Desde el organismo provincial explican que si el fiscal sigue gozando de impunidad, se debilita la institucionalidad y los símbolos de la democracia.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó a este diario que el próximo 28 de marzo se realizará la audiencia de juicio político a quien era el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro, Claudio Scapolán. Fue procesado hace una década por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios presidido por la doctora Ana María Bourimborde.

“Scapolán fue apartado preventivamente por los graves delitos en los que se encuentra imputado, así lo decidió la mayoría del Jurado”, contó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en una entrevista con Tiempo. Continuó relatando que esto sucedió “a partir de una investigación judicial llevada a cabo por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, el procesamiento lo dictó la jueza federal del mismo partido bonaerense, Sandra Arroyo Salgado. Lo hizo en el marco de la causa FSM 36447/16 caratulada, «NN s/infracción a la Ley 23. 737. Nosotros como organismo provincial somos querellantes”.

“Luego de su procesamiento, hubo un arbitrario y escandaloso fallo, la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento y dictó  falta de mérito en la mayor parte de los delitos en los que imputado”, señaló el secretario ejecutivo. Solo le confirmaron el delito de falsedad ideológica de documentos públicos en el caso más resonante que es ‘Anacona’ donde se comprobó el robo de casi media tonelada de cocaína que fue secuestrada en un procedimiento judicial”, se quejó.

“Este fallo fue apelado, pero el delito por el que quedó procesado en segunda instancia, justifica y hace necesario su apartamiento del cargo”, explicó el abogado. Además de la gravedad institucional que representa este caso: “Trascendió públicamente posibles maniobras dilatorias que se originaron en la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Legislatura provincial”, denunció.

“Desde la Comisión sostenemos que estas maniobras dilatorias tienen como objetivo solicitar dicho expediente para analizarlo y postergar la audiencia”, señaló García. Puntualizó que de este modo buscan “dejar de lado el juicio político contra Scapolán”.

“Nosotros como querellantes sostenemos que los delitos imputados al fiscal involucran y ponen en peligro el correcto funcionamiento de instituciones del Estado”, alertó el secretario ejecutivo. Denunció que esto sucede porque existe “la participación en los hechos de funcionarios de distintas jerarquía, que han socavado y comprometido la integridad estatal de derecho y el sistema democrático”.

“Estamos frente a un caso de alta gravedad institucional, que está configurado por distintos hechos de corrupción y violencias estatales de todo tipo”, remarcó el abogado. También afirmó que consideran “que las personas involucradas en la causa -además del fiscal- fueron o son funcionarios públicos encargados de perseguir delitos como los que ellos mismos han cometido”.

“Nos preocupa muchísimo esta situación, porque existe la posibilidad de que se realicen  maniobras políticas que pongan en riesgo el inicio del proceso y enjuiciamiento del fiscal Scapolan para consolidar su impunidad ante los gravísimos delitos en los que se encuentra imputado”, advirtió el secretario ejecutivo. Por todo ello “reiteramos el pedido sobre que se lleve a cabo el jury que está previsto para el próximo 28 de marzo sin ningún tipo de interrupción”, reclamó.

“Hoy nos encontramos a 40 años del fin de la última dictadura cívico-militar, consideramos imprescindible el compromiso total de todos los sectores políticos democráticos para sanear el funcionamiento de las instituciones garantes de la plena vigencia de los derechos constitucionales”, imploró el secretario ejecutivo. Finalizó advirtiendo que si el fiscal sigue gozando de impunidad: “Se sigue debilitando la democracia que tanto costó alcanzar en nuestro país”.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios está presidido por la doctora Ana María Bourimborde e integrado por los conjueces legisladores: senador Juan Pablo Allan (Juntos); diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos); diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos); senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) ; diputada María Eugenia Brizzi (Juntos); y los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez; Héctor Benito Mendoza Peña; Carlos Garavaglia; José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli,

Por mayoría de votos resolvieron el pasado 23 de febrero convocar para el próximo 28 de marzo la realización de la audiencia de juicio político contra el fiscal Claudio Scapolán, que titulaba la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro. Lo hicieron en el marco de los expedientes S.J. 368/16 y S.J. 605/21.

Los delitos en los que está imputado el fiscal

El fiscal está acusado de asociación ilícita en carácter de jefe, instigador de falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal en perjuicio de los inculpados. Uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada en dos oportunidades, una de ellas en calidad de instigador y la restante en calidad de autor. Sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada por haber intervenido a tres o más personas organizadas para cometerlas y por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención y persecución de estos delitos. También por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros crímenes graves.

Todos ellos fueron cometidos conjuntamente con otras 32 personas, la mayoría son efectivos policiales de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes. Abogados de la matrícula que facilitaban los mecanismos extorsivos y falsos testigos de actuación que garantizaban el círculo de impunidad que ostentó esta asociación ilícita durante los años 2013 y 2014.

Sin embargo, solo los policías serán llevados a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín, quedando fuera del proceso penal el fiscal Claudio Scapolán. En este sentido, cabe destacar que el ex ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, ya explicó todo el entramado de relaciones que perpetúa la impunidad marco-policial y criminal en su libro «Por qué preferimos no ver la inseguridad», (M. Sain; 2017). Justamente, el académico y escritor, en su obra analiza a la Justicia sanmartinense que tiene que juzgar a esta súper banda delictiva que goza de impunidad desde hace una década. 

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