DENUNCIAN “NUEVOS AVASALLAMIENTOS EN EL ARROYO ANGUILAS” DEL DELTA

Es por un “nuevo episodio de apropiación y especulación inmobiliaria” en la primera sección de islas del Delta

Mediante un comunicado la comunidad isleña del arroyo Anguilas y Paloma, de la primera sección de islas del Delta de Paraná, denunció “un nuevo episodio de apropiación y especulación inmobiliaria, vulnerando otra vez nuestros derechos y modos de vida.”

El colectivo isleño recordó que “Durante el año 2008, en las tranquilas islas sobre el arroyo Anguilas y aledaños, las dragas de Colony Park comenzaron a remover tierra, a deglutir árboles y a desfigurar el curso de los arroyos, mientras intentaban desplazar violentamente a las familias isleñas que históricamente habitan y trabajan en la zona.

La resistencia isleña, para defender el territorio, tuvo su epicentro en la Cooperativa Isla Esperanza y logró la adhesión de múltiples organizaciones sociales y ambientales, no sólo locales, sino también regionales.

En diciembre de 2010, gracias a la presión de nuestra lucha, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso la clausura preventiva de la urbanización cerrada Colony Park. Pero ya era tarde: las intervenciones provocaron un impacto ambiental irreversible y un impacto social que todavía no fue reparado. Sobre la comunidad isleña del arroyo Anguilas y La Paloma todavía pesa el juicio contra Colony Park: no hay aún sentencia definitiva.”

Asimismo sostienen que “A esta incertidumbre se suma una nueva modalidad de colonización inmobiliaria en el frágil frente de avance de islas: compradores de parcelas individuales construyen muelles y casas sobre islas en formación, incluso han iniciado obras sobre arroyo Anguilas y San Antonio desde finales de 2019. Es una nueva modalidad, pero que, al igual que Colony Park, también privatiza el humedal y mercantiliza las islas en formación. Un modelo de ocupación territorial excluyente y foráneo que se instaló en las islas del frente de avance de la primera sección del Delta: ya sea a través de la construcción de una ciudad acuática, ya sea a través de loteos con pequeñas parcelas individuales, ya sea a través de supuestas áreas o “reservas ambientales privadas” (caso del barrio cerrado Santa Mónica en rio San Antonio y de supuestos “ambientalistas” que avanzan sobre arroyo Anguilas).

El avance inmobiliario expande la privatización del agua y de las tierras, desconociendo y desplazando el modo de vida isleño, así como la fauna y la flora, y causando a su vez grandes estragos sociales y naturales también en las áreas continentales ribereñas. Desde la construcción del barrio Santa Mónica, que desalojó familias isleñas silenciosamente, hasta la fecha, en el frente de avance isleño se ha vuelto cosa de todos días la tala de vegetación, la construcción de lagunas, el relleno y la nivelación del terreno, el movimiento de vehículos y la operación de maquinarias y equipos, la canalización y ensanchamiento de los arroyos, etc.

Este es un modelo depredador que, en su afán por la rentabilidad, destruye el humedal desplazando (directa e indirectamente) a las poblaciones locales y empeorando las condiciones de vida de las familias. Este modelo atenta contra el modo de vida isleño que mantiene una relación de armonía y complementariedad con el humedal.

Además existe un marco legal que reconoce y debería garantizar los derechos al ambiente de las poblaciones locales y de la población en general. Existen leyes nacionales y provinciales que así lo establecen. La ley 25.675 promueve el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria y el mantenimiento del equilibrio y la dinámica de los sistemas ecológicos, asegura la conservación de la diversidad biológica, previene los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo. A su vez existen marcos municipales en Tigre que sancionó las ordenanzas 3343/13 (Plan de Manejo Integral del Delta) y 3693/19 (Prohibición de Urbanizaciones Privadas en el Delta). Son de alcance limitado: las fajas de clausura colocadas por los inspectores ambientales municipales no impiden la continuidad de las construcciones ni frenan las canalizaciones ilegales.

También existe jurisprudencia creciente que declara la imposibilidad de privatización y venta de tierras de las islas del Delta dado su carácter de bienes del dominio público (ver fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la isla “Lechiguanas” del año 2017, y la disposición del poder ejecutivo de Entre Ríos sobre la isla “La Misteriosa” del año 2019).

Por todo ello, exigimos que las nuevas autoridades provinciales actúen conjuntamente con las municipales y con los pobladores isleños. Es necesario detener una modalidad de ocupación que, basada en la supuesta compra legal de tierras y en supuestas buenas intenciones ambientalistas, sigue atentando contra una forma social y económica de poblar el Delta que ha generado y puede seguir generando una producción sustentable y respetuosa del humedal, con notable rédito económico para todos los actores involucrados, valores indispensables en un mundo en crisis ecológica y en una provincia en crisis económica y financiera”, finaliza, con la rúbrica de la Cooperativa Isla Esperanza.

  (InfoBAN) 

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