las diferencias entre los testimonios de la policía y los videos donde se puede observar que los manifestantes no estaban cometiendo delitos.

Todavía quedan cinco personas privadas de su libertad que ya se encuentran en condición de procesados, bajo prisión preventiva y con embargos por más de 500 mil pesos sobre sus bienes personales. Quienes fueron liberados ya denunciaron condiciones inhumanas de detención y métodos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto deberá explicar el gobierno el próximo 11 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

APU (Agencia Paco Urondo)