Desde el oficialismo sostuvieron que se trata de reparar una “inequidad” mientras que la oposición ratificó que judicializarán la norma.
El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley el proyecto que recupera fondos coparticipables para la provincia de Buenos Aires que habían sido transferidos por decreto durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri a la Ciudad de Buenos Aires.
La norma, aprobada por 40 votos contra 25, estipula un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el monto a destinar para la policía porteña, modificación acordada en la Cámara de Diputados.
Fue en una sesión especial realizada esta tarde en la que la bancada opositora de Juntos por el Cambio ratificó que la norma será denunciada ante la Justicia por considerarla irregular, tal como manifestó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
La senadora del Frente de Todos, María de los Angeles Sacnún, advirtió que la oposición plantea «permanentemente una judicialización de las leyes» y consideró que hay quienes pretenden «socavar» al sistema republicano en lo que parece, dijo, «una democracia de los jueces».
En su discurso, Sacnún dijo que se está yendo a una «democracia de los jueces» en la que «no importan las atribuciones de los poderes, total siempre hay un juez amigo que tira por el piso las definiciones que tiene que tomar uno de los poderes del Estado«.
Para su par de bancada, Mariano Recalde, señaló que no se trata de «quita ni de coparticipación» sino que lo que se busca «es corregir y enmendar» una «inequidad» y «algo que se hizo mal» y acusó Rodríguez Larreta, de ser «cínico» por querer «echarle la culpa al Gobierno nacional de las políticas liberales».
«Larreta nunca utilizó esos fondos para mejorarle la vida a los porteños, al contrario se redujo el gasto en educación, tenemos el presupuesto en educación más bajo y se redujo al presupuesto en salud y en políticas sociales«, fustigó Recalde.
En tanto, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, consideró que Macri «hizo un uso autoritario del poder» al reasignarle fondos a la Ciudad y aseguró que las autoridades porteñas «se llevaron fondos demás» y se beneficiaron «con privilegios» que «ofenden a los argentinos».
Como miembro informante de la oposición, la senadora de Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, cuestionó el trato a los porteños por parte del Gobierno central y calificó como «peligroso» que se cuestione «la autonomía» de un distrito como la Ciudad de Buenos Aires.
Tagliaferri criticó a senadores del oficialismo que durante el debate en comisiones «hicieron especulaciones políticas electorales» y advirtió que «han llegado a decir que la Ciudad no es una provincia, sino una aberración jurídica«.
En los discursos de cierre, el senador radical Martín Lousteau, consideró que el presidente Alberto Fernández «modificó la ley de coparticipación sacándole recursos a un distrito para darselos a otro«, tras la protesta de la policía bonaerense en reclamo de mejores salarios.
Lousteau reconoció que la provincia de Buenos Aires es de las más «relegadas» en cuanto a redistribución de fondos, pero señaló que fueron mandatarios «del peronismo los responsables» de esa inequidad, y afirmó que lo que «buscan es complicarle la vida» a un eventual «competidor político» como Rodríguez Larreta.
El senador del PRO por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, retrucó los dichos de Sacnún y consideró que lo que se judicializa «es el abuso de la mayoría» y ratificó que irán «a la Justicia» porque creen «en la independencia de poderes«.
Su par Gladys González, también representante bonaerense, recriminó al oficialismo «su forma de ejercer el poder» mediante «el miedo y la extorsión» y se quejó por «la falta de diálogo» y la acentuación de «la grieta» que, afirmó, promueve el Frente de Todos.
La iniciativa llegó al Senado en segunda revisión desde la Cámara de Diputados, que también lo aprobó luego de un arduo debate con la oposición y en medio de negociaciones con legisladores de bloques aliados.
Entre los cambios incorporados figura la apertura de un período de negociaciones de 60 días, antes de establecer el monto a transferir a la Ciudad para el funcionamiento de la policía, y que se realizará entre las autoridades nacionales y las porteñas.
Esa modificación incorpora a la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en la discusión y determina que «el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo y el Gobierno porteño en ese plazo de sesenta días».
El texto aprobado inicialmente por el Senado en el primer tratamiento que hizo sobre el tema establecía una suma fija de 24.500 millones de pesos actualizado trimestralmente, pero ahora se determinó que ese monto deberá acordarse en el convenio que deberán firmar Nación y Ciudad.
Diputados Bonaerenses
