Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski, Maximiliano Rusconi, Juan Manuel Ubeira y Alicia Castro esgrimieron una serie de delitos posibles de considerarse como causales para un juicio político contra el Presidente. 

La palabra. La memoria. Otra historia es posible. Una narración popular. Una pregunta y una certeza. ¿Corresponde el juicio político a Javier Milei? La convocatoria de la agrupación Soberanxs, bajo la coordinación de Alicia Castro, empezó a tejer una suerte de grito colectivo, con argumentos que no admiten interlocutores distraídos. “La legitimidad de origen del Presidente duró apenas 24 horas, hasta la jura”, afirmó el ex juez de la Cámara Federal de la Plata, Carlos Rozanski. El lugar de encuentro fue el Centro Cultural Padre Mujica.

“Todo el derrumbe económico y social no es más ni menos que la destrucción de la calidad de vida de millones de personas empujadas al hambre y la exclusión. Por su intensidad y por la manera en que afecta a la población, ese derrumbe podría calificarse de genocidio”, profundizó el constitucionalista Eduardo Barcesat. A su lado lo escuchaban Juan Manuel Ubeira y Maximiliano Rusconi.

La teoría del “hambre como genocidio silencioso” fue esbozada en 1992 por el noruego Asbjørn Eide, autor intelectual del Pacto económico, social y cultural de la ONU.

Dentro de las posibles causales para sostener un Juicio Político se mencionaron las permanentes referencias pedófilas de Milei como mecanismo de ataque a sus opositores, la violencia que ejerce cada vez que habla, sus permanentes actos de discriminación y la apología del delito al negar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Todas las líneas argumentales confluyeron en una interpelación directa. “El Congreso debe hacerse cargo de la gravedad de los hechos que están aconteciendo”, sintetizó Ubeira.

Causales

El constitucionalista Barcesat participó en la redacción de ley de Protección del Dominio Nacional que le puso límites a la entrega de tierras a extranjeros, sancionada en 2012. Su derogación, por ahora frenada por un fallo de la Cámara Federal de La Plata, fue incluida en el DNU 70. “La arquitectura jurídica de ese decreto y la ley de bases conlleva entregarle al FMI y los Fondos Buitres todos nuestros recursos naturales”, explicó. Ceder soberanía, es un delito.  

La llamada Ley de Tierras no es un tema menor. Sin ningún tipo de restricciones, podrían entregarse tierras a sociedades extranjeras con acceso al agua, el litio, zonas de seguridad de frontera. La Embajada norteamericana ya expresó sus ambiciones, ratificadas con la presencia de la generala de cuatro estrellas Laura Richardson, del Comando Sur.

“Hay que voltear el DNU y declararlo de nulidad absoluta e insanable lesividad”, agregó Barcesat.

A su turno, Rozanski ofreció otras aristas de la permanente violencia ejercida por Milei en representación del Estado. “Milei publicó una imagen con el rostro de cuatro periodistas adultos en ropa interior junto a otra imagen de un niño pero con la cara del gobernador de Chubut”, recordó el ex magistrado. El cuadro se completó con los periodistas de La Nación + vociferando “se están cogiendo al gobernador”.

Eso fue un acto de violencia ejercida desde el Estado, reflexionó el ex magistrado. Para profundizar sobre esta línea, recordó una definición brindada por Milei cuando dijo que el Estado era “un pedófilo con nenes encadenados y con vaselina en un jardín de infantes”.

 “Esa frase tiene una connotación profunda. Hay que tener una mente podrida para imaginar al Estado de esa manera, Estado que integra y preside además”.

La violencia detrás de las palabras de Milei incluyen la denigración hacia opositores u otros dirigentes políticos internacionales y locales. “La denigración del otro en clave guerra fría forman parte del programa de miseria planificada que lleva adelante”, resumió Castro.

 “Las causales son delitos. El abogado Daniel Sabsay sostuvo que el Parlamento, en el caso de un juicio político, actúa como la antesala del juzgamiento de un posible delito penal. El Congreso juzga causales políticas, que también son delitos”, especificó Rusconi.

“El mal desempeño como funcionario público sería la figura general, los delitos son el abandono de las personas a su suerte cuando elimina la entrega de medicamentos o corta el acceso a la alimentación; eso es impulsar al desamparo a millones de personas”, enumeró Rusconi.

La hora de los orcos. 

Plan de miseria planificada, exclusión, violencia, políticas de hambre, autoritarismo. Los argumentos fueron puestos sobre la mesa. “Todo lo que hizo este gobierno fue a una velocidad atroz. Mucho daño en tan poco tiempo. Su legitimidad de origen terminó cuando juró como presidente”, insistió Rozanski.

“Debemos ejercer la presión sobre quienes nos representan. El Congreso se tiene que hacer cargo de lo que está sucediendo”, concluyó Ubeira. Una interpelación que no admite distraídos. 

El Destape