La mayoría de la gente está pensando más en cómo llegar a fin de mes que en irse de vacaciones.
El aumento en la mora financiera de las familias es un reflejo de ello. El Gobierno no quiere hacerse cargo, pero es responsable. No es tan sólo “un acuerdo entre privados”. El sector público estimuló el endeudamiento y luego no fue capaz de generar las condiciones para su repago. Veamos por qué.
Uno de cada cuatro argentinos con crédito está atrasado en sus pagos, y uno de cada seis pesos prestados a las familias no vuelve. En junio, la morosidad de las familias con los bancos llegó al 12,7% y con el sector no bancario (principalmente billeteras virtuales) superó el 30%. La respuesta oficial fue tan austera como el ajuste: “Es un problema entre privados”.
Suena razonable hasta que lo pensás dos segundos. Es cierto que el sector público no estaba allí cuando alguien tomó un crédito en tan solo un clic porque no llegaba a fin de mes. Pero esa ausencia es un problema y, lejos de eximir de responsabilidad, hace todo lo contrario. Más aún si consideramos que, quienes hicieron ese clic no fueron algunas personas aisladas, sino varios millones. No hay manera de que tantas personas se coordinen para hacer lo mismo y que a tantas les salga mal. Lo que hubo entonces fueron incentivos incorrectos. ¿Quién generó esos incentivos? El mismo que ahora dice que no le corresponde hacer nada: el Gobierno.
A un solo clic
Volvamos a diciembre de 2023. La fuerte devaluación inicial echó más leña a la inflación. Para apagar el fogonazo, se ancló no sólo el dólar, sino también el poder adquisitivo de los salarios. Superado el shock inicial, con ingresos que no alcanzaban, cada vez más familias empezaron a estirar el mes con la tarjeta.
| Durante la segunda mitad de 2024 la actividad se recuperó de la mano, justamente, del crédito. En 2025, el relajamiento del cepo y la decisión del Gobierno de no acumular reservas provocó una fuerte volatilidad cambiaria, que impulsó las tasas de interés al alza para hacer las inversiones financieras en pesos más atractivas. Como no fue suficiente, se acudió a los rescates del FMI y el Tesoro de Estados Unidos. En ese contexto, la decisión del presidente Javier Milei de eliminar las LEFIs, el instrumento a través del cual el BCRA controlaba las tasas, terminó aumentando aún más el costo del financiamiento y su renovación. |
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| A esto se le sumó la novedad de las nuevas tecnologías. Las billeteras virtuales no son bancos: no tienen licencia para captar depósitos y prestarlos como intermediación financiera. ¿Qué prestan entonces? Su propio capital y fondos que consiguen para ese fin. Como no intermedian, no les valen buena parte de las regulaciones que sí enfrenta un banco tradicional.Así, se pudo pedir un crédito con tan solo un clic en el celular y sin la información precisa del costo financiero total (CFT), es decir, no sólo de la tasa de interés que se paga, sino también otros costos asociados como impuestos y comisiones (que, como te contábamos, pueden ser altísimos). El mismo ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que una tasa del 400 o 700% anual es abusiva, pero “no hay nada que les impida hacerlo”. ¿En serio no hay que controlar cuando una financiera hace una oferta abusiva a una familia, en muchos casos, sin formación financiera? La ratonera Anker Hasta acá podría ser la historia de un Gobierno que, sin querer, tomó malas decisiones. Pero hay un detalle no menor: el propio Gobierno impulsó e incluso festejó el aumento del endeudamiento privado.¿Recuerdan el punto Anker? Este punto, denominado así por la consultora que tenían Caputo y Santiago Bausili, actual presidente del BCRA, antes de ser funcionarios. Se refiere al momento en el que los bancos dejaron de renovar la totalidad de la deuda que tenían del sector público y prefirieron quedarse con un porcentaje líquido. ¿Para qué? Para prestarle al sector privado. La misma eliminación de las LEFI jugó en la misma dirección: liberó unos $10 billones de liquidez que los bancos salieron a colocar. ¿En dónde? En el sector privado, en un momento en el que la mora ya mostraba las primeras señales de aumento. Una aclaración: todos queremos un sector financiero más grande. Pero no parece ser el mejor camino impulsarlo en un contexto de salarios pisados, inflación que se resiste a terminar de bajar, familias con dificultades para llegar a fin de mes y regulación laxa de las Fintech. La gente hizo exactamente lo que el combo de incentivos (y la necesidad) la empujaba a hacer. Ahora el mismo BCRA reconoce que el pago de la deuda les come casi la cuarta parte de su ingreso, antes de comprar el primer paquete de fideos. Doble (riesgo) moral El Gobierno generó las condiciones y ahora se lava las manos: es un acuerdo entre privados, argumentan. Hay otros acuerdos entre privados, sin embargo, en los que el Gobierno sí intervino: cada vez que se firmó una paritaria por encima de la pauta oficial, no la homologó. La doble vara también aparece con otro argumento esgrimido por Caputo y compañía: el “riesgo moral”. En economía decimos que este riesgo es el generado, por ejemplo, por un banco central al salvar un banco comercial en problemas. Al salvarlo, se generan incentivos a que los bancos incurran en riesgos elevados: si sale bien, ganan mucha plata; si sale mal, suponen que van a ser salvados.¿Cómo se traslada este riesgo de que un banco tome decisiones demasiado arriesgadas a las personas que se endeudaron para comer y pagar las cuentas? Según el Gobierno, si el sector público interviene para generar mejores condiciones de pago, entonces estas familias van a tener incentivos para volver a sobreendeudarse. Esa mirada pone sobre las familias un cinismo racional propio del especulador financiero y ajeno al común de la gente: a nadie que vive de un sueldo, que paga un alquiler, que tiene una tarjeta de crédito para cubrir algunos gastos le gusta estar endeudado, todo lo contrario. Ahora bien, ¿el Gobierno no piensa en riesgo moral cuando plantea un blanqueo? Si a un gran contribuyente le perdonan la deuda impositiva y encima le dicen que es “un héroe”, ¿qué incentivos tiene a pagar en el futuro? ¿Por qué no esperar al próximo blanqueo?Por último, argumentan que no corresponde intervenir porque no hay riesgo sistémico, es decir, el peligro de que la caída de un banco grande arrastre a todo el sistema cuando los ahorristas salen a retirar en masa. Ante ese escenario, el sector público sí sale a respaldar al banco en problemas. ¿Y eso no genera incentivos a que ese banco vuelva a incurrir en riesgo excesivo? ¿No era esa la definición de riesgo moral? Dicho de otro modo: a un banco sí lo podrán salvar, pero ¿no se hace nada para aliviar a millones de familias?De hecho, el mismo Caputo reconoció que le dijo a más de un banco: “Si estás prestando a una tasa del 8% mensual y los sueldos crecen al 2,5%, va a estar bravo…”. ¿No se le ocurrió advertirle lo mismo a las familias? Un cobrador muy inteligente Ok, entonces el sector público no interviene cuando millones de personas están a un solo clic de distancia de tomar un crédito a tasas usureras mal informadas. ¿Tampoco interviene si esas millones de personas son hostigadas por su acreedor?Resulta que las mismas billeteras virtuales reconocen tercerizar el cobro de créditos en mora en agencias externas, las cuales manejan bases de datos de 30 millones de personas y “las mejores vías de contacto” de cada persona. Así, los llamados para exigir el pago no son únicamente a la persona que hizo el clic, sino también a familiares, parejas, amigos, empleadores, etc. En este punto hay que ser muy contundentes: eso es ilegal. La normativa de Defensa del Consumidor considera abusivo reclamar una deuda amenazando con contactar a terceros. Cobranza con tecnología de Silicon Valley apuntada a familias que no llegan a pagar la tarjeta. Asunto entre privados. Salir de la ratonera ¿Qué se podría hacer desde el sector público para resolver este problema, que no sólo daña la calidad de vida de la gente, al punto de que ya existen suicidios asociados, sino que también puede afectar la estabilidad económica? Mucho, y que no te confundan: no tiene costo fiscal. En primer lugar, regular. Es falso que no se tenga que regular a las billeteras virtuales porque no pueden prestar los depósitos de sus clientes. La regulación no es solo para proteger a los depositantes, sino también a quien toma un crédito. No se puede permitir colocar créditos a tasas usureras a solo un clic de distancia. En segundo lugar, dar información. Si no se quiere regular por una cuestión dogmática, entonces al menos se puede advertir a la población de la situación y dar información, por ejemplo, de las tasas que cobran diferentes bancos y financieras. Así, las personas pueden conocer las opciones más baratas que mejor se ajusten a su situación.En materia regulatoria, también se puede relajar la clasificación de deudores. El BCRA clasifica a los deudores entre 6 categorías según el tiempo que vienen incumpliendo los pagos. A partir de esta clasificación los bancos tienen que previsionar pérdidas contingentes por incobrabilidad (es decir, inmovilizar capital por si acaso). En pandemia, por ejemplo, el BCRA sumó 60 días al plazo de mora admitido para las categorías 1, 2 y 3. Eso no sólo demoraría empujar al “veraz” a familias afectadas, sino también reduciría la provisión de los bancos, liberando recursos y permitiendo que el spread bancario no sea tan elevado. Claro está que, para no dejar un sistema financiero más riesgoso, esta medida tiene que ser temporal, tal como se hizo en la pandemia. Finalmente, desde el sector público se pueden impulsar a refinanciar las deudas. Lo está haciendo, por ejemplo, el Banco Provincia con el programa “Ponete al día”, un plan que ya permitió refinanciar las deudas en mora de más de 100.000 clientes con tasas de entre 31% y 39% anual, y plazos de hasta seis años. También lo viene impulsando el Gobierno de la Ciudad, con incentivos fiscales a los bancos que adhieran al plan de desendeudamiento, que consiste en refinanciar las deudas a un plazo mínimo de 24 meses y una tasa fija máxima del 35%. Si el Gobierno de la CABA y un banco público provincial pueden, el Gobierno nacional y el Banco Nación podrían hacerlo con alcance nacional. Doble o nada ¿Qué decide hacer el Gobierno en este contexto? Nada. En su lugar, flexibiliza las condiciones para que los bancos hagan préstamos en dólares.Uno de los motivos de la crisis luego de la salida de la convertibilidad fue que quienes tenían deudas en dólares e ingresos en pesos no pudieron seguir pagando luego de la devaluación. Ahí sí el Estado se metió: con la pesificación asimétrica, las deudas en dólares se pesificaron 1 a 1. Desde entonces la regulación limitó los préstamos en dólares a empresas con ingresos en esa moneda y a sus proveedores. Hace poco se flexibilizó y se sumaron las que contaran con garantía de una empresa exportadora.La semana pasada, en medio de la crisis por la morosidad, el Gobierno anunció un nuevo relajamiento de la norma a partir del cual se permitía a los bancos prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares a empresas que no tuvieran ingresos en esa moneda, no fueran proveedoras de empresas con ingresos en dólares ni tuvieran garantías de empresas con ingresos en dólares.El límite del 15% parece ser un primer paso para una liberación mayor posterior, pero también una medida para cuidar a los bancos de una exposición excesiva. Nuevamente la doble vara: se protege al banco que presta en dólares, pero no a la empresa que se maneja totalmente en pesos.En este contexto de mora, en el que es evidente que el Gobierno no logra gestionar el sistema financiero en moneda local, abrir la puerta de los préstamos en dólares no parece la mejor decisión. Puede ser “divertido” al principio endeudarse en dólares a una tasa más baja. Pero si el tipo de cambio no aguanta, se termina la fiesta. Imaginen el problema actual, potenciado por familias endeudadas en una moneda en la que no ganan y que nuestro banco central no emite. Sería la crónica de una mora aún más anunciada. |
Guido Zack | Cenital
