La investigación desnuda el sistema que abrió la puerta a que las grandes empresas exportadoras argentinas instalen firmas en Uruguay para triangular las ventas con el exterior.

Miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) realizaron un estudio que deja al descubierto el rol de Uruguay en las prácticas del abuso fiscal de los grandes grupos empresariales de Argentina. Los académicos pertenecen a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Escuela-IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

“La creación de firmas en distritos de baja o nula tributación les ha permitido a las grandes corporaciones eludir el pago de impuestos, privando a los estados -especialmente a los más pobres- de recursos que podrían ser destinados al desarrollo económico y social”, explicó Alejandro Gaggero, de IDAES-UNSAM e investigador del CONICET, a Tiempo. En esta operatoria las protagonistas son las empresas offshore, “denominadas empresas cáscara, que no realizan ningún proceso productivo, sino que tienen por función mantener participaciones en empresas ubicadas en espacios extraterritoriales, otorgar y recibir préstamos, o funcionar como intermediarios comerciales”, agregó.

“En la mayoría de los casos se trata de un código postal o de una oficina registrada en edificios corporativos donde tienen sede firmas de servicios empresariales”, contó el investigador. Resulta ser que estas firmas son una parte central en la expansión del abuso fiscal corporativo, que se basa en el desajuste entre la ubicación de la actividad económica real de las empresas y el lugar donde declaran sus ganancias con fines tributarios”, aseguró.

La pérdida fiscal en todo el mundo

Para tener una idea de la magnitud del daño que provocan -según el análisis realizado- este tipo de prácticas opacas, hacia el año 2021, las pérdidas fiscales en todo el mundo como consecuencia del abuso fiscal transfronterizo por parte de empresas multinacionales y de personas que ocultan activos: fue de 483 mil millones de dólares.

“La utilización de estos esquemas no implica necesariamente la comisión de un delito, pero los estudios disponibles muestran que el grueso de los capitales que circulan por ellas corresponden a flujos financieros ilícitos”, subrayó Gaggero. Se trata del movimiento de excedente “de un país a otro que ha sido ganado, transferido o utilizado de manera ilegal, así funciona la principal fuente de la actividad comercial fraudulenta de grandes corporaciones”, apuntó.

Un ejemplo, no muy presente en los debates públicos, “es el de la manipulación de los precios de transferencia”, señaló el investigador. Las empresas multinacionales forman parte “de grandes grupos económicos, con empresas en países donde producen y firmas en distritos de baja tributación que utilizan como supuestos intermediarios comerciales o proveedoras de servicios”, explicó.

Esto les permite manipular los precios de operaciones -reales o ficticias- entre empresas del mismo grupo, con el objetivo de reducir las ganancias de las empresas radicadas en países como Argentina y aumentarlas en las que operan en distritos de baja o nula tributación.

Además, estas prácticas “no sólo son usuales en las grandes empresas transnacionales”, dijo Gaggero. Sino que en las últimas décadas “los grupos económicos de los países periféricos también han creado estructuras offshore para minimizar el pago de impuestos”, concluyó.

Uruguay y los flujos financieros ilícitos

El trabajo realizado por los investigadores muestra que a lo largo del siglo XX Uruguay implementó distintos regímenes con el objetivo de reducir impuestos para convertir al país en plaza financiera y atraer al capital extranjero, como en el caso de las zonas libres de impuestos (zonas francas), que se crearon en 1920.

Luego, en 1948, el país dio un nuevo paso para transformarse en una nación de baja tributación para el capital extranjero. Fue cuando crearon las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI); son entidades offshore registradas en el país para operar en el exterior con exoneración de tributos.

“Este sistema se expandió a fines de los ‘80 con la sanción de distintas regulaciones estatales que permitieron que las SAFI realizaran operaciones comerciales con el exterior por cuenta propia o de terceros para terceros”, repasó Gustavo Zanotti, miembro de la Universidad Nacional de Rosario e investigador del CONICET. A principios de la década antes mencionada, “el país también estableció el secreto bancario, que a través de la Ley 15.322 impedía suministrar información sobre los titulares de las cuentas o inversiones de cualquier tipo”, recordó.

Fue esta normativa la que convirtió a Uruguay en una plaza atractiva para la posibilidad de construir esquemas de planificación fiscal por parte de empresas de la región, en especial de Argentina, un país con inestabilidad macroeconómica y crisis recurrentes.

Sin embargo, en el 2.000, Uruguay comenzó a recibir presiones para modificar el esquema, tanto por parte de países de la región, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional. Finalmente, en 2004 el país fue calificado por el Foro Global de la OCDE como un centro financiero no cooperante, junto a Andorra, Malasia y Filipinas, entre otros.

Ley de Reforma Tributaria

Ante estas medidas, “a partir de 2005 llevó adelante ciertas reformas, accediendo a algunos de los requerimientos”, contó Zanotti a este diario. En 2006 se flexibiliza el secreto cambiario y al año siguiente “entra en vigencia la Ley 18.083 de Reforma Tributaria, que impidió que se constituyeran nuevas SAFI y limitó el funcionamiento de las existentes hasta fines de 2010”, agregó. 

No obstante, en 2009 la OCDE incluyó al país en el listado de países que no adoptaron el conjunto de reglas de transparencia fiscal de la Unión Europea, aludiendo principalmente a la ausencia de acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria. A partir de ese momento se fueron implementando cambios y Uruguay salió del listado en 2011, aunque volvió a ingresar, primero en 2017 y después en 2022.

En enero de 2011, si bien dejaron de operar las SAFI, el país siguió enrolado en el principio de fuente territorial -que no registra las actividades desarrolladas en el exterior- y conservó incentivos tributarios a los inversores de otros países. Uno de los principales apuntó a las empresas holding, cuyo objeto exclusivo es la participación en el capital de otras sociedades.

“Otro de los incentivos está orientado a las empresas de intermediación en la compraventa internacional de mercaderías y servicios trading”, señaló Zanotti. Continuó explicando que existe una tributación especialmente benigna para las siguientes actividades, “compraventa de mercaderías situadas en el exterior, que no tengan por origen ni destino el territorio nacional, también la intermediación en la prestación de servicios, siempre que los mismos se generen y utilicen fuera del país”.

“La propia normativa abarca únicamente a las empresas sin sustancia económica ya que se trata de firmas que comercializan mercaderías producidas en el exterior y que no tocan suelo uruguayo”, señaló el investigador. En caso que las empresas tengan sustancia económica y agreguen valor a la producción y distribución, “entonces quedarían excluidas del régimen especial y deberían abonar la alícuota general”, sostuvo.

“Este sistema abrió la puerta a que las grandes empresas exportadoras argentinas instalen firmas en Uruguay para triangular las ventas con el exterior”, explicó Zanotti. Finalizó diciendo que se hizo así “con el objetivo de disminuir las ganancias de las firmas que realmente producen, transfiriendo utilidades a las empresas uruguayas”.

De esta manera los investigadores dejaron al descubierto el rol de Uruguay en las prácticas de abuso fiscal de los grandes grupos empresariales de Argentina. Los académicos también expresaron sus profundos agradecimientos a la Fundación Friedrich Ebert, que los apoyó en el trabajo realizado.

Tiempo