Se suspendió la actualización mensual en el transporte de pasajeros. En Energía no quieren subas adicionales a las ya previstas. Es una desobediencia directa a las exigencias del FMI para bajar el déficit.

El gobierno tomó la decisión política de evitar nuevos incrementos en las tarifas de servicios públicos. A tal efecto está dispuesto a hacerse cargo del impacto que la devaluación produjo en las empresas prestadoras a través de mayores subsidios.

La decisión va a contramano de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que a través de su directora gerente, Kristalina Georgieva, pidió “reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones”, entre los principales requerimientos destinados a reducir el déficit fiscal.

Sin embargo, en el equipo económico privó la convicción de evitar nuevos ajustes en las tarifas que repercutan en los demás sectores y alimenten todavía más los índices inflacionarios. Consideran, además, que tales incrementos serían contradictorios con el esfuerzo que se le pide al sector privado para alinear sus precios en una pauta de ajuste de no más de 5% mensual hasta después de las elecciones.

La contrapartida será el crecimiento de los subsidios a los prestadores de esos servicios. Ese fue uno de los motivos que aceleraron la adecuación presupuestaria que se dispuso en los últimos días (ver recuadro).

Boleto sin cambios

El primer paso fue el congelamiento de las tarifas del transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires, que deberían haberse incrementado el primer día de septiembre en función de la inflación. Ese es el esquema que se viene aplicando en los últimos meses.

“Lo que estamos haciendo es acompañar a la gente, con un plan de contención que ayude a paliar este difícil momento”, dijo el ministro de Transporte, Diego Giuliano. Rápidos de reflejos, en esa cartera ya se reunieron con las cámaras empresarias, con algunas de las cuales la relación quedó tirante después de los atrasos en el pago de subsidios que motivaron incluso un par de ceses de servicios dispuestos por los propios empresarios.

“Lo que hacemos es volver a analizar el sistema de actualización de los costos de las tarifas, para que no estén ligadas al IPC, sino que estén relacionadas con los costos específicos del transporte», precisó Giuliano. En ese Ministerio ponen como ejemplo que el combustible, uno de los insumos básicos de las empresas, fue congelado por tres meses.

Sin embargo, en el sector empresario no están conformes con los mayores subsidios ni con que el valor del boleto se haya duplicado (pasó de 25 a 53 pesos) entre enero y julio. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) estimó que la tarifa que pagan los usuarios cubre sólo el 12,7% de los costos empresarios y también denunció que las compensaciones oficiales dejan afuera rubros que representan el 29% de sus gastos. “El problema de fondo sigue siendo el desfasaje entre los costos reconocidos por el Ministerio de Transporte y los reales de operar 18.500 colectivos en el AMBA”, denunció esa entidad.

Dudas en Energía

En gas y electricidad, en cambio, persisten las dudas. Lo único concreto es que se mantendrá el incremento previsto desde este mes en la remuneración a las empresas generadoras. Es de 11% y eso impactará parcialmente en la boleta final de comercios, industrias y de los 5,3 millones de usuarios del nivel N1, que perdieron el subsidio y tienen que abonar el costo total del servicio. El traslado de los demás costos que generó la devaluación no está decidido.

Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) que depende de la Universidad de Buenos Aires, “en el caso eléctrico, los costos de generación se encuentran dolarizados en un 80% por lo tanto el traspaso de la devaluación a los costos expresados en pesos no es pleno. Por otro lado, el costo de abastecimiento del gas natural se encuentra dolarizado en un 100% debido a los contratos del Plan Gas.Ar nominados en dólares por lo cual el traspaso a costos expresados en pesos es directo”.

Ese instituto calculó que la suma en cuestión ronda los $ 70.000 millones (unos 200 millones de dólares) hasta fin de año. También barajó tres escenarios: que el Estado los absorba a través de mayores subsidios; que esa suma se reparta entre todos los usuarios que perdieron ese beneficio; o que se reparta equitativamente entre todos los clientes.

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