La actual sequía es una de las peores de los últimos 60 años y puede llegar a ser la peor de la historia. Pese a este shock negativo, el FMI mantiene la exigencia de un mayor ajuste fiscal al ya previsto en el acuerdo para el 2023. La revisión de la meta de acumulación de reservas es insuficiente. La imperiosa necesidad de una estrategia contracíclica para amortiguar costos ineludibles de la crisis.

La sequía que está afectando la producción agropecuaria es la peor de este siglo, con impactos más terribles que los padecidos en la campaña 2008/2009. El registro de una serie más larga es aún más dramático: es la peor de los últimos 60 años y una de las más devastadoras desde que se tienen observaciones estadísticas indiscutibles.

Es un impresionante shock negativo para la economía que altera el análisis acerca de la probable evolución de las principales variables macroeconómicas. Se trata de un antes y un después, y si se minimiza este cambio de situación las consecuencias políticas y socioeconómicas serán calamitosas.

Otros países productores agropecuarios reciben cada tanto el golpe de una sequía, pero tienen mecanismos amortiguadores de los efectos de este tipo de inclemencia climática en sus respectivas economías.

La economía argentina juega sin red de contención

No es el caso de la economía argentina que recibe sin red de contención las consecuencias de una sequía. Esto se debe a sus principales características, que son las siguientes:

• Se desarrolla en un entorno bimonetario, que se profundiza ante cada una de las grandes crisis en los últimos 40 años.
• El Banco Central tiene escasas reservas pese al estricto control del mercado de cambio.
• No tiene acceso al crédito externo (ingreso de dólares financieros) del mercado de capitales ni en cantidad de organismos internacionales luego de la orgía de endeudamiento del macrismo.
• La canasta exportadora está muy poca diversificada, siendo muy dependiente de las divisas que aporta el complejo del agro, puesto que, por ahora, es poco significativo el aporte de divisas de los sectores minero, de hidrocarburos, de pesca.
• La actividad productiva es bastante dependiente de las importaciones. Si se tienen pocos dólares para destinarlos a la compra en el exterior de insumos y bienes intermedios, el crecimiento económico se debilita hasta desembocar en una probable recesión.

Datos duros de la sequía

El último panorama agrícola semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que los rendimientos esperados están por debajo de los mínimos históricos de su serie estadística sobre los núcleos sojeros, junto a importantes pérdidas del área cosechable en soja de segunda. Estima que se reduce a 25 millones de toneladas la proyección de producción.

Este cálculo representa una caída de 44,4 por ciento con respecto a la producción promedio de 45 millones de toneladas de las últimas cinco campañas. Con este escenario productivo, el rendimiento medio nacional se ubicaría por debajo al de la campaña 2008/09 de 19,2 quintales por hectárea.

El informe menciona también que los rindes potenciales de maíz tardío con destino a grano comercial continúan siendo afectados por las altas temperaturas. A esto se suma la baja expectativa de rinde de estos lotes y menciona que la cosecha de planteos tempranos registra rendimientos medios por debajo a la serie histórica de los últimos 21 años.

Ante este panorama, la nueva proyección de producción para la campaña 2022/23 se ubica en 36 millones de toneladas. Este volumen representa, en números absolutos, 16 millones de toneladas menos que las recolectadas en la campaña anterior.

Estas cifras pueden ser todavía peores si no aparecen lluvias salvadoras en estos días. El saldo de menos dólares de exportaciones del complejo agrario va de 15.000 a 22.000 millones de dólares, según diferentes cálculos sobre la dimensión de la actual cosecha y cuáles serán los precios internacionales.

Respecto a esto último, las buenas cosechas de otros dos grandes productores mundiales (Brasil y Estados Unidos) limitarán el alza de los precios por el menor aporte al mercado de granos y oleaginosas de Argentina.

No hacer nada es condenar a la economía a un sacrificio injustificado

Cualquier evento inesperado, ya sea una crisis financiera internacional, una guerra y en este caso, una sequía extrema, exige medidas específicas y contundentes para enfrentarlo.

Esto implica aplicar una estrategia contracíclica urgente para amortiguar los costos ineludibles de un escenario económico imprevisible. Las medidas de este tipo de política tienen que privilegiar los efectos distributivos progresivos.

Las experiencias traumáticas de fases recesivas en el ciclo económico argentino han determinado un sesgo analítico hacia la deducción de que toda crisis necesariamente concluirá en resultados devastadores para las mayorías.

Los antecedentes de varias décadas ofrecen como prueba varios episodios críticos, con el saldo de fuertes devaluaciones, incremento de la desocupación, quiebra de empresas y bancos, deterioro social y fuerte aumento de la pobreza.

Con la memoria histórica de perturbadora inestabilidad no pocos agentes económicos esperan el desenlace conocido del pasado, algunos deseándolo y otros atrapados por el temor.

Existen antecedentes de cómo se reaccionó ante un shock negativo

No es una novedad en las últimas décadas que la economía local reciba impactos negativos, ya sea internos como una sequía o externos como una crisis financiera global. En 1995, por caso, el Efecto Tequila tuvo repercusión con fuerte caída de la actividad de casi el 5 por ciento en los últimos tres trimestres y una tasa de desocupación que trepó del 11 al 17 por ciento.

Este saldo negativo fue resultado de no hacer nada para mitigar el impacto de la crisis mexicana, mientras que otras economías de la región no sufrieron tanto como la argentina de la convertibilidad en el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Otro fue el recorrido económico durante la crisis subprime, que tuvo su impacto pleno en el 2009. Ante ese escenario complejo, la respuesta del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner demostró que existe otra manera de transitar el trayecto recesivo de la economía amortiguando sus efectos; no profundizándolos.

La economía también recibió un fuerte golpe al caer 5,9 por ciento, pero la tasa de desempleo subió apenas un punto porcentual, al pasar de 7,3 a 8,4 por ciento, porque se desplegó una activa política pública de protección del mercado laboral.

El desafío de minimizar los costos de las crisis

En esta instancia aparece el dilema de seguir las recetas tradicionales de la ortodoxia (procíclicas) o encarar medidas contracíclicas para mitigar las consecuencias negativas de la crisis.

No es que no haya costos en una crisis. La clave de la gestión es minimizarlos en especial los que reciben los grupos sociales vulnerables.

Medidas contracíclicas tienen el objetivo principal de protección del empleo y de la demanda doméstica, al incrementar la red de contención de la producción local y diseñando políticas laborales específicas.

El aspecto central del dilema de política económica que se presenta no es si un shock interno o externo negativo impactará o no, sino el modo y la intensidad en que el mismo terminará afectando la situación económica y social.

Los instrumentos de defensa para morigerar los costos ineludibles de una crisis se conocen y el abordaje de la situación no debería ser ajeno a decisiones políticas en la definición de una estrategia económica compensadora con criterio distributivo.

Qué dice el acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI respecto a shocks negativos

Una de las derivaciones más dramática del préstamo desproporcionado entregado por el Fondo Monetario al gobierno de Mauricio Macri no ha sido sólo el ahogo financiero que condena a la economía por un largo tiempo, sino la sujeción de la política económica –con más o menos intensidad- a la tecnoburocracia del organismo con sede en Washington.

La supuesta flexibilidad del FMI en la redefinición de las metas de acumulación de reservas –que igual será difícil de cumplir- a partir del impacto de la sequía no es una muestra de bondad del staff técnico, sino que esta posibilidad estaba contemplada en el propio acuerdo rubricado el 3 de marzo del año pasado.

El punto 11 del Memorando de políticas económicas y financieras con el FMI contempla adaptaciones del acuerdo ante eventos inesperados. Los aspectos principales de este capítulo dicen lo siguiente:

• «Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda».
• «No se puede descartar una mayor re-intensificación de la pandemia, con el potencial riesgo de circulación de nuevas variantes del virus, eventuales medidas restrictivas y perturbaciones del comercio».
• «De manera importante, la intensificación de las tensiones geopolíticas -incluidos aquellas relacionadas con el conflicto en Europa del Este- han aumentado significativamente la incertidumbre alrededor de nuestro escenario base, especialmente para los subsidios de energía».
• «Las condiciones mundiales y regionales podrían empeorar y eso complicaría las perspectivas para Argentina».
• «El crecimiento de nuestros socios comerciales podría decaer y nuestros términos de intercambio podrían deteriorarse si los precios mundiales de los productos agrícolas se vieran afectados y si los precios internacionales de la energía siguieran creciendo».
• «Los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones, con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales».
• «Pero tampoco se pueden descartar riesgos al alza. Las condiciones externas podrían tornarse más favorables, y la recuperación podría ser más vigorosa de lo previsto, en especial en los sectores, como el de servicios, que se vieron más duramente golpeados por la pandemia».

El FMI aceptó lo que había firmado pero flexibilizó muy poco

Pese a que la opción de «recalibrar» está contemplada en el acuerdo con el FMI, la flexibilización de las metas del primer trimestre y en la anual en el ítem de acumulación de reservas se quedó muy corta.

No considera otros efectos del menor ingreso de dólares por la sequía. Esta aumentará las tensiones inflacionarias en el rubro alimentos (carne vacuna, cerdos, pollo, huevos, leche) por la menor disponibilidad de granos.

La recaudación impositiva además será más baja por menores ingresos de derechos de exportación (retenciones) y habrá una desaceleración de la actividad económica (por menores dólares para importaciones).

El objetivo de alcanzar un déficit fiscal equivalente al 1,9 por ciento del PIB entonces sólo podrá cumplirse con una fuerte reducción del gasto público en términos reales. El equipo económico se comprometió a que una parte de ese ajuste será aportado por la aceleración de la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas.

Pero no será suficiente y el recorte debería avanzar en otras partidas. Esta visión fiscalista colisiona con las chances electorales del oficialismo y carece de criterio distributivo progresivo.

No dilapidar reservas

Una clave pasa por determinar cómo distribuir los escasos dólares con criterios distributivos. O sea, cómo distribuir el costo ineludible de la sequía protegiendo el empleo y los grupos sociales vulnerables. En esta instancia aparece un dilema central de la política económica: cómo manejar la escasez.

La escasez extrema –como la sequía- es de dólares. Son pocos los que están en el Tesoro del Banco Central y serán todavía menos en los próximos meses.

La tarea de coordinación de Economía y el Banco Central resulta fundamental en estas circunstancias para definir el destino de las pocas divisas disponibles para que tengan un impacto distributivo progresivo.

Esto significaría, por ejemplo, cerrar en su totalidad el grifo de dólares para el pago de deuda privada financiera (capital e intereses) con firmas no vinculadas, que hoy el 40 por ciento del total es canalizado por el mercado de cambio oficial y el resto tiene que ser refinanciado. En este mes, sólo de capital de esta deuda se llevan 300 millones de dólares de las reservas, sin incluir intereses.

El Banco Central podría disponer que el ciento por ciento de los vencimientos de este año sea refinanciado en la plaza financiera internacional y así orientar esas divisas hacia el mercado interno.

Qué hacer con el acuerdo con el FMI

El economista Emmanuel Álvarez Agis escribió en un último reporte: «¿Qué sesgo tiene la revisión del acuerdo con el FMI? Procíclico. En lugar de operar para intentar morigerar los impactos negativos en actividad e inflación derivados de la sequía y el consecuente faltante de dólares, el comunicado del FMI sugiere agravar la recesión por la vía del ajuste fiscal y, en la misma operación, acelerar la inflación por la vía del aumento de tarifas (por ejemplo, reducción de subsidios). Un fósforo para enfrentar una sequía ¿Qué podría salir mal?»

Para agregar: «Efectivamente, ante una sequía de la magnitud de la actual, es claro que no alcanza con pesos: hacen falta dólares y no parece que el FMI quiera actuar según su tradicional mandato de evitar crisis de balance de pagos que puedan tener efectos de contagio. En todo caso, es cierto que el único incumplimiento de relevancia que Argentina podría tener en 2023 sería con el propio FMI. Tal vez es hora de evaluarlo, puesto que de la misma manera que creíamos que el acuerdo con el organismo debería haber tenido lugar en 2021, hoy creemos que un acuerdo que no acuse recibo del impacto de la sequía es condenar al país a una crisis económica de magnitud, con derivaciones imprevisibles no sólo económicas sino tal vez también políticas».

El debate está abierto sobre cuál costo es mayor entre cumplir o incumplir con el FMI, pero lo concreto es que la negociación con el Fondo para adaptar las metas cuantitativas del acuerdo al nuevo escenario económico ha sido muy técnica, con un exagerado sesgo fiscalista, que derivará en un ajuste imposible para un oficialismo que pretenda tener un aceptable resultado en un año electoral. 

Página/12