El Gobierno definió la suba de tarifas para el año que viene. Las boletas de luz y gas tendrían un incremento desde enero o febrero. Qué implica en la negociación con el FMI.

 El aumento de las tarifas de luz y gas en 2022 será de entre un 17% y 20% a nivel nacional y se aplicará por única vez en el año a partir de enero o de febrero. Así se lo contaron fuentes de la Secretaría de Energía a El Cronista.

Esos porcentajes son los números finales que llegarán a las boletas de los hogares a partir de marzo o abril, una vez registrados y facturados los consumos.

Las boletas están integradas por cuatro componentes: el costo mayorista (de la generación de electricidad o la producción de gas, segmento desregulado); el transporte y la distribución, regulados por los entes; y los impuestos.

Según dicen fuentes oficiales, los incrementos incluirán la segmentación de las tarifas para bajar los subsidios, un elemento central de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esa tarea se concentraron durante todo el año los entes reguladores de la electricidad (ENRE) y del gas (ENARGAS), los técnicos del Ministerio de Economía y de otras áreas de la administración del Estado.

Los entes reguladores lanzaron campañas de reempadronamiento de titulares de los servicios, para contar con más datos y evitar errores a la hora de segmentar las tarifas el año que viene

De esta forma, la suba de tarifas de los servicios públicos de la energía quedará el año que viene, otra vez, por debajo de la inflación prevista (33% en el Presupuesto, 40% según esperan del Gobierno y más del 50% anual de acuerdo al Relevamiento de Expectativas del Mercado -REM-, una encuesta que elabora el Banco Central entre economistas, consultoras y bancos).

En el Gobierno aseguran que esto se corresponde con acompañar la «consolidación de la reactivación de la actividad económica y una mejora en los ingresos disponibles de la población». Además, afirman que hay consenso sobre estos números al interior del Frente de Todos.

El Presupuesto 2022, rechazado por el Congreso, estimaba una baja de los subsidios energéticos hasta el equivalente a un 1,5% sobre el Producto Bruto Interno (PBI).

Los economistas y consultores especializados entienden que eso implicará un fuerte aumento de tarifas, que supere largamente la inflación.

No obstante, en los despachos oficiales están convencidos de que con su plan podrán mejorar las cuentas fiscales y sostener la cadena de pagos del sector, todo a la vez.

Antecedentes

Después de dos años de congelamiento de las tarifas, en 2021 las alzas en las boletas para los usuarios residenciales fueron de 6% a nivel nacional para el gas y de 9% en la luz, exclusivamente para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

En un año de elecciones y a la salida de la peor etapa de la pandemia, el Gobierno prefirió apalancar la recuperación de la economía, al costo de hacer saltar los subsidios en pesos hasta el equivalente a casi 10.000 millones de dólares.

En gas, con la ampliación de las zonas frías, casi la mitad del país tuvo bajas nominales de las tarifas en torno a un 25%, lo que significa una reducción real (tomando en cuenta el efecto de la inflación) del 50%.

En tanto, en el Interior -a diferencia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- las facturas de la energía eléctrica treparon más de un 30%, ya que la regulación no es nacional sino propia de cada gobernador.

Entre 2019 (cuando el ex presidente Mauricio Macri aplicó el último aumento de tarifas y después las congeló, en la previa de las elecciones) y el año próximo, la inflación acumulada será mayor al 200%.

Ante una inflación de 200% en tres años, el Gobierno suspendió la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de Mauricio Macri para mejorar los ingresos de la población; las empresas, en cambio, tuvieron una recomposición de sus márgenes de entre 20% y 25% en este lapso

En este período, las empresas distribuidoras contaron con una mejora de sus ingresos de entre 20% y 25%, mientras que las transportistas mantuvieron congelados sus márgenes.

Al mismo tiempo, el valor mayorista de producir la electricidad se disparó por la devaluación del peso, pero no hubo traslado a las tarifas domiciliarias, por lo que el Tesoro nacional cubrió las diferencias.

En cambio, el Gobierno quitó los subsidios a los grandes usuarios de la industria y el comercio.

También reconoció mayores ingresos a las generadoras eléctricas, para ejecutar inversiones en el mantenimiento de sus plantas.

Por otro lado, continúan las negociaciones con las distribuidoras para saldar deudas mediante el Artículo 87 del Presupuesto 2021, con un canje por inversiones.

El 19 de enero, el Enargas realizará una audiencia pública para validar ante la ciudadanía las adecuaciones de las tarifas. Se espera que el ENRE lance pronto la convocatoria.

El Cronista