Parecía imposible que ocurriera, pero pasó: la feria La Salada quedó completamente clausurada luego de la detención de uno de sus líderes máximos, Jorge Castillo, y varios de sus socios. Pero el impacto es aún más profundo en Ingeniero Budge, porque se estima que casi 50 mil personas se quedaron sin trabajo por el cierre de las tres ferias principales, llamadas Urkupiña, Punta Mogote y Ocean.
El número se eleva aún más si se considera a los negocios minoristas que semana a semana se abastecían en La Salada. No solo son comercios de Buenos Aires, sino de todo el país e incluso de países limítrofes.
La Salada está compuesta por unos 7.000 puestos «oficiales», además de miles de puestos más rudimentarios que se encuentran en los alrededores del predio principal. Además, cientos de carreros, changarines, comerciantes de comida al paso, remiseros y choferes quedaron también a la deriva.
Eso se reflejó desde el comienzo de esta semana en los cortes totales que unos 300 puesteros hicieron en Puente La Noria, dejando por varias horas completamente bloqueado este acceso clave de la zona sur del conurbano.
La situación, para mucha gente, es desesperante y la tensión de cada día sobre el puente aumenta: desde las primeras horas de la mañana, fuertes operativos policiales se montan para evitar un nuevo corte. El lunes hubo incidentes, con piedrazos que algunos feriantes de la Salada atribuyen a infiltrados de otra gran feria de la zona, pero del lado de La Matanza: La Gran Dulce.
Este martes a la tarde, un grupo de feriantes marchó hasta la Municipalidad de Lomas de Zamora y fueron recibidos por el intendente Federico Otermín, que les prometió un encuentro formal para los próximos días. También les adelantó, al igual que hizo la fiscal Cecilia Incardona, que se buscará una salida judicial para reabrir al menos una parte de la feria, aunque todavía no hay precisiones ni fechas exactas.
Hoy también se desarrolló una marcha frente a la Municipalidad.
Mientras la continuidad de La Salada sigue en suspenso, gran parte de los compradores que iban tres veces por semana a esa mega feria, buscan otros lugares. Desde la semana pasada, cientos de personas desbordan los necios y mantas de Avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores, o la propia feria La Dulce, ubicada a poco más de 20 cuadras del imperio que supo fundar Castillo.
«No es lo mismo, no existe un lugar con la cantidad de opciones que había en La Salada, ni tampoco con tantas opciones de precios, calidad… la verdad no sabemos qué hacer», cuenta Claudia, vecina de Berazategui que revende ropa en otras ferias más pequeñas de la zona.
Entre los comerciantes que vendían en La Salada, un reclamo que se repite es que no pudieron ir a buscar su mercadería. «Tengo todo adentro y la Policía no nos deja pasar para que al menos lo saquemos y llevemos a otro lugar a vender. Tengo una amiga que tenía un puesto de comida y su situación es peor porque todo lo que tenía en las heladeras se le pudrió completamente, perdió muchísima plata», denunció María, otra feriante que el lunes participaba del corte en La Noria.
También aclaran que la mayoría de los puestos no venden ropa «trucha», queriendo emular marcas de alta gama. En su mayoría se trata de talleres textiles que producen la mercadería que luego se vende en el lugar.
Los vendedores señalan que prácticamente todo el movimiento comercial de esa zona de Budge depende directamente de La Salada, porque de un modo u otro, un gran porcentaje de los vecinos de la zona subsisten gracias al enorme movimiento de gente que atrae la feria desde su fundación en 1992, por iniciativa de la comunidad boliviana. Primero se creó la feria Urkupiña, luego la Ocean y finalmente la Punta Mogotes, cuyo nombre hace referencia a un complejo de piletas de agua salada que existía en ese predio desde los años 40 y que había quebrado en los 80.
Coinciden en que, si la feria cae, el impacto será imposible de predecir o cuantificar: no solo serán miles de puestos de trabajo perdidos allí mismo, sino también otros muchos miles más de personas que abastecen sus comercios con mercadería del lugar. Toda una cadena productiva al borde del colapso.
La situación comenzó a acelerarse el 22 de mayo cuando el juez Luis Armella ordenó 80 allanamientos que derivaron en 18 detenciones de personas fundamentales en la organización de la feria: el más famoso es Jorge Castillo, apodado hace tiempo El Rey de La Salada. También cayeron su hijo, esposa, suegra y varios socios estratégicos. También se informó que secuestraron 41 autos de alta gama, 42 millones de pesos guardados en una oficina de Lugano y un millón de dólares.
No es la primera vez que Castillo queda en la mira de la Justicia. En 2017, allanaron su casa de Luján y se resistió a los tiros ante un operativo del Grupo Halcón. En 2019, la AFIP lo denunció por una millonaria evasión y fue procesado por lavado de dinero, pero terminó con una tobillera electrónica y prisión domiciliaria. Ahora, la acusación es por lavado de dinero y nuevamente evasión impositiva.
Pero hay otro elemento nada menor: el 15 de mayo 2024, Clarín Zonal había adelantado que un informe negativo de Estados Unidos podía poner en riesgo la feria. Se trataba de un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país que, como en muchas oportunidades anteriores, advertía que en La Salada se violaba la propiedad intelectual y apunta principalmente a la ropa «trucha».
Ante el cambio de gobierno y el vínculo que la gestión de Milei sostiene con Estados Unidos, sumado a la asunción de Donald Trump como presidente, todo parece encajar. Hace un año atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni había dicho públicamente que era «absolutamente falsa» la información que indicaba que el gobierno había iniciado un «plan de fiscalización a pedido de Estados Unidos» para clausurar o limitar La Salada.
Según CAME, hay 7.000 puestos entre el predio y la vera del Riachuelo, pero el número de personas que trabajan en las distintas zonas de la gran feria supera los 21.000 comerciantes en 20 hectáreas. Informes periodísticos de esta semana apuntaron que solo la explotación de la feria Punta Mogote generó 26.827 millones de pesos entre 2021 y 2025 que fueron bancarizados.
La Justicia investiga si Castillo generó una red de 89 sociedades comerciales con más de 160 personas involucradas para desarrollar maniobras de blanqueo de dinero.
El expediente de la Justicia señala que Punta Mogote SCA generó $26827 millones entre 2021 y los primeros seis meses de 2025; Urkupiña SA, 7114 millones en el mismo período.
Fuente: Clarin.com
