Mientras los datos consistentes de las encuestas indican una percepción de insatisfacción generalizada con la situación económica, en el Gobierno celebraron efusivamente los datos del INDEC que recogían por una parte los niveles de actividad más altos registrados y, por otro, un guarismo de pobreza cercano a los mínimos de 2017. Como de costumbre cuando hay divergencias entre la información registrada o la percepción pública, conviene por lo menos revisar los datos para intentar entender, al menos en parte, ese desajuste.

Por un lado, la recuperación de la actividad económica aparece afectada por un desequilibrio que privilegia sectores como el agro, el petróleo y la minería metalífera sobre la industria manufacturera y los servicios, intensivos en empleo y más anclados en los centros urbanos, que se retraen. La diferencia entre el índice de confianza en el Gobierno en el AMBA, donde se derrumbó, y el interior, donde se mantuvo estable –con una leve suba–, es indicativa de esa disparidad.

Por otra parte, los números a los que se aferró el Gobierno son de 2025, un año en el que se consolidó una baja de la inflación que empezó a revertirse parcialmente en la segunda mitad del año, estancándose en torno al 3% mensual. Esa baja fue reconocida en las elecciones de octubre, aún a pesar de los problemas que asomaban. Hoy, con el acumulado de inflación en los niveles mencionados –y los picos más lejos en el tiempo– la tolerancia social es menor y los salarios e ingresos acumulan meses de caída real. Por último, el dato de pobreza debe matizarse también por las deformaciones que supone el paso de un régimen de alta inflación a uno de inflación moderada.

El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) publicó en los últimos días un trabajo en el que analiza hasta qué punto las variaciones recientes pueden estar influenciadas por problemas de medición, intrínsecos al contexto de alta inflación. El trabajo, con las firmas de Iván Albina, Leonardo Gasparini y Leopoldo Tornarolli, parte de una observación empírica: entre 2023 y 2025 la tasa de pobreza mostró oscilaciones muy fuertes –subas y bajas abruptas– difíciles de explicar únicamente por cambios reales en la economía, por lo que se preguntan si los factores metodológicos pueden jugar un rol en tales basculaciones.

El estudio identifica y cuantifica una serie de fuentes de sesgo en la medición de la pobreza por ingresos. La primera es el desfase temporal entre los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y los precios usados para calcular la canasta de pobreza; la segunda, el subreporte de ingresos en esas encuestas, comparado con los registros administrativos; y la tercera, la utilización de patrones de consumo desactualizados para definir la línea de pobreza.

El primer problema –el desfase temporal– surge porque los ingresos reportados corresponden a períodos distintos de aquellos en los que se valorizan las canastas básicas. En contextos de alta inflación, esta diferencia puede ser significativa. Si los ingresos se miden con precios de un período distinto –aunque sean de unos pocos meses–, la pobreza puede ser sobreestimada o subestimada. Para ponerlo simple, si los ingresos mensuales informados se miden contra una canasta de pobreza calculada semestralmente, los resultados pueden quedar distorsionados por efecto de la inflación que, con los valores de 2023 –encima del 5% mensual– pueden ser montos muy significativos. Los autores muestran que ajustar este desfase tiende a reducir los niveles de pobreza medidos en tiempos de alta inflación.

El segundo aspecto es el subreporte de ingresos en las encuestas de hogares, un problema repetido y habitual, pero particularmente relevante en contextos inflacionarios. El estudio muestra que este subreporte no es homogéneo, sino que varía según la fuente de ingresos –menor subreporte en ingresos fijos y estables– y está concentrado en algunos segmentos de la distribución –menor subdeclaración en segmentos bajos, mayor en medios y altos–. Esto implica que las estimaciones de pobreza basadas en datos declarados pueden estar sesgadas, afectando tanto el nivel como la dinámica de la pobreza. Es acaso más interesante la comparación de los datos de la EPH –que se usan para medir la pobreza– con los registros administrativos. Estos sugieren una menor subdeclaración de ingresos en 2025 respecto de 2023. El sociólogo Daniel Schteingart señalaba que, si miramos sólo las respuestas de la EPH, los salarios estatales crecieron cerca del 1%, cuando todas las fuentes administrativas coinciden en registrar caídas de dos dígitos. De acuerdo al trabajo del CEDLAS, la pobreza estaría sobreestimada para el período entre 2021 y el primer semestre de 2024 y se subestima antes y después por defectos en la herramienta de medición para contextos cambiantes.

El tercer componente que analiza el trabajo es la actualización de los patrones de consumo utilizados para construir la línea de pobreza. El método tradicional emplea coeficientes basados en encuestas de gasto relativamente antiguas, lo que puede no reflejar adecuadamente los hábitos actuales de consumo. Al calcular esos coeficientes con datos más recientes los autores encuentran una subestimación de los datos de pobreza, aunque consistentes para todos los períodos.

Los resultados empíricos del trabajo indican que estas correcciones arrojarían efectos relevantes. No solo modifican los niveles de pobreza, sino también su evolución en el tiempo. Por ejemplo, en los períodos de mayor inflación, el sesgo por desfase temporal pudo haber sobreestimado la pobreza en varios puntos porcentuales, y la caída real de la pobreza no sería de diez puntos porcentuales, sino de dos. Más consistente tanto con los registros administrativos como con las percepciones ciudadanas. Un efecto real y concreto que recoge además la mayor seguridad derivada de la caída de la inflación, pero que explica tanto la vulnerabilidad de la mejora a repuntes inflacionarios como el que vivimos, como el rápido deterioro de las expectativas sociales.

Una verdad incómoda para (casi) todos: la pobreza de los primeros dos años de Javier Milei fue menor a la que dejó el Frente de Todos, pero ni remotamente en la magnitud que celebra el oficialismo.

Las percepciones milagrosas sobre los resultados de la gestión –y las deformaciones sobre la magnitud de los progresos económicos– no son sin embargo exclusivos de las usinas oficiales. Milei es percibido, incluso entre sectores moderados en el exterior, como un líder con resultados exitosos. Un editorial reciente de Folha de Sao Paulo –el diario de mayor prestigio de Brasil, de tendencia liberal, pero opositor tenaz de Jair Bolsonaro y sus desvíos antidemocráticos– publicó un editorial laudatorio de los resultados económicos del presidente y se preguntaba por qué los argentinos le retiran el apoyo a pesar de sus impresionantes y perceptibles logros. Es difícil transmitir los matices de las mediciones mencionadas a países y economías acostumbradas a la estabilidad, pero el editorial de Folha termina propiciando que, pase lo que pase en 2027, las reformas económicas implantadas por Milei, que permitieron “dejar atrás el populismo”, no sean revertidas. Un reflejo de los deseos del establishment global, cuya valoración del proceso de apertura argentino excede el nicho expandido del trumpismo y sus acólitos.

La convivencia entre el establishment y la ultraderecha insurgente es incómoda, como bien saben quienes acompañaron la última y exitosa aventura electoral de Donald Trump. Esta semana, el rebautizado secretario de Guerra, Pete Hegseth, decidió echar al militar de más alto rango, el jefe del Estado Mayor Militar, Randy George. En un contexto de guerra que ningún analista considera que esté cerca de un final venturoso para los Estados Unidos –y con la economía global en llamas– las investigaciones periodísticas atribuyen el despido a los cuestionamientos del general a frenar ascensos de cuatro pares suyos sobre una lista de veintinueve que cumplían los requisitos. Eran dos afroamericanos y dos mujeres, los únicos de la lista. Se trata de un paso más en la politización de estamentos que habían mantenido estándares de profesionalismo y autocontención que contribuyeron a su prestigio.

Habrá que ver si la remoción de la fiscal general, Pam Bondi, reemplazada por el antiguo abogado personal de Trump acentúa una politización del Departamento de Justicia –equivalente a nuestro Ministerio Público, que en Argentina es independiente– que ya había superado todos los antecedentes en términos de promiscuidad entre los intereses del presidente y el accionar del Estado. Las instituciones estadounidenses enfrentaron injusticias mayores a las actuales, como la esclavitud, la segregación, la persecución de la izquierda durante el macartismo y otras formas de exclusión esponsoreadas por el Estado; no hay antecedentes, en cambio, de los niveles de subordinación de la maquinaria estatal a los designios de una persona. Una persona que, además, toma decisiones impulsivas en cuestiones como la guerra y la paz, sin frenos institucionales. Sin que ninguno de nuestros países tenga la capacidad destructiva estadounidense, la velocidad a la que se dinamitan estructuras institucionales sólidas debería generar preocupación en toda Sudamérica, donde las tradiciones son más débiles.

El jueves se cumplió un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, y los argentinos renovamos los reclamos para que el Reino Unido cumpla con el derecho internacional, los pronunciamientos de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Comité de Descolonización que mandan una negociación para resolver la cuestión de la soberanía de las islas. Malvinas es un rezago colonial de los pocos que subsisten en el mundo. En ese contexto, la Cancillería argentina obtuvo un pronunciamiento relevante. Más allá del apoyo diplomático formal a la posición argentina sobre Malvinas por parte de todos los países sudamericanos, fue notable la participación de autoridades bolivianas, incluyendo al vicecanciller de ese país, Carlos Paz Ide, en un homenaje a nuestros caídos, en el monumento a San Martín en La Paz, oportunidad en la que el funcionario encuadró a Malvinas como una causa regional. El hecho motivó una dura respuesta del embajador británico en redes sociales. Esa intervención británica motivó una reprimenda tan formal como contundente de la Cancillería boliviana, que respondió reafirmando su posición de apoyo a nuestro país y poniendo en su lugar al británico.

Si bien Argentina cuenta con apoyos amplios a su posición respecto de las islas no es habitual que los países se expongan para defender la posición nacional como lo hizo Bolivia. Tanto para el acto original como para la respuesta, hubo un involucramiento activo de la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno. Un logro que sería más frecuente si hubiera consensos acordados y firmados para que la estrategia de recuperación de las islas sea, además de un objetivo deseado y un mandato constitucional, una política de Estado con bordes previsibles.

Last but not least, el caso de Manuel Adorni y el episodio de la presunta injerencia rusa a través de medios de comunicación en la Argentina produjo un efecto inmediato y, probablemente, buscado: congelar –al menos en la superficie– la tensión entre Karina Milei y Santiago Caputo. En ese contexto, uno de los movimientos más sugestivos de los últimos días no estuvo en Casa Rosada sino en las redes sociales. Ahí, Javier Milei y su principal estratega escenificaron una recomposición simbólica del vínculo. No fue un gesto menor: ante una información compartida por Laura Di Marco, el presidente no solo respaldó a Caputo, sino que lo restituyó a un lugar de autoridad intelectual al llamarlo “profesor”. Una palabra que remite a una jerarquía anterior en el vínculo entre ambos.

Ese detalle, aparentemente menor, podría sugerir que Caputo logró recuperar parte del capital político erosionado en la disputa interna con Karina. Sin embargo, conviene no sobredimensionar esa señal. El llamado “triángulo de hierro” no se restituyó. Karina conserva el control del dispositivo político con una ventaja clara en términos de poder efectivo. Su estrategia, más que confrontativa, parece ser de repliegue táctico: observar, esperar y, llegado el momento, desplazar a las piezas que responden a Caputo en posiciones clave.

Es en ese tablero donde aparece la información difundida por un consorcio internacional de periodistas sobre un presunto presupuesto de 300.000 dólares destinado a influir en medios de comunicación. Más allá de la veracidad o la consistencia probatoria –por ahora, escasa–, la denuncia fue rápidamente capitalizada por el ecosistema digital alineado con Caputo.

El contraste es interesante. Mientras que en 2018 Alexander Nix reconocía ante el Parlamento británico operaciones de injerencia con metodologías propias de la inteligencia militar –incluyendo acciones en la Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner– a través de Cambridge Analytica, en este caso la escala económica sugiere más precariedad que sofisticación. Una suerte de austeridad soviética aplicada a la manipulación mediática.

Pero el valor político del episodio no reside tanto en la denuncia como en su utilidad. El Gobierno logró, con notable eficacia, desplazar el eje de la conversación pública. La agenda dejó de orbitar en torno a Adorni y sus controversias para concentrarse en un enemigo externo difuso pero funcional. El jefe de Gabinete, paradójicamente, quedó en el centro de una contradicción. Fue él quien decidió excluir de las conferencias de prensa a los medios presuntamente implicados. Una medida que, leída bajo su propia lógica, podría volverse en su contra: Adorni, con la lógica de Adorni, debería correrse de sus funciones. “Aloe vera”, lo llaman algunos compañeros de gabinete por la cantidad de propiedades que le descubrieron. Malicia.

El caso de los créditos del Banco Nación, por su parte, introduce una incomodidad transversal. Para el Gobierno, porque –si las versiones fueran ciertas– expone una zona especialmente sensible: la persistencia de privilegios estatales en beneficio de actores cercanos al poder. Es decir, aquello mismo que Milei convirtió en núcleo de su narrativa y en motor cultural de su acceso a la presidencia. La denuncia contra “la casta” no era solo un eslogan electoral; era, sobre todo, una impugnación moral. Cuando ese principio entra en tensión con prácticas concretas, el costo no es meramente administrativo, sino simbólico.

Pero la incomodidad no es patrimonio exclusivo del oficialismo. Para el peronismo –quizás sin advertirlo del todo– este episodio abre una dimensión incómoda: la de sus propias condiciones de posibilidad. Porque si la vara con la que hoy se examina al Gobierno se aplicara con la misma minuciosidad sobre experiencias anteriores, el resultado podría ser, como mínimo, perturbador. Basta imaginar ese ejercicio contrafáctico: el escrutinio aplicado a créditos hipotecarios sobre la distribución de ATN, los contratos con universidades o la asignación de partidas presupuestarias a redes de proximidad política, familiar o territorial en administraciones justicialistas.

Ahí aparece una tensión más profunda, casi identitaria. El peronismo parece, en este punto, deslizarse hacia una deriva moralista que le resulta históricamente ajena. Una deriva que recuerda más a experiencias surgidas al calor de la crisis de 2001 que a su tradición pragmática. En ese sentido, el riesgo no es solo táctico, sino conceptual: adoptar herramientas discursivas que, en lugar de fortalecerlo, lo colocan en un terreno donde otros –como Milei– ya lograron construir una ventaja competitiva.

Parte del problema: la perspectiva moralizante que divide al mundo entre buenos y malos. Es necesario, como reflexiona Juan Manuel Olmos en privado, un repliegue hacia el pragmatismo que no es tibieza ni falta de sustancia. Es inteligencia táctica y estratégica. Es capacidad de aprender y escuchar para resolver. Es plasticidad para representar a una sociedad que no se organiza identitariamente como los militantes. Un pragmatismo audaz, ambicioso, que desate lo que haya que desatar para que se viva mejor.

Iván Schargrodsky | Cenital