“El cepo no sólo recorta la libertad y ataca a la propiedad privada sino que además atenta contra el crecimiento y es una fábrica de pobres e indigentes”. La frase la escribió el propio Javier Milei en su red social favorita, en lo que era un ataque contra el enfoque cauteloso para la salida de las restricciones cambiarias que proponía el, en aquel entonces, favorito para alcanzar la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta.
Si hacemos fast forward a hoy, y tomamos en serio lo que el presidente declaró en su participación pública de la última semana, sólo saldremos del cepo “cuando la base monetaria se equipare con la base monetaria ampliada”. De acuerdo a las proyecciones que preparó en su momento a inversores estadounidenses el vice del Central, Vladimir Werning, eso significaría que el cepo recién se levantaría al final del mandato de Milei, en 2027. “Es falso que no se puede crecer con cepo”, pontificó el Milei de 2024. Mejor no remover lo que hubiera dicho del Milei de 2022, que sugería que afirmar aquello era “kirchnerismo de buenos modales”.
El problema es mucho más profundo que el señalamiento de la coherencia retórica del presidente o la desviación de su plataforma electoral. Podría interpretarse que, respecto del cepo cambiario, el Gobierno es coherente a su manera. Descartado por una matemática imposible el plan de que el ajuste lo pague la casta, todas las promesas parecen subordinarse a una lista corta, de dos. Bajar la inflación y sostener cuentas públicas superavitarias. El factótum tributario de Sergio Massa, Guillermo Michel, señalaba hace poco que, sin los ingresos provenientes del impuesto PAIS -un gravamen a la utilización del mercado cambiario, entre los más distorsivos posibles- el resultado fiscal hubiera sido negativo: un déficit de 2,3 billones de pesos, en lugar del superávit de 1,9 billones que registra hoy la caja. Será interesante ver qué sucede con su renovación, ya que el impuesto vence al final de 2024 y no se coparticipa, por lo que cualquier eventual renovación deberá negociarse con los gobernadores.
Luis Caputo, que no se pone plazos sino objetivos, aplica a la baja de impuestos la misma lógica que al cepo: se irán bajando únicamente en la medida en que sea posible. El problema no es sólo la fecha lejana en que será posible la normalización del esquema monetario y financiero, sino las dudas sobre su sostenibilidad. La economista Marina dal Poggetto señala que, en el actual esquema, el Banco Central no compra dólares desde junio y las reservas se mantienen negativas.
Primero los economistas más jóvenes del equipo de Caputo y luego las autoridades admitieron que el actual esquema basa la baja de la inflación en el ancla cambiaria, esto es, el ajuste del dólar muy por debajo de los niveles de inflación. Una estrategia que ya intentó el peronismo, aunque con un fisco deficitario y una economía expansiva. El eventual éxito de la estrategia requiere algunos supuestos en extremo optimistas. El Gobierno debería poder refinanciar una deuda en pesos cuyos vencimientos para este año, dice Dal Poggetto, exceden diez veces el superávit primario remanente.
Del mismo modo, los vencimientos de deuda del año próximo son imposibles de afrontar sólo con superávit. Sin una baja del riesgo país, la renovación de deuda en el mercado aparece como una operación imposible pero no por ello menos necesaria para evitar la explosión del esquema, que tampoco, por su propio diseño, logra acumular reservas, que se pierden en el dólar blend para los exportadores y la venta de las divisas que sí se obtienen en el mercado de contado con liquidación. El peso escaso tiene reservas escasas.
En esta clave deben leerse los esfuerzos que trascienden sobre la búsqueda de dólares frescos por parte del Gobierno en fondos árabes, un intento que replica al de administraciones anteriores y que, hasta el momento, nunca ha tenido contrapartidas a la altura de las necesidades del país. El FMI y las instituciones multilaterales de crédito siguen siendo la mejor carta. Y de momento los acuerdos no parecen estar cerca. La apuesta por un triunfo de Donald Trump que salde las diferencias aparece, a esta altura, incierta, y no sólo por las posibilidades de Kamala Harris. En el sector privado, y en las condiciones de la macro, difícilmente alcance la baja de tasas de interés que analiza la FED estadounidense y que reducirá el costo del endeudamiento de los emergentes. Cambiar el curso, sin embargo, supondría una devaluación y suba de la inflación que nadie en Casa Rosada está dispuesto a permitir.
Sin financiamiento, las otras fuentes de dólares posibles son las exportaciones y las inversiones. Vaca Muerta es la esperanza a la que se aferran las cuentas externas mientras la soja enfrenta precios en mínimos de más de una década que se suavizan, en el balance del comercio exterior, por el cepo a las importaciones que supone la enorme recesión económica. Para las inversiones, la situación es compleja. Por una parte el RIGI debería movilizar -a cambio de sus inauditas concesiones legales- nuevas inversiones, particularmente en sectores extractivos, mientras, por otro lado, el riego argentino sigue alimentando un proceso lento pero constante de sangría de empresas extranjeras con presencia en el país. Un proceso que, con alguna agudeza, identificó el diputado Nicolás Massot como característico del riesgo argentino y que excede a la macroeconomía. La negativa del Gobierno a los grandes acuerdos y la continuidad de los niveles de enfrentamiento político significan que la planificación empresaria difícilmente pueda trascender la alternancia.
Mientras tanto, la relación de la administración Milei con la prensa es noticia diaria en Argentina y motiva críticas incluso entre los más amigos del gobierno. Llama la atención, entonces, la poca cobertura brindada a un conflicto que está sucediendo en Brasil. Enfrenta al Tribunal Supremo de ese país, particularmente al juez Alexandre de Moraes -nombrado por Michel Temer- y a Elon Musk, el dueño de Twitter, renombrada X. De Moraes ordenó el cierre y entrega de datos personales de cuentas que postearon contenidos en apoyo de las infundadas denuncias de fraude y cuestionamientos al sistema electoral brasileño que realizó Jair Bolsonaro ante su derrota y que dieron base al fallido intento de golpe de enero de 2023.
Entre los apuntados hay un hombre cercano a Milei. El comunicador Fernando Cerimedo y su medio, La Derecha Diario. El conflicto escaló hasta llevar al cierre de las oficinas de la red social en Brasil, anunciado por el propio Musk, en un conflicto que probablemente vuelva a encontrar a Lula da Silva y Milei en veredas opuestas. La situación, con todo, está lejos de ser sencilla. Hay pocas dudas sobre la seriedad del intento golpista de Bolsonaro, con complicidades que llegaron a altos mandos militares. A su vez, en democracia, la crítica al sistema electoral es una manifestación lícita y protegida del debate público. Las vinculaciones entre uno y otro deberían ser directas para justificar censurar discursos. El enorme poder que, frente al riesgo bolsonarista, acumularon los jueces brasileños tras las tropelías cometidas contra Lula debería generar mayores reservas, aún en caso en que el apuntado merece a priori el escrutinio judicial. Algunas de las resoluciones tomadas recientemente en Brasil contra tuiteros, comunicadores y algunos empresarios, si no se tratara de figuras de ultraderecha, hubieran recibido el calificativo de lawfare, con justicia, de parte de la casi totalidad del arco progresista.
En el plano local, una situación que volvió a tomar temperatura en el oficialismo es la interna entre Victoria Villarruel y el primer anillo de Javier Milei, en este caso, con Santiago Caputo. El origen del fastidio hay que buscarlo en un rumor que dejó correr la vice durante la última semana: que Bambi tenía un acuerdo con Martín Lousteau para presidir la bicameral de inteligencia. En rigor de la verdad, Caputo le había prometido ese lugar -entre otras cosas- a Edgardo Kueider a cambio de la votación de la Ley Bases. Sabía, el asesor presidencial, que era improbable que el Turco fuera ungido luego de la “traición”, pero eligió ganar perdiendo. ¿Por qué? Por el mismo motivo por el que Villarruel señalaba el supuesto pacto con Lousteau. La nueva referente del peronismo no K cree que Caputo, de buena relación con el ecosistema de Jaime Stiuso, no vería con malos ojos la “solución Lousteau” por la garantía que representa la presencia de Emiliano Yacobitti en el acuerdo.
Es más: una hipótesis indica que luego de la constitución de la bicameral -que ocurrirá hoy-, el tratamiento del DNU -que será mañana- podría tener un final distinto al anunciado por el escuadrón del rechazo que sostiene que hay entre 131 y 135 votos para detonar la asignación de los fondos reservados. El motivo de ese cambio podría radicar en que, ahora, un sector de la oposición podría darle curso al decreto con el argumento de que la comisión que debería controlarlo está en manos de un opositor indudable como Lousteau, que fue nuevamente agredido por Milei en las últimas horas.
El acuerdo es un hecho: según pudo averiguar #OffTheRecord, luego de una conversación entre el propio Yacobitti y Leopoldo Moreau, el kirchnerismo acompañará la propuesta radical con sus seis votos, lo que garantiza el triunfo del líder de Evolución. La alternativa que barajaban los radicales era Mariela Coletta. Sin embargo, esa opción quedó descartada -dicen en Casa Rosada- gracias a la propia Villarruel, que forzó la interpretación del reglamento para que el órgano disputado quedase a cargo de un miembro de la Cámara alta: cree la vice que podría tener más proximidad con un senador como Lousteau que con Coletta, a quien identifica como una integrante de máxima pureza de la escudería Yacobitti.
A partir de estos movimientos se expusieron los ruidos conocidos: la vice sostiene que no fue invitada al acto de las Fuerzas Armadas en Defensa; Luis Petri jura que sí. Tiene un argumento para hacerlo: en un encuentro informal, el segundo del ministerio y extitular del Ejército durante el gobierno de Cambiemos, Claudio Pasqualini, le dijo a Villarruel “nos vemos el viernes”. Parece poco para la segunda persona en importancia en términos institucionales de un gobierno.
La fricción siguió con la cancelación del viaje de Villarruel a Mendoza. En su entorno cuentan que sufrió una baja de presión pronunciada camino al aeropuerto y que, por eso, viajó sólo Agustín Giustinian en su representación. El nombre de Giustinian -a quien destacan por su calidad profesional y humana dirigentes de todo el arco político en el Senado- retumbó en las últimas horas por el aumento de las dietas de los legisladores a 9 millones de pesos: su firma está en el acuerdo y, por su cercanía con Villarruel, vincula a la vice con una decisión que generó el enojo de Casa Rosada.
Lo que tenía sentido hace algunos meses se transformó en un descalce entre el humor social y una parte del Congreso. “Estaba acordado”, sostienen cerca de Villarruel. La secretaria administrativa, María Laura Izzo, le había adelantado a la vice esta instancia hace 20 días. El argumento formal es que fue por la “ley de enganche”, norma por la cual a los senadores les impacta el aumento paritario igual que a la Asociación del Personal Legislativo (APL). Cierto o no, hay antecedentes en contrario, como el que decidieron Cristina Kirchner y Sergio Massa el año pasado. O, como recordó Milei a través de un retuit a un usuario que reivindicaba al presidente de la Cámara baja: “Gracias Martín Menem por desenganchar los aumentos de los diputados y no permitir que se aumenten y ganen la locura que ganan las ratas de los senadores”. Al margen de la redacción macarrónica, lo que queda claro con el posteo presidencial es el malestar inocultable que habita entre Balcarce 50 y la presidencia del Senado.
Esta inquina se remonta a la campaña, cuando Karina recelaba de Villarruel y la rechazaba como compañera de fórmula de su hermano. Era la misma época en la que, cuentan cerca de Milei, Villarruel le dijo -previo al cierre de listas- que si no cumplían una serie de condiciones ella se bajaba de la fórmula. Esquirlas del pasado que lesionaron para siempre una confianza que parece no tener retorno. En su entorno le sugieren a Villarruel que dé un reportaje para bajar las tensiones. Ella, en su fuero íntimo, sabe que quedará marginada de la conformación de las listas del año que viene y que hay muy pocas chances que Milei la vuelva a elegir como compañera de fórmula en caso de una reelección. Especula, entonces, con preparar su candidatura a gobernadora bonaerense para 2027. Tres años en Argentina es ciencia ficción.
El Senado es un hervidero, también, por la audiencia de Ariel Lijo para la Corte Suprema que ocurrirá el miércoles. El mismo día habrá, en la puerta del Congreso, una radio abierta de universitarios. Coincidencias. El senador libertario Francisco Paoltroni apuntó contra Caputo en LN+ por la nominación de Lijo y recibió una respuesta a través de la presunta cuenta del asesor presidencial en X: “El gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir”. Por la redacción barroca es probable que no se comprenda del todo, pero Caputo quedó disconforme con la intervención del senador formoseño. Uno podría preguntarse si, además, no es una advertencia sobre la posible búsqueda de información para saber si Paoltroni puede sostener con su historial el principismo moral de su praxis política. Una pregunta pertinente para alguien que maneja la SIDE. El enojo de Paoltroni con Lijo responde, netamente, a su pago chico: el senador cree que el juez federal ayudó a Gildo Insfrán en sus causas judiciales.
Lo que no queda tan claro de quienes impugnan a Lijo por la presunta utilización de los recursos del Estado para beneficio propio o de terceros, es que utilicen como voz autorizada a, por ejemplo, María Eugenia Talerico o Mariano Federici que usaron los organismos de control para evitarles disgustos a sus ex empleadores y perseguir a sus adversarios políticos a través el poder estatal . ¿Cuál sería la diferencia, en este caso, con el juez que cuestionan? A lo mejor sirve de orientación uno de los últimos tuits de la cuenta adjudicada a Caputo: “La justicia no está para saldar las rencillas de la política. Menos para perseguir opositores. Los problemas políticos se resuelven con política. No con causas penales. Por eso Don Ariel Lijo será juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Téngase presente”. ¿Será este, en realidad, el verdadero problema? Es una incógnita.
Iván Schargrodsky | Cenital
