En paralelo a la causa judicial, cada mañana llegan numerosas personas a la Agencia de Discapacidad a reclamar por las pensiones que les quitaron. El gobierno busca sacar 500 mil antes de fin de año. Crónica de la motosierra en la Argentina inhumana.

La fila de la crueldad tiene una cuadra de largo en el barrio de Congreso. Nace en las fauces de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sobre la siempre transitada calle Hipólito Yrigoyen, y llega hasta San José y un poquito más allá. “Desde la seis de la matina que estoy haciendo la cola, no me da más la gamba”, confiesa Martín y se abraza fuerte a su muleta.

El cansancio y la impotencia dibujan el rostro del hombre que ya peina canas: “Tengo 60 años, cobro la pensión hace diez, me la dejaron de pagar hace dos meses. Perdí la pierna a los 17 en un accidente y ahora tengo que acreditar otra vez con certificado médico que no tengo una gamba. Parece joda, encima ni te avisan, no mandan cartas, ni un mensaje al teléfono. Dejan de pagar y quedamos en bolas”.

La fila debe avanzar, detrás de Martín hay alguien que espera, y detrás otro, decenas más, todos por lo mismo. “Que no me corten la pensión, que me salva”, pide Martín, con dejo de piedad.

En paralelo a la causa judicial por el escándalo de las coimas relatadas en audios por el ahora extitular del organismo, Diego Spagnuolo, en el territorio la crueldad no se detiene. Sin compasión amputó derechos la motosierra en la ANDIS desde la llegada al poder del régimen «libertario». En paralelo a las coimas y medicamentos con sobreprecios, Spagnuolo dejó servido en bandeja una sangría en las pensiones.

ANDIS y el menú ajustador

Esta semana en el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos detalló el menú ajustador: el Ejecutivo dará de baja el beneficio a unas 500 mil personas. Los guarismos del sablazo detallados en las metas del presupuesto 2025 pintan un fresco dantesco: de las 1.266.945 pensiones que estaban activas en enero, Milei planea cerrar diciembre con 749.451.

Los afectados son beneficiarios que nunca recibieron la carta documento con la indicación de someterse a los estudios médicos y otros trámites burocráticos que exige la Agencia para no caerse de la indispensable ayuda estatal. Al no poder acreditar nada, les dan de baja la pensión. “Son nuestros derechos, que están siendo vulnerados. Ellos nos humillan, parece que estamos pidiendo limosna”, saca pecho Norma Biacardi.

Desde su nacimiento padece una malformación en su fémur. Arrimada desde la zona oeste del Conurbano profundo, agita entre sus manos los preciados certificados que llevan las firmas de los galenos: “Tengo hasta mis radiografías, que no son de un perro, como miente Adorni. Ya hace dos días que vengo, espero que hoy se termine esta tortura, son un gobierno de sádicos. Me cortaron el subsidio de una, la carta nunca me llegó”.

«Entré al banco y no había nada en la cuenta»

Un decreto firmado por el ministro desregulador Federico Sturzenegger determina que no recibir la citación para auditarse en tiempo y forma es causa suficiente para la baja. “Entré al banco y no había nada en la cuenta, eso fue en junio y no me depositaron nunca más. Venía cobrando lo más bien, con los papeles al día, hace cinco años. Estoy en la lona, ni para el colectivo tengo”, dice Norberto.

Muestra cuatro billetes arrugados, uno anaranjado de mil y tres violetas de cien, que atesora para abonar la vuelta a su casa en González Catán. Un paquete de galletitas Mediatarde será su escuálido desayuno y almuerzo durante la espera frente a la ANDIS: “Tengo problemas respiratorios, le di una mano a una vecina en un incendio e inhalé monóxido de carbono. Casi me voy para el otro lado. Era obrero, no pude trabajar más, no tengo jubilación porque los patrones me cagaron los aportes. De pibe me la rebuscaba, pero ahora soy solo, nadie me ayuda, encima el gobierno nos deja solos. Mirá todos los que somos, todos igual, los olvidados de siempre. Milei no sólo nos odia, también nos roba”.

Míseros 270 mil pesos dejó de cobrar María Inciarte el mes pasado. “Algo es algo, era el único ingreso que tenía. Tengo epilepsia, vivo sola, mis viejos murieron. Estoy con la soga al cuello si no me sale”, musita la mujer de 44 años.

Consultada sobre el escándalo de las coimas en el organismo, María levanta temperatura: “A Spagnuolo, Milei y Lugones, perdón por la palabra, los mando a la puta que los parió. Se hacen ricos con los discapacitados, no tienen perdón de Dios”.

Antes de entrar a la abarrotada oficina de la ANDIS, doña Mónica se persigna. Es isleña, del Paraná Miní. Hace muchos años, una moto la llevó puesta en el continente y le rompió una pila de huesos. Camina como puede: “Me encantaría no ser discapacitada, poder trabajar, pero no elegimos, señor”.

Para llegar a la ciudad de la furia porteña tuvo que pedirles unos mangos a sus vecinos allá en San Fernando. “Hago changuitas de costura por 500 pesos, pero no es nada, no alcanzan para nada, tengo deudas”.

Al despedirse, muestra la fría carta documento. Confiesa que no sabe leer, que quiere que los funcionarios le expliquen, que necesita la pensión, que no cree más en nadie. Sólo en Dios, pero no es optimista cuando la crueldad avanza. En agosto no hay milagros., pero no es optimista cuando la crueldad avanza. En agosto no hay milagros.

Auditoría

El gobierno nacional finge demencia. En pleno desarrollo de la investigación judicial y policial por el supuesto pago de coimas al entorno de Karina Milei, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) adelantó, tras un profuso silencio de varios días, que se inició una auditoría en el organismo con “el objetivo de analizar y relevar los procesos administrativos que se encuentran en funcionamiento”.
A través de un escueto comunicado, la agencia que conducía Diego Spagnuolo informó que “desde su asunción, el doctor Alejandro Vilches definió como una de sus primeras medidas solicitar esta auditoría, convencido de que la transparencia y el orden administrativo son la base para garantizar una gestión eficiente y enfocada en las personas que más lo necesitan”.

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