Habrá permanencia en rutas, radios abiertas, cacerolazos y marchas de antorchas.

Los sindicatos docentes de Jujuy confirmaron la continuidad del paro por tiempo indeterminado que inició el lunes 5 y anunciaron un plan de lucha para toda la semana que incluye permanencia en las rutas, radios abiertas, cacerolazos y marchas de antorchas, para terminar el viernes con un paro provincial estatal con movilización. La recomposición salarial y el rechazo a la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales son los ejes de la protesta que ya alcanza a un amplio arco de sindicatos y organizaciones.

Los docentes de todos los niveles culminaron la semana pasada con una impresionante marcha de antorchas que iluminó las calles de San Salvador de Jujuy que se nutrió del apoyo de los estudiantes y sus familias, de sindicatos estatales y privados y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.

Bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma”, esta semana arrancó con una nueva manifestación masiva en la capital provincial, bajo el rigor del frío y el aguanieve, en el marco de un paro provincial de todos los gremios estatales. Siempre con los docentes a la cabeza, marcharon los municipales, personal de salud, los universitarios, los bancarios, los músicos, los azucareros del Ingenio Ledesma, las comunidades originarias, el Polo Obrero, el FIT, la Agrupación HIJOS Jujuy y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre muchas otras y muy diversas organizaciones.

Incluso familiares de policías se sumaron al reclamo de mejoras salariales, y los choferes de colectivos decidieron no acatar la orden que habían recibido para que no transportaran a docentes a los lugares de concentración.

Hubo además una movilización en la Casa de la Provincia de Jujuy de la Ciudad de Buenos Aires, convocada por el PO y el MST, donde denunciaron un «intento de Estado de sitio» de parte del gobernador Morales.

También este lunes, el Gobierno adelantó que volverá a convocar a los docentes a una reunión paritaria cuya fecha todavía no está confirmada. Mientras tanto, los dos principales sindicatos docentes, la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), realizaron sendas asambleas en las que se decidió rechazar la propuesta salarial del Gobierno y continuar con el paro por tiempo indeterminado.

El plan de acción incluye permanencia al costado de las rutas el martes y miércoles, ollas populares, cacerolazos, radios abiertas y una marcha de antorchas para el jueves, cerrando la semana el viernes con un paro general con movilización con los demás sindicatos que acompañan el reclamo.

Además, el Cedems va a denunciar al gobernador Gerardo Morales por incumplimiento de los deberes de funcionario público “porque no está respetando la Constitución Nacional y la Constitución Provincial que todavía está vigente”.

Lo que comenzó hace un par de semanas como un reclamo sindical docente derivó en una expresión generalizada de rechazo a la reforma constitucional que está a punto de concretarse. El sábado último, la Convención Constituyente dio por terminadas las reuniones de Comisiones y entregó los borradores a la Comisión Redactora para que elabore el texto final. Pese a que la ley otorgaba un plazo de 90 días para la discusión, diversas fuentes cercanas al gobierno aseguran que Morales quiere proclamar la nueva Carta Magna el próximo martes 20 de junio, una fecha de alto simbolismo para Jujuy por conmemorarse la muerte de Manuel Belgrano. Incluso se hizo evidente una aceleración en las tareas de refacción del Teatro Provincial Mitre, donde se llevaría adelante la gala, con invitados especiales.

El rechazo a la reforma está centrado en el capítulo dedicado a la “paz social”, tal como lo presentó el oficialismo. Allí se le da rango constitucional a los lineamientos que ya están vigentes a través del Código Contravencional, prohibiendo las manifestaciones y cercenando el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

Sorpresivamente, el mismo viernes en que las imágenes de las antorchas comenzaban a viralizarse, el gobernador Gerardo Morales firmó el decreto 8464, que endurece multas y sanciones contra quienes participen de protestas sociales. Cabe preguntarse si no se trata de una maniobra alternativa, en caso de que el conflicto obligue a morigerar el capítulo represivo del proyecto constitucional. 

El decreto de Morales

La firma del decreto 8464 el viernes pasado fue interpretada como una reacción/provocación ante  la multitudinaria marcha de antorchas y su rápida difusión a través de las redes sociales y en medios de todo el país.

La norma, en rigor, modifica el Código Contravencional que está vigente desde enero de 2016 y que fue un instrumento clave en las políticas represivas de la gestión radical, a través de multas aplicadas a las organizaciones que manifiestan cortando calles o rutas y procesos semijudiciales a sus referentes.

En el texto se establecen los valores (“unidades de multa”, equivalentes a un litro de nafta, que hoy cuesta alrededor de 250 pesos) para “quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

También ordena que la policía debe “intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, y en caso de que los manifestantes no obedezcan, advierte el decreto, se podrá “dar intervención directa a la justicia penal”.

Finalmente, el decreto considera un agravante el hecho de que “el contraventor fuere un funcionario nacional, provincial o municipal”, y en ese caso se suma la inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta dos años. Y si se trata de un empleado público, una contravención reiterada será “causa suficiente de cesantía”.

Con el Código Contravencional vigente y este decreto de actualización, Morales tiene margen para modificar el texto propuesto para la nueva Constitución de Jujuy, en caso de que el conflicto social y los rechazos generalizados lo lleven a tomar una decisión de ese calibre.

En definitiva, fue con este Código con el que se encarceló a Milagro Sala el 16 de enero de 2016 y se la juzgó en diciembre de ese año a tres años y tres meses de proscripción por la “ocupación del espacio público y alteración del orden” durante el acampe y protesta realizado por la Red de Organizaciones Sociales durante 51 días en la plaza Belgrano de la capital jujeña entre diciembre y febrero de 2016.

Ese “juicio” fue declarado nulo en junio de 2017 por la justicia ordinaria. Pero la avanzada contra Milagro, la Tupac Amaru y las organizaciones sociales que podían obstaculizar el proyecto de Morales, ya estaba en marcha.

Adhesiones al paro en Jujuy

En los últimos días, sobre todo luego de la difusión de la marcha de antorchas del viernes, se conocieron numerosas adhesiones a la lucha de los docentes y trabajadores estatales de Jujuy.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel difundió una Carta Abierta en la que afirma que “una reforma constitucional representa una responsabilidad y compromiso con todos los sectores de ese pueblo, por eso existe un tiempo prudencial para debatir, discutir y finalmente consensuar los artículos que se quieren reformar”, y advierte que “cuando ese debate tiene lugar en un tiempo récord, resulta al menos peligroso para el bien común y sospechoso a los fines políticos”.

“No se puede, cuando se habla de democracia, violar leyes que amparan derechos y hacerlo de espaldas al pueblo”, afirma.

En esta línea, rechaza la intención de prohibir la protesta a través de sanciones y persecuciones judiciales, lo que califica de “indignante”.

“En caso de que se apruebe velozmente esta reforma constitucional en Jujuy, no sólo se estarían violando derechos que los pueblos han conseguido con esfuerzo y lucha, sino lo que es peor, constituiría un pésimo precedente para el presente y futuro del sistema democrático”, asevera, y le dice a Morales que “todavía está a tiempo para rectificar su conducta y pasar a la historia como un dirigente que volvió sobre sus pasos al escuchar a su pueblo”.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Jujuy manifestó su apoyo a la lucha docente y el repudio “al autoritarismo del gobierno de Morales en Jujuy”, advirtiendo que la reforma constitucional que impulsa el oficialismo “busca asegurar la suma del poder público al Ejecutivo”.

En el documento, la APDH enumera una serie de violaciones de derechos consagrados en la Constitución Nacional. Entre otros, menciona que “se cercena el derecho de las personas a circular libremente por las rutas provinciales a partir de órdenes emanadas del Ejecutivo a las fuerzas policiales”, a partir de numerosos casos de docentes a los que se les impidió continuar su viaje hacia la capital provincial en el transporte público, deteniendo a los colectivos y obligándolos a descender. “Asimismo, es pública la orden de prohibir al personal policial compartir en sus redes sociales apoyos a la lucha docente a riesgo de ser sumariados”, revela.

“Desde los comienzos del gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy venimos denunciando la persecución a organizaciones sociales, que tiene como mayor ejemplo la prisión a Milagro Sala, líder de la organización social Tupac Amaru, en enero de 2016”, repasa la APDH, y recuerda que “existen innumerables ejemplos de militantes perseguidos con multas y encarcelamiento”.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) difundió un comunicado en el que exige aumento salarial para la docencia de Jujuy y rechaza “enérgicamente” el decreto 8464, del que aseguran “atenta de manera directa contra la Constitución Nacional”.

“Es una muestra más de que el Gobierno provincial de Jujuy lleva adelante una política autoritaria, antidemocrática y que viola el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores”, afirman, y exhortan al Gobierno provincial “a que cese con esta política sistemática y antidemocrática contra las organizaciones gremiales y el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores”.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA-A), que conduce Hugo «Cachorro» Godoy, denunció este lunes al gobernador Morales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la “violación de convenios internacionales”, tras la firma del decreto 8464.

En la misma línea, la Asociación Bancaria, que conduce el diputado nacional (FdT) Sergio Palazzo, repudió el decreto que, afirma, pretende imponer “un cuasi estado de sitio”.

“La medida, que se ampara en garantizar el libre tránsito y circulación, procura en el fondo callar todas las voces de trabajadores y pueblo en general que no vayan en línea o simplemente no sean del gusto del gobernador y ‘sus políticas’”, plantearon.

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