La iniciativa propone que los recursos recaudados tengan asignación específica federal para los sectores más castigados por el ajuste mileísta: salud, discapacidad, educación, jubilaciones, pensiones, medicamentos y atención de PAMI.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, presentó junto a varios compañeros de bancada un proyecto de ley que apunta a crear una herramienta de recaudación de recursos económicos destinada directamente a provincias y municipios, ahora ahogados por el ajuste del gobierno de Javier Milei, con asignaciones específicas para salud, Hospital de Pediatría Garrahan, discapacidad, educación, jubilaciones, pensiones, medicamentos y atención de PAMI. La iniciativa propone la creación de un Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC) que gravará con un 3 por ciento a “todas las operaciones que impliquen, de manera directa o indirecta, la salida al exterior de divisas, valores negociables o activos virtuales”.
El ITIC “no penaliza la inversión ni el comercio legítimo, sino que corrige asimetrías estructurales y resta rentabilidad al arbitraje financiero improductivo. En un escenario de creciente volatilidad global y digitalización financiera, el ITIC procura internalizar el costo social de la expatriación de recursos, asegurando que quienes canalizan su patrimonio fuera del país contribuyan solidariamente al sostenimiento del sistema económico que les permitió generarlo”, dice en sus fundamentos la iniciativa que también rubrican los diputados Carlos Castagneto, María Teresa García, Itai Hagman, Mario Manrique, Sergio Palazzo y Julia Strada.
Allí también explican que el ajuste impuesto por el gobierno libertario entre 2023 y 2025 tuvo un alto impacto federal, donde las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios “se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas —que comprenden buena parte de los recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial— cayeron un 72,8%“. Caídas que continuaron este año y que se profundizan en el proyecto de Presupuesto para 2027 que el Ejecutivo envió al Congreso.
Por lo cual, el proyecto de UxP propone crear “una herramienta concreta de reparación social y justicia distributiva que contempla una asignación específica de lo recaudado con una perspectiva federal y priorizando a los sectores más afectados por el ajuste”. Por lo que lo recaudado a través del ITIC se destinará en un 60% para las provincias y municipios (con asignación específica para obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, de vivienda y vial, y recomposición salarial en salud y educación); un 10% a salud y discapacidad; un 10% a educación; 10% a jubilaciones y pensiones; y 10% a medicamentos y atención médica de PAMI.
La iniciativa toma la experiencia brasileña del “Imposto sobre Operações Financeiras”, y los sujetos alcanzados por el proyecto abarcan a personas humanas, jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y demás estructuras análogas, tanto residentes como no residentes en el país, junto con los responsables sustitutos designados para asegurar la percepción del impuesto. Y cuando el destino de los fondos girados al exterior sea de baja o nula tributación, se adiciona un 2%.
“No se trata de un impuesto al patrimonio, al consumo ni al trabajo. El ITIC grava la transferencia de capital al exterior. Por eso no alcanzan los ahorros que permanecen en el país, las compras minoristas al exterior ni las importaciones registradas”, sostienen los impulsores del proyecto. Y estiman que el potencial de recaudación mínima de la iniciativa alcanzaría los 2.89 billones de pesos, lo que equivale a diez veces lo enviado en 2025 por el gobierno central a las provincias en transferencias de capital.
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