Sobrepoblación y hacinamiento carcelario son las principales características que arrojó el trabajo realizado por el organismo provincial.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual. Se titula “El Sistema de la Crueldad XVII” y tiene datos sobre la política criminal que surgen de las tareas de control y monitoreo que lleva adelante este organismo. En entrevista con Tiempo, el secretario ejecutivo de la CPM contó los detalles del trabajo, que será presentado este viernes en La Plata junto a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP).

“Reconocemos que el trabajo realizado contiene algunos avances importantes que hubo en materia de salud mental, también pronunciado descenso de la letalidad de las fuerzas de seguridad y de las aprehensiones policiales”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, a Tiempo. Sin embargo, el diagnóstico final “confirma una vez más que existe la necesidad de una transformación profunda de la política criminal, porque hace dos décadas viene dando resultados negativos”, agregó.

Consideran que la política actual quedó obsoleta ante la sociedad actual y que en su ejercicio produce graves violaciones a los Derechos Humanos. Explican que persiste la sobrepoblación, el hacinamiento, la tortura sistemática en los lugares de encierro y el despliegue de las policías en los territorios sigue produciendo muertes, la mayoría ellas evitables y hasta por causas injustificadas.

Por una nueva política criminal

“La democracia exhibe cuarenta años en forma ininterrumpida en nuestro país, todos los poderes del Estado y fuerzas políticas deben comprometerse en la construcción de una política criminal que respete los Derechos Humanos y garantice la seguridad ciudadana”, reclamó el secretario ejecutivo. Continuó apuntando que la inseguridad “no se combate con armas poderosas y más patrulleros, porque eso solo genera más violencia, la mejor manera es construyendo igualdad, inclusión social, otorgando derechos y oportunidades para todas las personas”.

El informe es el resultado del trabajo realizado por la CPM durante todo el 2022 en el territorio bonaerense. Lo hizo en cumplimiento de sus obligaciones como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, tal como lo establece la Ley Nacional 26.687.

Además, el informe arrojó un diagnóstico con datos consolidados, fiables y públicos, de la política criminal, penitenciaria, de seguridad, niñez, salud mental y justicia. Este resultado pretende ser un aporte para revertir las graves violaciones de Derechos Humanos que este organismo releva año tras año. También señala un punto de alerta y un insumo básico para transformar la política pública referida al área de seguridad.

Datos del informe anual de la CPM

El año pasado los equipos técnicos de la Comisión Provincial por la Memoria realizaron 803 inspecciones a lugares de encierro; 38.571 entrevistas y comunicaciones con personas detenidas o con sus familiares; 26.183 presentaciones judiciales, entre otras. Además, se realizaron 134 denuncias por corrupción penitenciaria y policial. También se relevaron 982 prácticas policiales ilegales y se intervino por 590 víctimas en 160 localidades, que derivaron en 1.968 presentaciones ante la Justicia.

“Todo esto se hizo en articulación con las seis delegaciones que funcionan en distintas regiones de la provincia y las 11 organizaciones de familiares y ex-detenidxs que conforman la red Punto Denuncia Tortura”, contó el secretario ejecutivo. Se trata de dos iniciativas de la CPM que permitieron “fortalecer y mejorar la capacidad de recepción de denuncias y asistencia a las víctimas”, aseguró.

Aumento de la población carcelaria

Por todo esto, el presente Informe confirma la continuidad de una política criminal que nuevamente se expresa mostrando el crecimiento de la población encarcelada y las tasas de prisionización de personas altísimas. La cantidad de personas detenidas en la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aumentó de 54.107 en 2021 a 55.621 en 2022, lo que elevó la tasa de encarcelamiento provincial de 306 a 311 detenidos cada 100.000 habitantes.

Mientras que la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires creció un 11% en los últimos 10 años, la cantidad de personas detenidas aumentó un 93%. A pesar de este contexto, un dato del 2022 resulta positivo: el crecimiento interanual de la tasa de encarcelamiento fue del 3%, el más bajo desde 2015.

Sin embargo, como se dijo antes, “este hecho no logra revertir el aumento sostenido de la población detenida”, señaló el letrado. El presente trabajo muestra en forma clara y precisa, “que es un sistema colapsado que no logra revertir sus tendencias desfavorables, la sobrepoblación y el hacinamiento son sus principales características”, agregó.

Población detenida en comisarias

“La sobrepoblación en cárceles durante el 2022 alcanzó el 109% mientras que en comisarías fue del 232%”, enumeró el abogado. Sin embargo, a pesar de todo ello, la actual gestión “del gobierno bonaerense -como todas las que han pasado hasta el momento- insistió con la construcción de nuevas plazas penitenciarias como respuesta a la problemática”, se quejó.

Hacer un análisis de la historia y la experiencia muestra, que a cada ampliación del sistema que se hizo le siguió un significativo incremento de personas encarceladas. Entre 2001 y 2022 se crearon 12.769 plazas y la población detenida aumentó en 31.056.

“Construir más cárceles no mejora las condiciones de detención, todo lo contrario, eleva el piso de encarcelamiento”, explicó el secretario ejecutivo. La ocupación siempre supera la capacidad “de los establecimientos de encierro del territorio de la provincia”, concluyó.

Estos algunos de los datos que contiene el trabajo realizado durante todo un año por el organismo provincial en distintas instituciones de encierro.

Podés ver acá el informe completo

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